FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Juan Ignacio Zoido, Presidente de la FEMP: Hay que dar validez al objetivo fundacional: defender los intereses de las Corporaciones Locales
La FEMP representa al municipalismo y debe velar siempre por la defensa de los intereses de los Gobiernos Locales, gobierne quien gobierne en otras instancias, para que sea percibida como una organización útil para canalizar y solucionar los problemas. El consenso y el diálogo que presidieron la última Asamblea General de la FEMP es un buen ejemplo de cómo deberían asumirse, en la próxima legislatura, los grandes asuntos de Estado, entre ellos un nuevo marco competencial y un nuevo modelo de financiación suficiente, justo, equitativo y duradero. Para el nuevo Presidente de la FEMP, el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, esto es, entre otras cosas, lo que va a marcar el nuevo mandato.
El consenso ha caracterizado la Asamblea en la que fue elegido. ¿Qué significado tiene para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de cara al mandato que le toca presidir?
El gran acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas presentes en la FEMP para elegir a sus órganos rectores refleja que estamos ante una nueva etapa, que redundará en beneficio del municipalismo español. El diálogo y el consenso que han presidido la X Asamblea es un buen ejemplo de cómo deberían asumirse, en la próxima legislatura, los grandes asuntos de Estado.
Hoy, más que nunca, hay que dar validez al objetivo fundacional de la FEMP: defender los intereses de las Corporaciones Locales, abandonando todo aquello que resulte ajeno a este compromiso. Para ello, tenemos que fomentar y potenciar la lealtad y la colaboración institucional, así como recuperar la estabilidad interna.
¿Cuál va a ser su ‘leit motiv’ al frente de la FEMP?
Lo dije en el discurso de la Asamblea y lo reitero: jamás pondré a la FEMP a los pies de ningún Gobierno. Esta Casa no puede ser el apéndice de ningún Ejecutivo. Los Alcaldes, Presidentes de Diputaciones y de Cabildos y Consejos Insulares estamos para servir a los Gobiernos Locales y a los ciudadanos, por encima de intereses partidistas.
El municipalismo tiene muchas asignaturas pendientes, como la financiación y definir su ámbito competencial. La solución a estos problemas sólo puede alcanzarse con diálogo, sensatez, prudencia, realismo y corresponsabilidad de todos los Ayuntamientos. Debemos ser austeros, eficaces y eficientes en la prestación de los servicios públicos.
¿Y los objetivos para este mandato?
Me he propuesto renovar la imagen de la FEMP para que se vea en ella a un instrumento útil para nuestros asociados; que los Alcaldes perciban que esta organización es un cauce vivo para canalizar sus problemas y que sabemos resolverlos. La FEMP representa al municipalismo y debe velar siempre por lo que considera justo, gobierne quien gobierne en otras instancias, ya sean del Estado o de las Comunidades Autónomas. Y lo justo es que a los Gobiernos Locales se les reconozca el papel institucional que representan y que se les escuche y atienda cuando actúan ante otras Administraciones.
Y aquí entramos en la otra parte de los objetivos en los que debemos centrarnos desde ahora mismo. Me refiero al nuevo marco jurídico de los municipios, la Ley de Gobierno Local, y al nuevo sistema de financiación. Ya es hora, después de más de 30 años, de que revisemos qué competencias han de ejercer los Ayuntamientos, y de que tengamos una financiación local justa.
Es cierto que la circunstancias económicas han alterado todo el escenario desde hace dos o tres años, pero ya no podemos esperar más, porque los problemas estructurales de las Corporaciones Locales vienen de antes de que comenzara la crisis y ésta, precisamente, los ha agravado. No hay que olvidar que el porcentaje de participación de las Entidades Locales en el Gasto Público apenas ha pasado del 11% en 1979, a un 13,4% hoy. Es un aumento ínfimo, sobre todo si tenemos en cuenta la contribución municipal al crecimiento y mejora de nuestro país en todos esos años.
Los Alcaldes y los Gobiernos Municipales necesitamos saber los límites competenciales que tenemos y tener garantizada la financiación. Por eso, yo he propuesto una reorganización de las Administraciones, que resuelva las duplicidades de servicios y que otorgue a cada una las competencias según su mejor capacitación para ejercerlas.
