FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

¿Cómo surge la creación de la fiscalía?

El nacimiento de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado tiene que ver con los diferentes casos de corrupción que acontecieron en España a finales del siglo pasado y a principios del presente, y, de manera especial, con el conocido como caso Malaya en el año 2005. 

¿Y sigue teniendo sentido su existencia? 

Cuando ya lleva más de una década funcionando, creo que su necesidad no requiere de excesivas explicaciones. Y no requiere explicaciones porque no es necesario abundar en las carencias ambientales, en el cambio climático o en la preocupante reducción de especies de flora y fauna que se está produciendo, dado que son aspectos de dominio público en el presente momento. De hecho, la actual tendencia en la materia y a nivel internacional se dirige hacia la creación de la especialidad en el seno de los Ministerios Fiscales de cualquier país, amén de asociaciones y redes de Fiscales ambientales que proliferan a nivel internacional, precisamente por las razones que antes citaba. 

¿Qué delitos aborda su fiscalía?

La competencia de la especialidad se extiende a los delitos de medio ambiente, urbanismo, ordenación del territorio, patrimonio histórico, flora, fauna, malos tratos a animales domésticos, energía nuclear, supuestos que afectan a la capa de ozono e incendios forestales.

¿Qué balance hace del trabajo que están realizando?

 Estoy extraordinariamente satisfecho. Me gustaría sentirme más satisfecho todavía, pero lo que es evidente, como dicen los clásicos, es que no hay más cera que la que arde, pero lo que es claro también es que el tema está evolucionando muy positivamente y además hay un ambiente formidable entre toda la gente de mi equipo, lo cual permite avanzar. Siempre hay problemas, pero se avanza.

¿Cuántas sentencias condenatorias se han producido?

Durante 2018 se dictaron 1.063 sentencias condenatorias: 49 por delitos contra el medio ambiente, 350 por urbanismo y contra la ordenación del territorio, 42 en patrimonio histórico, 254 en materia de flora y fauna, 144 por incendio forestal y 224 por malos tratos a animales domésticos.

La participación de las policías locales es esencial en la lucha contra este tipo de delitos. ¿Qué valoración hace de su trabajo?

Para nosotros son muy importantes las nuevas funciones que en relación con el medio ambiente están asumiendo los Consistorios y dentro de los Consistorios la policía municipal. Tenemos ya en toda España una red de policías locales con más de 300 miembros y los resultados son altamente positivos.

La fiscalía dirigió hace unos meses una comunicación a distintos Ayuntamientos de España con relación a su carencia de planes municipales en la lucha contra los incendios...

Sí, se hizo una investigación el año pasado y lo que observamos es que había una previsión de incendios en determinadas zonas del país y que hay una obligación en la normativa autonómica de tener planes de prevención, con lo cual no se dirigieron a todos los consistorios sino simplemente a los Consistorios de las zonas en las que el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura nos comunicaron que las posibilidades de incendios eran muy elevadas. Consecuentemente, lo que no tenía mucho sentido, sabiendo que la posibilidad de incendios en esas zonas oficialmente por la documentación y datos proporcionados dentro de este contexto institucional por los organismos competentes, era que no se hiciera nada sabiendo que faltaban los planes de prevención. Entonces actuamos en consecuencia, en consonancia con los acuerdos y reuniones previas, sobre todo con el Ministerio de Agricultura. Antes de mandar las comunicaciones a los Ayuntamientos se habló, discutió y analizó conjuntamente con el Ministerio de Agricultura.

De todos los delitos que investigan, ¿cuáles son los más preocupantes, los más graves?

En este momento, hay dos partes, uno es urbanismo y el otro es básicamente todo lo que tiene que ver con incendios forestales. Son los temas más problemáticos. Urbanismo porque hay más de 8.000 Ayuntamientos en España y la construcción sigue siendo un aspecto latente con puntos problemáticos, y en los incendios forestales ocurre lo mismo.

¿Cree que la sociedad está suficientemente concienciada con relación a los delitos de medios ambiente?

No, en absoluto. Eso es parte del problema.

¿Qué hay que hacer?

Pues cuando la sociedad vea el delito contra el medio ambiente como el homicidio o como el delito contra la libertad sexual o el delito contra la propiedad, cuando tenga perfectamente asumido que éstos son delitos veremos posiblemente una respuesta más positiva, primero evitando los delitos contra el medio ambiente y en segundo lugar poniendo en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de tales delitos. 

Porque el que contamina o el que quema, ¿paga?

Bueno, no es eso lo que dice la Ley de Responsabilidad Medio Ambiental de 23 de octubre de 2007. Lo que dice, aunque se habla de que el que contamina paga, es el que contamina tiene que reparar. Intentamos que sea así.

 ¿Y los Ayuntamientos deben hacer más de lo que están haciendo?

Genéricamente no se puede lanzar esa expresión porque hay de todo en la viña del Señor. Hay Ayuntamientos extraordinariamente puntillosos y cumplidores de la legalidad ambiental y hay otros que no. Hay de todo. Lo que sí estamos viendo son mejoras y cambios de actitud altamente positivos, por supuesto. Y así lo valoramos.