FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Y sin embargo, aquí estamos, de nuevo. Tras la Conferencia de Presidentes del pasado febrero, el Gobierno se comprometió a incluir la voz local en muchos de los foros creados en el marco de sus acuerdos, aún no hemos visto nada tangible. A cierre de esta edición estábamos pendientes del informe que ultimaba el Grupo de Expertos para la Reforma de la Financiación Local; pero seguíamos peleando para acabar con las restricciones a la inversión de nuestro superávit y éramos, curiosamente, los impulsores de un grupo de trabajo para el estudio del techo de gasto; un grupo de trabajo prometido y comprometido por el Ejecutivo que, finalmente, se constituía a iniciativa nuestra sólo unos días antes de finalizar el plazo para su creación.

No estamos satisfechos; no podemos estarlo. La falta de una normativa completa y razonable en materia económica, y coherente con una legislación competencial basada en principios de eficiencia, nos está obligando a chocar siempre con los mismos muros (y a veces, hasta nuevos obstáculos, como el derivado de las Sentencias sobre plusvalías). En algunos aspectos, nos vemos obligados a navegar entre la inseguridad jurídica y nuestra obligación de servicio a los ciudadanos, tomando decisiones que resultarían más sencillas si una normativa de esas características se encontrase ya en nuestro ordenamiento jurídico.

Los Gobiernos Locales somos capaces, eficaces y sabemos cómo hacer las cosas. Y más aún, somos el elemento vertebrador de una estructura territorial que a veces parece perder su norte; la garantía de servicios de proximidad para los ciudadanos de todo el país. Y hemos de tener ya, cuanto antes, el andamiaje normativo que nos permita desempeñar esta función. No podemos dispersarnos reivindicando cada mínimo avance… es el momento de las soluciones.