Este es otro de los retos de mi mandato: llegar entre todos a la solución al grave problema generado por la prestación de los servicios impropios. Y para eso, tenemos que trabajar y aunar esfuerzos para articular una nueva Ley Básica del Gobierno y Administración Local, que se tramite conjuntamente con el nuevo modelo de financiación local.
¿Qué aspectos básicos debe contener el nuevo régimen jurídico e institucional de los Gobiernos Locales?
Principalmente, que clarifique las competencias municipales. Yo creo que esto debería ser relativamente fácil, basta con que nos fijemos en lo que es más rentable y eficaz para el ciudadano. Esa es la clave.
Por otro lado, la nueva Ley, debe reconocer el papel institucional de los Gobiernos Locales y su capacidad para discutir, de tú a tú con otros poderes, sobre asuntos que nos atañen a todos.
También hay otras cuestiones importantes, como la definición de la figura del Acalde, el control de los órganos de gobierno, la transparencia de la gestión municipal o la articulación, dentro de la Ley de instrumentos de participación ciudadana. Son muchos los puntos a estudiar y estoy seguro que el Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre tendrá en cuenta a la FEMP a la hora de concretarlos.
¿Hay que suprimir competencias a los Gobiernos Locales?
No, rotundamente no. En estos más de treinta años de funcionamiento democrático de los Gobiernos Locales se ha demostrado que, no sólo ejecutan con eficacia y rigor las competencias que tienen encomendadas sino que ejercen otras sin obligación legal, movidos por la responsabilidad política y la constatación de necesidades reales de los ciudadanos que no están cubiertas por otras instancias.
Hay que aplicar el principio de subsidiariedad y, a partir de ahí, considerar los límites de la propia autonomía municipal, entendida como la capacidad que tienen los Gobiernos Locales para la gestión de esa parte importante de los asuntos públicos.
La determinación de las competencias debe hacerse de forma concertada entre el Gobierno Central, los de las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales, como decía antes, teniendo en cuenta la aplicación estricta del precepto constitucional de suficiencia financiera. Es decir, hay que acordar con claridad quién hace qué y con qué medios.
¿Y las Diputaciones, deben cambiar su estructura y funcionamiento?
Es evidente, que las Diputaciones, como todos los instrumentos del Estado, han de adecuarse a los nuevos tiempos para poder responder de forma eficiente a las competencias que tienen encomendadas.
Las Diputaciones tienen que ejercer de verdaderos gobiernos intermedios con capacidad para garantizar la asistencia y cooperación jurídica, económica, técnica, administrativa y de gestión a los municipios, de manera que éstos puedan ejercer sus competencias y prestar servicios a sus vecinos, vivan en donde vivan.
Además, los Gobiernos provinciales son esenciales para el mantenimiento de la población en el medio rural. Son los servicios de las Diputaciones los que construyen y mantienen carreteras, garantizan el abastecimiento y el saneamiento de muchas pequeñas poblaciones y los que aplican programas y servicios sociales.
Lo que hay que hacer es reforzar su capacidad de funcionamiento, adaptando sus estructuras a las necesidades reales de hoy, evitar los riesgos de duplicidad de competencias o servicios y aprovechar los recursos eficientemente.
¿Cómo deberían ser las relaciones intermunicipales y la cooperación intermunicipal?
Cualquier forma de cooperación intermunicipal es buena, porque, además de mejorar la calidad de los servicios, produce un mejor aprovechamiento de las economías de escala. Esto, junto con la participación de las Diputaciones, es lo que facilitará a muchos Ayuntamientos la prestación de servicios de mayor calidad y a menor coste.
Fortalecer las mancomunidades y otras formas de asociación municipal es también una forma de garantizar la cohesión social y propiciar el desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio.
Hablemos del nuevo modelo de financiación local ¿Cómo debe ser?
