FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
El Gobierno estudiará suavizar las condiciones de Ley de Estabilidad para Ayuntamientos saneados
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está dispuesto a estudiar una posible flexibilización de las exigencias de la Ley de Estabilidad para aquellos Ayuntamientos que tengan sus cuentas saneadas. Así lo ha anunciado el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en el marco de una comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Esta medida ha sido solicitada en más de una ocasión por la FEMP, con el fin de que los Ayuntamientos sin problemas económicos no estén obligados a dedicar sus excedentes presupuestarios a amortizar deuda.
Beteta dijo en su comparecencia estar dispuesto a estudiar la propuesta y reconoció que varios Alcaldes de su grupo político se habían dirigido al Ministerio expresando que la normativa es muy estricta en la materia “y es verdad”, reconoció.
El propio Presidente de la Federación, Juan Ignacio Zoido, se ha dirigido recientemente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pidiendo más flexibilidad a los Gobiernos Locales a la hora de utilizar su superávit presupuestario para permitir que los remanentes de tesorería puedan destinarse a otras finalidades igualmente prioritarias.
La FEMP considera que esta regulación podría materializarse en un futuro reglamento de la Ley de Estabilidad.
Aprobada una enmienda de la FEMP a los PGE 2012
Estas declaraciones de Antonio Beteta coincidieron con la aprobación en el Senado de una enmienda transaccional a los Presupuestos Generales de 2012 por la que se retrasa hasta enero de 2014 la aplicación del requisito de contar con un plan de movilidad sostenible como condición para que los Ayuntamientos puedan acceder a las ayudas y subvenciones destinadas al transporte público urbano.
La enmienda, presentada por Entesa del Progres de Cataluña y consensuada con el Grupo Popular, corresponde al contenido de una de las propuestas de la FEMP elevadas en su día a los grupos parlamentarios.
El texto de la modificación, recogiendo la argumentación de la FEMP, señala que los Presupuestos de 2012 ya prevén una reducción del 27,88 % en las subvenciones destinadas a las Corporaciones Locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano y que, por tanto, la obligación de disponer de un Plan de Movilidad para su obtención supondría una carga económica “inasumible” en estos momentos de crisis.
Beteta dijo en su comparecencia estar dispuesto a estudiar la propuesta y reconoció que varios Alcaldes de su grupo político se habían dirigido al Ministerio expresando que la normativa es muy estricta en la materia “y es verdad”, reconoció.
El propio Presidente de la Federación, Juan Ignacio Zoido, se ha dirigido recientemente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pidiendo más flexibilidad a los Gobiernos Locales a la hora de utilizar su superávit presupuestario para permitir que los remanentes de tesorería puedan destinarse a otras finalidades igualmente prioritarias.
La FEMP considera que esta regulación podría materializarse en un futuro reglamento de la Ley de Estabilidad.
Aprobada una enmienda de la FEMP a los PGE 2012
Estas declaraciones de Antonio Beteta coincidieron con la aprobación en el Senado de una enmienda transaccional a los Presupuestos Generales de 2012 por la que se retrasa hasta enero de 2014 la aplicación del requisito de contar con un plan de movilidad sostenible como condición para que los Ayuntamientos puedan acceder a las ayudas y subvenciones destinadas al transporte público urbano.
La enmienda, presentada por Entesa del Progres de Cataluña y consensuada con el Grupo Popular, corresponde al contenido de una de las propuestas de la FEMP elevadas en su día a los grupos parlamentarios.
El texto de la modificación, recogiendo la argumentación de la FEMP, señala que los Presupuestos de 2012 ya prevén una reducción del 27,88 % en las subvenciones destinadas a las Corporaciones Locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano y que, por tanto, la obligación de disponer de un Plan de Movilidad para su obtención supondría una carga económica “inasumible” en estos momentos de crisis.
