FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Nuestro recursos y nuestras competencias
Casi 26.000 millones. Esa es la cifra que resulta de sumar el superávit que los Gobiernos Locales hemos conseguido, año a año, ejercicio a ejercicio, y euro a euro, desde 2012; una media de más de 5.000 millones al año. Se dice pronto.
Y de nuevo, ejercicio a ejercicio, y año a año, desde 2012, seguimos reclamando lo mismo: que nos dejen invertir lo que es nuestro, en nuestro territorio y para los ciudadanos que viven en él. Y otra vez esa respuesta, ese “sí pero no”; en cinco años hemos oído que para utilizar el superávit, “lo primero es la deuda”, y hemos liquidado; después, ya sin deuda, que debíamos destinarlo a inversiones “financieramente sostenibles”, y lo hemos hecho; y ahora, este año, la ley nos dice que hemos de orientarlo a inversiones que estén contratadas en 2017… ¿Hasta dónde más podemos llegar?
Sabemos que los procedimientos de contratación son largos, que algunos requieren más de seis meses que son, como mucho, los que pueden quedar hábiles en 2017 cuando se aprueben los PGE. Y todavía hay quien se pregunta por qué seguimos reivindicando una corrección en la norma que nos limita en el uso de lo que es nuestro.
No me cansaré de repetir que los Gobiernos Locales somos eficientes, maduros, y buenos gestores; que en un marco financiero ajustado nos defendemos, invertimos, ahorramos y progresamos; y que en un marco competencial manifiestamente limitado sabemos cómo atender a los vecinos que demandan políticas sociales que las Comunidades Autónomas, titulares de estas responsabilidades, nunca terminan de prestar.
Por eso, más allá de nuestras reclamaciones puntuales, pero tan urgentes como el destino del superávit, el techo de gasto, la tasa de reposición, o incluso, las competencias y financiación locales, nuestra demanda se eleva hasta la Carta Magna, la Constitución de 1978, ese texto que entonces desarrolló el Estado Autonómico y respondió a las legítimas demandas regionalistas y nacionalistas, pero que olvidó señalar el camino para las de otro colectivo, mucho más numeroso, heterogéneo y próximo a las personas, que son los Gobiernos Locales. Somos mucho más que una unidad territorial. Somos Administración, gestores, prestadores de servicios, la primera puerta a la que llaman los vecinos. Somos, en resumen, una realidad que ahora, en pleno siglo XXI, ya no puede resumirse en tres artículos.
Sabemos que los procedimientos de contratación son largos, que algunos requieren más de seis meses que son, como mucho, los que pueden quedar hábiles en 2017 cuando se aprueben los PGE. Y todavía hay quien se pregunta por qué seguimos reivindicando una corrección en la norma que nos limita en el uso de lo que es nuestro.
No me cansaré de repetir que los Gobiernos Locales somos eficientes, maduros, y buenos gestores; que en un marco financiero ajustado nos defendemos, invertimos, ahorramos y progresamos; y que en un marco competencial manifiestamente limitado sabemos cómo atender a los vecinos que demandan políticas sociales que las Comunidades Autónomas, titulares de estas responsabilidades, nunca terminan de prestar.
Por eso, más allá de nuestras reclamaciones puntuales, pero tan urgentes como el destino del superávit, el techo de gasto, la tasa de reposición, o incluso, las competencias y financiación locales, nuestra demanda se eleva hasta la Carta Magna, la Constitución de 1978, ese texto que entonces desarrolló el Estado Autonómico y respondió a las legítimas demandas regionalistas y nacionalistas, pero que olvidó señalar el camino para las de otro colectivo, mucho más numeroso, heterogéneo y próximo a las personas, que son los Gobiernos Locales. Somos mucho más que una unidad territorial. Somos Administración, gestores, prestadores de servicios, la primera puerta a la que llaman los vecinos. Somos, en resumen, una realidad que ahora, en pleno siglo XXI, ya no puede resumirse en tres artículos.