Tiene que responder a las necesidades emanadas del nuevo marco competencial que se establezca en la Ley del Gobierno Local. Financiación y competencias forman parte de un mismo cuerpo, por tanto, el nuevo modelo de financiación tiene que ponerse en marcha en simbiosis con el nuevo marco competencial.
Las bases del nuevo modelo están en el artículo 142 de la Constitución, donde dice: “Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.
Así pues, además de profundizar en la determinación de un sistema fiscal de los Gobiernos Locales adecuado a la realidad económica, hay que replantearse el actual sistema de participación en los ingresos del Estado (PIE), en lo que se refiere a recursos adicionales y los criterios de reparto, entre otras cosas. Pero, sobre todo, tendrá que materializarse la participación en los ingresos de los Gobiernos Locales en los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas (PICAs).
Estos son los tres ejes de la reforma y de su desarrollo dependerá que se cumpla el objetivo del nuevo modelo de financiación: que sea suficiente, justo, duradero, equitativo y previsible.
¿Esto pondría remedio a los gastos impropios que asumen los Ayuntamientos?
Los gastos impropios son consecuencia del insatisfactorio desarrollo de la segunda descentralización. Una reordenación de competencias ajustada a la posición constitucional de cada uno de los entes territoriales, con el correspondiente modelo de financiación, daría carpetazo al grave problema generado por la prestación de servicios impropios.
¿Es posible vencer las resistencias de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y del Gobierno Central?
Basta voluntad política. Los partidos políticos con mayor representación parlamentaria lo recogen en sus programas. Entiendo el escepticismo de quienes llevan más tiempo en esto y han comprobado cómo los debates territoriales se han centrado siempre en las Comunidades Autónomas y no en los Gobiernos Locales, pero ahora, sin tensiones territoriales a la vista, no hay excusa.
Tanto el Gobierno que surja de las próximas elecciones generales, como los Ejecutivos de las Comunidades Autónomas, son conscientes del rol de los Ayuntamientos en unos momentos de crisis económica como éstos y estoy convencido de que van a tener la sensibilidad política que permita abordar las reformas.
Tiene que haber un órgano de concertación entre los tres niveles de gobierno en el que se diriman todas las cuestiones territoriales. Ahora el Consejo de Política Fiscal y Financiera cumple en su ámbito esa función. Los Gobiernos Locales no podemos estar fuera de ese foro ni de ningún otro en el que se traten cuestiones que nos afecten.
¿Van a poder seguir prestando los mismos servicios públicos con las mismas garantías de calidad como hasta ahora?
Los Ayuntamientos también estamos sufriendo las consecuencias de la crisis. Tenemos menos ingresos propios, menos ingresos procedentes de la PIE y, además, tenemos que atender necesidades sociales sobrevenidas por la coyuntura económica. Esto nos obliga a aplicar políticas de rigor en la gestión del gasto, pero sin que se vea afectada la calidad en la prestación de los servicios públicos. Los Ayuntamientos estamos aplicando las políticas presupuestarias con eficiencia, sin derroches.
Sin embargo, es preciso que el Gobierno Central adopte medidas financieras urgentes para paliar las dificultades económicas y financieras que están atravesando muchas entidades locales. En este sentido, es un objetivo irrenunciable de la FEMP lograr la refinanciación a largo plazo de la deuda de los Ayuntamientos.
¿Cómo definiría la figura del Alcalde en unos momentos en los que tanto se crítica la acción política?
En los municipios de España en los que se conocen todos los vecinos, el Alcalde es casi como el médico de cabecera al que acuden todos para que les resuelva sus problemas. Es el rostro de lo institucional, el mayor exponente de lo que podemos definir como “política real”, aquélla que más pegada está a los problemas cotidianos. Esto nos pasa también a los Alcaldes de grandes ciudades, como Sevilla, aunque con ciertas diferencias.
Vivimos momentos difíciles y muchas familias lo están pasando mal. Nosotros, los Alcaldes, tenemos la obligación real y moral de hacer frente a esta realidad. La gente sabe que nosotros no miramos desde la cristalera de nuestro despacho los problemas de nuestros vecinos. No podemos hacerlo, porque a continuación salimos a la calle y nos topamos con la realidad.
