Desde su creación en el XI Pleno de la Federación, en septiembre de 2015, esta Comisión ha realizado un intenso trabajo de análisis sobre el fenómeno de la despoblación en España y, sobre todo, ha recogido la inquietud y el diagnóstico de quienes más saben de este asunto: los Alcaldes y Concejales de los municipios más pequeños o los representantes de la Diputaciones, que también conocen bien el problema.
Fruto de este análisis es el informe que detalla la evolución demográfica registrada en España entre 2015 y 2016, a partir de los últimos datos de población por municipios publicados por el INE. Es un repaso pormenorizado a la realidad que se está dando, provincia a provincia, con especial detenimiento en las áreas rurales, que son las que están sufriendo de forma más acentuada la crisis demográfica y que sitúa cada vez a más municipios españoles tras la línea roja del peligro de extinción.
Juan Antonio Sánchez, Presidente de la Comisión de Despoblación, señala que los resultados confirman una triple realidad: de un lado, la crisis demográfica de conjunto en la que está inmersa España; en segundo lugar, la cada vez más crítica situación de las provincias más azotadas, desde hace décadas, por la despoblación; y, en tercer lugar, la cada vez más preocupante situación de las áreas rurales, castigadas por el éxodo rural, por la falta de renovación generacional, por una pérdida continua de habitantes y un envejecimiento de sus censos. “Que más de 4.000 municipios españoles, más de la mitad de todos los que hay en el Estado, se encuentren actualmente en un riesgo más o menos severo de extinción a medio o largo plazo es uno de los datos que avalan la consideración de este problema como una cuestión de Estado”, afirma el también Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Así lo creen también todos los que forman parte de la Comisión de Despoblación de la FEMP, que manifiestan una triple realidad: la crisis demográfica de conjunto en la que está inmersa España; la cada vez más crítica situación de las provincias más azotadas, desde hace décadas, por la despoblación; y, por último, la cada vez más preocupante situación de las áreas rurales, castigadas por el éxodo rural, por la falta de renovación generacional, por una pérdida continua de habitantes y un envejecimiento de sus censos.
14 provincias en riesgo evidente
Hace cinco años los municipios que no superaban los mil habitantes representaban el 59,8% del total. Ahora representan el 61%. La situación es especialmente preocupante en provincias como Soria, Teruel, Zamora, Ávila o Burgos, en las que en estos momentos más del 90% de todos sus municipios no llegan a esa cifra de vecinos.
Todas ellas han empeorado esta ratio respecto al año 2011. Durante el último ejercicio certificado por el INE, han seguido esa misma senda de aumento de las localidades que quedaban bajo la peligrosa barrera de los 100 empadronados.
En la provincia de Soria el 94% de todas sus localidades no sobrepasan los mil habitantes; en la de Burgos, el 92,7%; el 92,4% en la provincia de Ávila; el 92,3% en la de Zamora y el 92% en la de Salamanca.
Poco mejor es la situación que se da en las provincias de Guadalajara y Palencia, en las que -respectivamente- el 89,2% y el 89% de todos sus municipios están por debajo de los mil empadronados. Las provincias de Zaragoza, Valladolid, Segovia, Huesca y Cuenca, así como la comunidad autónoma de La Rioja, presentan también tasas que superan el 80%.
En resumen, en todos esos territorios más de ocho de cada diez municipios subsisten con menos de mil habitantes censados, lo que amenaza seriamente su supervivencia a medio plazo, salvo que se consiga invertir su acentuado declive demográfico. En el conjunto de España hay 1.286 municipios tienen menos de 1.001 empadronados, lo que supone el 16%. La cifra va en aumento. En el año 2000 eran 928 los municipios que se encontraban en esta situación. Cada vez son más las localidades españolas que pasan a estar situadas por debajo de esa peligrosa barrera demográfica.
Sangría demográfica en zonas rurales
Entre 2015 y 2016, en solo doce meses, España ha perdido 67.374 habitantes en total. Sin embargo, la suma de población de las capitales de provincia ha aumentado en 14.000, lo que significa que la sangría demográfica se ha concentrado en los municipios situados fuera de las grandes urbes y de las grandes áreas metropolitanas o su territorio inmediato de influencia. El repaso detallado a los últimos datos del INE confirma este hecho: las mayores pérdidas de población se concentran en las áreas rurales, mayoritariamente en municipios que ya están afectados desde hace años -generalmente décadas- por acusados procesos de despoblación.
Aunque ha habido capitales de provincia que también han visto reducidos sus censos durante el último año, las mermas han sido porcentualmente muy escasas. Donde se han producido los mayores retrocesos han sido en el medio rural.
El informe de la Comisión de Despoblación destaca que hay una relación directa entre mercado laboral y despoblación. Pese a la recuperación económica y al aumento en la masa total de afiliados a la Seguridad Social en España, hay provincias en las que los incrementos netos de empleo son realmente mínimos. Entre esos casos se encuentra Teruel, quizás el caso paradigmático de correlación entre baja creación de empleo y despoblación.
Lo anterior es sintomático de lo que ocurre en los pequeños municipios, en los que la falta de oportunidades laborales conduce a una espiral de pérdida de habitantes progresiva. De ahí la importancia de arbitrar medidas de fomento del empleo en las áreas rurales, que contribuyan a frenar la despoblación y a favorecer dinámicas inversas de fijación de habitantes y captación de nuevos pobladores