FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

España registra un total de 121.113 personas denunciadas como desaparecidas; en las bases de datos hay 202.529 denuncias interpuestas, fruto de una aún pendiente coordinación y las denuncias reincidentes, y, en estos momentos, hay 5.529 denuncias activas. Estas son las cifras que arroja el Informe sobre Personas Desaparecidas 2020 que edita el Centro Nacional de Desaparecidos sobre una realidad social que muchas veces, como denuncian expertos, es “invisible”. 

 

Estos datos muestran que en España desaparecen más hombres que mujeres, que más del 90% de las denuncias corresponde a desapariciones voluntarias, que el 51,35% de las denuncias activas corresponde a menores o que más de un millar de estas reclaman la búsqueda de menores migrantes no acompañados fugados de centros. Tras las cifras, los rostros, las historias de búsqueda. Como la de los hermanos Dolors e Isidre Orrit o la Rafael Muriel cuyos familiares no cesan su búsqueda. 

 

 

5 de septiembre de 1988. Es la fecha que Carmen Orrit lleva 31 años recordando. Sus hermanos, Dolors e Isidre desaparecieron en el hospital donde el hermano menor estaba ingresado. De allí desaparecieron y comenzó una lucha por encontrarlos que no cesa. Carmen habla en plural, siempre de un nosotros, “hablamos con una voz, porque sufrimos lo mismo”. “Sufrimos la incredulidad del primer minuto, la desesperación de los días que pasan y la culpa que, como la lucha, no acaba. Nos toca acostumbrarnos a seguir viviendo”. explica. 

 

Carmen asegura que lo que necesitan es que se rompa la invisibilidad tras los desaparecidos y que la investigación sea aún más rápida, que no haya que esperar días para que se investigue el teléfono móvil de la persona desaparecida. Esa invisibilidad la han sufrido los familiares de Rafael Muriel. “Mi tío es un desaparecido de segunda. No hemos tenido lo mismo que otros casos, mi tío no es mediático y eso hace que se muevan menos recursos”, asevera su sobrino, Juan Jesús Muriel. “Bueno, el tío casi que es de tercera, porque también es enfermo mental, esquizofrénico”, precisa a su hijo con amargura Juan Muriel, hermano del desaparecido. 

 

El rastro de Rafael se pierde el 1 de septiembre del 2016 cuando fue al hospital desde su pueblo, Adamuz, por tercera vez para que lo ingresaran. Juan asegura que “ni le comunicaron que acudió, ni que le habían dado el alta voluntaria, ni que llevaba días sin la medicación con la que se trataba su esquizofrenia”. Los Muriel recuerdan cómo su caso refleja el de “muchas personas con discapacidad que vieron cómo los servicios de ayuda a la dependencia desaparecían, se quedaban desamparados, sin ayuda a domicilio, ni al transporte”. 

 

 

El caso de Rafael Muriel es una muestra del modelo de que la prevención puede evitar buena parte de estas desapariciones. Así lo confirma el agente de la Policía Local, José Ángel Sánchez, quien tras más de una década investigando desapariciones en territorios de gran tamaño como El Espinar o Guadalix, Sánchez tiene claro que las fuerzas de seguridad municipales son esenciales para evitar y resolver las desapariciones. 

 

Sánchez explica que uno de los grandes retos es formar para que las autoridades sepan escuchar, atender y apoyar a las familias. “Ves auténticas caídas en picado, la gestión de la culpa es algo esencial en estos casos”, recuerda. En este sentido, llama a evitar estos casos mediante la prevención. 

 

Como jefe de policía, asegura que la clave es conocer el territorio y a quienes lo habitan. “Hay que elaborar un plan para evitar y combatir desapariciones, como existe un plan para hacer lo propio con los incendios. Debemos trabajar con menores, con mayores y personas con discapacidad, con mujeres víctimas de violencia de género. Hay que hacerlo desde la formación, ofreciendo alternativas de ocio”, asevera. 

 

Lograrlo requiere reforzar el papel y los recursos de la policía local ante estos casos. Además, Sánchez no duda en asegurar que es necesario mejorar la coordinación entre autoridades, apostar por formación y recursos comunes y promover los cambios legislativos pertinentes para fortalecer el papel de la policía municipal. 

 

 

Reclamaciones que también reflejan los centenares los familiares de personas desaparecidas que alzan la voz a diario para reclamar los “cambios necesarios” para localizar a sus seres queridos. La primera de sus demandas, como recoge la Carta de Derechos y Demandas Urgentes de familiares que facilita la organización QSD Global, es que no se olvide que “cuando alguien desaparece no desaparecen sus derechos y que los familiares tienen derecho a ser informados”. Junto a este reclamo aparecen otros como que se erradique “el mito de las 24 horas”, que la búsqueda sea inmediata y que los familiares reciban la ayuda que precisan mediante la creación de las Oficinas de Atención a las Familias.

 

En esta línea, los familiares de desaparecidos también ponen el acento en la necesidad de una mayor coordinación entre las fuerzas dedicadas a la investigación; la pertinencia de una mejor formación específica para autoridades o de una sensibilización al entorno de las personas dependientes o de los menores, grupos de especial riesgo. Además, queda pendiente, señalan, la elaboración de un Estatuto de las Personas Desaparecidas. 

 

Mientras las demandas se siguen debatiendo, ellos siguen buscando. Siguen mirando esa última foto, siguen con esos planes pendientes en la agenda, siguen sin perder la esperanza. Porque, como defiende el impulsor de QSD Global, Paco Lobatón, “la búsqueda de un familiar es un mandato del corazón que la razón no discute”.