Los ciudadanos necesitan recuperar la confianza en la clase política y, para ello, tenemos que demostrar a quiénes nos han elegido para gobernar sus municipios que, además de ser buenos gestores, somos honrados, cercanos y receptivos a sus problemas y necesidades. En suma, esforzarnos para que nos perciban como servidores públicos de primera línea.
La FEMP representa tanto a los grandes como a los pequeños municipios, los más numerosos ¿Cómo puede conjugar el Alcalde de una gran ciudad los intereses de unos y de otros, desde la presidencia de la Federación?
Para mí, Madrid, la capital de España, o Sevilla, mi ciudad, serán igual de importantes que lo es un pueblo con 20 habitantes. Porque para el Presidente de la FEMP no hay Ayuntamientos de primera y de segunda. Además, esta organización tiene una gran experiencia en la defensa de los intereses o en las consultas de los problemas de los municipios pequeños.
Que no les quepa ninguna duda a mis colegas Alcaldes de municipios de mediano o pequeño tamaño que van a estar tan representados en la FEMP como el que más. No puede ser de otra forma, porque al fin y al cabo estamos hablando de la defensa de los intereses de los ciudadanos, vivan donde vivan, y esos intereses son los mismos en todos los lugares.
En la reciente Asamblea de la FEMP se han realizado algunos cambios estatutarios. ¿Qué suponen estos cambios para el funcionamiento de la Federación?
Los cambios introducidos en los Estatutos responden a la necesidad de adaptar la estructura de los órganos de dirección a los nuevos tiempos y adecuarlos a los intereses de las Entidades Locales asociadas. Por eso se ha unificado en un solo órgano -el Consejo Territorial- lo que antes eran dos: el Consejo Federal y el anterior Consejo Territorial.
Esta modificación, que no altera el grado de representación de las distintas entidades asociadas, supone la plena adaptación de la FEMP a la estructura territorial de España.
Los Estatutos incluyen otra novedad importante que abundará en una mayor transparencia en la gestión. En este mandato existirá una Comisión Especial de Cuentas que, además de sus funciones inherentes, se encargará de vigilar las contrataciones que se acometan.
En definitiva, los Estatutos tratan de facilitar la consolidación de la FEMP como el referente único del municipalismo español, mejorando al mismo tiempo otros aspectos relacionados con su funcionamiento interno, como la eficacia y la transparencia.
¿Qué trabajo va a desarrollar la FEMP en el ámbito internacional?
La FEMP ha tenido siempre una gran vocación europea e internacional y va a seguir por este camino, defendiendo el papel de los Gobiernos Locales en Europa, en el marco del Comité de las Regiones, e impulsando el desarrollo de la autonomía local a través de la representación española en la Cámara de Poderes Locales y Regionales de Europa.
Además, con su presencia en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), buscará reforzar el movimiento municipalista, no sólo en el plano europeo, sino también en el ámbito internacional. Precisamente, la próxima Asamblea General –Estados Generales- del CMRE tendrá lugar en Cádiz, en 2012, una cita a la que la FEMP dedicará una atención muy especial.
No me olvido, en cuestiones internacionales, del trabajo de la FEMP en materia de cooperación al desarrollo en el ámbito local, que trataremos de impulsar, así como de la voluntad de favorecer el desarrollo del movimiento municipalista y la capacitación de sus cargos electos en Iberoamérica.
¿Cómo ha vivido el anuncio de ETA de acabar con la violencia?
Con esperanza, pero también con escepticismo y prudencia. Como una buena noticia que debe ir, ineludiblemente, acompañada de la disolución definitiva de la banda y la entrega de armas. Y sobre todo, recordando a las más de 800 víctimas mortales, a los cientos de personas heridas o amenazadas y a sus familias, entre ellas a los Alcaldes y concejales o personas vinculadas al mundo municipal que perdieron la vida, defendiendo los valores de la libertad y la democracia. Y cómo no, con una evocación especial a Alberto Jiménez Becerril, Concejal de Sevilla asesinado junto a su mujer, Ascensión García Ortiz, y al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos.
Juan Ignacio Zoido, Presidente de la FEMP
