FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La doctrina que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ha venido aplicando es, básicamente, que si los municipios quieren entrar en ese campo, han de inscribirse previamente como operadores, y llevar una contabilidad separada, que demuestre que la actividad no se está financiando con recursos procedentes de impuestos. De esta exigencia queda excluida la llamada “autoprestación”, como por ejemplo los accesos a Internet en las bibliotecas públicas. Lo que el regulador pretende con ello, es evitar que los Ayuntamientos irrumpan en un campo que es propio de los operadores de telecomunicaciones, compitiendo con ellos con la ventaja de tener cubiertos los costes. Esta posición del regulador sin duda tiene mucho sentido, pero en la práctica está dando lugar a multitud de fricciones entre las partes interesadas.

Por ello, la CMT, lanzó una Consulta Pública en Junio de 2009, con el fin de que todas las partes interesadas puedan dar su punto de vista, y sus argumentos sobre la futura regulación de este tipo de redes.

La FEMP, a través de la Comisión de la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías, presentó un documento en respuesta a la consulta, en representación de los municipios, aportando sus puntos de vista y proponiendo soluciones.

Reunión en la sede de la CMT.

La Comisión de la SI y NNTT de la FEMP, ha trabajado en lo que podría ser un planteamiento asumible por todos los municipios, y a la vez por los propios operadores de telecomunicaciones, un planteamiento sostenible en el tiempo, que pone como objetivo el bienestar de los ciudadanos, y el avance de las ciudades.

Con el fin de dar a conocer esa propuesta, y debatirla en profundidad, tuvo lugar el día 4 de marzo una reunión, a la que asistieron, entre otros, el Secretario del Consejo de la CMT, D. Ignacio Redondo Andreu, y el Vicepresidente de la Comisión, D. Eduardo Javier Contreras.

Una propuesta realista.

La solución que propone la FEMP concilia los intereses de la industria, soslayando los posibles puntos de fricción con los operadores de telecomunicaciones y compatibilizando sus legítimas demandas con el deber de las Administraciones Locales de incorporar a la Sociedad de la Información a los colectivos más desfavorecidos.

Por otra parte, hay que tener muy en cuenta el importante papel que este tipo de infraestructuras desempeñará en la generalización del uso de la administración electrónica por parte de los ciudadanos, con el beneficio que ello conlleva para la sociedad. En este punto, hemos de ser taxativos y propiciar que estas redes faciliten el acceso a la administración electrónica 24 horas al día. Es un derecho de los ciudadanos, y las Administraciones, en la medida de lo posible, han de facilitarles los medios para realizar trámites on-line.

Otro aspecto, es que las Administraciones Locales son muy sensibles a determinadas problemáticas, dada su cercanía a los ciudadanos, como es la existencia de ciertos colectivos que por razones económicas no pueden costearse una conexión a Internet. Colectivos que, por desgracia, se han ampliado últimamente con la crisis económica, como lo demuestra un importante número de bajas de conexiones de banda ancha.

También tenemos que ser conscientes de que no se pueden prestar esos servicios de la misma manera que los operadores, ya que, si así fuera, las Administraciones acabarían costeando todo el mercado. Por tanto, los servicios que se prestan a través de redes WIFI municipales gratuitas, han de ser los esenciales, como navegación y correo electrónico, imposibilitando servicios avanzados como intercambio de archivos, voz sobre IP, etc. También han de tener una limitación en cuanto a ancho de banda u horarios, que garanticen que sólo se usarán en servicios básicos.

Así, los usuarios de este tipo de redes serían precisamente aquellos colectivos que no son potenciales clientes de los operadores, sino muy al contrario, las redes municipales actuarían como captadoras de futuros clientes de banda ancha.

Derribar barreras.

Con estas premisas, obligar a las Administraciones a convertirse en operadores para dar estos servicios, se nos antoja inútil, ya que al no interferir en el mercado de las telecomunicaciones, no tiene sentido tener que justificar su financiación con recursos ajenos a los impuestos, y muy al contrario, su finalidad social es plenamente compatible con el empleo de dinero público para su sostenimiento.

Tampoco hay que olvidar otros importantes usos de estas redes, compatibles con los explicados hasta ahora, y que la técnica posibilita, segmentado los servicios de las redes WIFI. Se trata de un sinfín de servicios de utilidad interna como el control de mobiliario urbano, comunicación de dispositivos móviles, interconexión de edificios municipales, videovigilancia del tráfico, coordinación semafórica, etc., servicios que tienen una incidencia decisiva en el bienestar de los ciudadanos y en el propio desarrollo de las ciudades, que pueden así ofrecer servicios de mayor calidad y tecnificación.

La FEMP, motor del cambio.

Todos tenemos que colaborar en este desafío, y la FEMP quiere estar en primera línea. Dentro de muy poco se va a desarrollar gran número de redes inalámbricas municipales, financiadas con el último Plan E, y ésa es una oportunidad para que sean redes realmente útiles a los ciudadanos, y no una fuente de conflictos. Ése es el mensaje que la FEMP ha trasmitido a la CMT.

Y para ello, la FEMP se ha ofrecido a colaborar en la redacción de las nuevas disposiciones en esta materia, y a hacer difusión entre los municipios de las oportunidades que presentan las redes WIFI. Una tarea en la que creemos, también tienen mucho que decir los operadores de telecomunicaciones.

En esa línea, se iniciará una nueva línea de trabajo, dentro de la Comisión de la Sociedad de la Información y Nuevas tecnologías, para hacer un seguimiento de todo lo referente a redes municipales inalámbricas, y a promover su correcto uso por parte de los municipios, buscando las mejores prácticas y dándolas a conocer.

Esta propuesta conciliadora ha sido muy bien acogida por la CMT, y sin duda interesará sobremanera a los operadores, porque salvaguarda los intereses de la industria, colabora con su desarrollo, y beneficia a los ciudadanos que por una razón u otra actualmente no acceden a las Nuevas Tecnologías.