Plan Integral de Vivienda y Suelo. Un nuevo modelo basado en la rehabilitación y la sostenibilidad
Garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado a las personas más necesitadas, mejorar las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad del parque de viviendas y tratar de reactivar el sector de la construcción, son los tres objetivos básicos del conjunto de medidas que el Gobierno piensa poner en marcha inmediatamente para acometer un cambio de modelo en la política de vivienda y suelo, que afecta a los municipios y en el que los Ayuntamientos también tienen mucho que aportar.
Aunque las Comunidades Autónomas son las principales destinatarias de la financiación y la gestión de estas medidas, los Gobiernos Locales podrán participar de ellas cuando quede aprobado el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que el Ejecutivo acaba de enviar a las Cortes Generales, así como en el desarrollo y aplicación del Plan Estatal de fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas para el periodo 2013-2016, contenido en el Real Decreto del mismo nombre, publicado en el BOE con fecha 20 de abril.
Este plan, dotado con más de 2.400 millones de euros, prevé por ejemplo la ejecución de un programa de fomento de la regeneración y renovación urbana que incluye obras de mejora de la calidad y sostenibilidad en las ciudades.
Para la financiación de las actuaciones contempladas en este programa y en el de impulso del parque público de vivienda en alquiler –otros de los incluidos en el Plan- será preciso llegar a acuerdos específicos con las Comunidades Autónomas, con la participación de los Ayuntamientos en cuyo territorio se lleven a cabo.
Ciudades sostenibles
Otro de los programas definidos por el Plan del Gobierno es el que pretende fomentar ciudades sostenibles y competitivas, mediante la realización de proyectos de mejora de barrios, actuaciones de regeneración en centros históricos y cascos rurales, o la renovación de áreas funcionalmente obsoletas o de áreas para la sustitución de infravivienda.
El programa contempla además los denominados “ecobarrios”, zonas de regeneración que destaquen por las actuaciones de sostenibilidad ambiental en edificios y espacios públicos; así como la actuación en zonas turísticas sobrecargadas o degradadas para su mejora y conversión hacia un modelo de mayor calidad y más competitivo.
Los proyectos referidos a estas estrategias temáticas tendrán que circunscribirse a un único término municipal, delimitar claramente el área de actuación y describir claramente la situación urbanística y social de la misma. Las ayudas serán concedidas mediante procedimiento abierto y en régimen de concurrencia competitiva, después de que las Comunidades Autónomas hayan realizado las oportunas convocatorias.
Una de las cuestiones a tener en cuenta es que no podrán obtener financiación para este programa quienes se hayan beneficiado, dentro del mismo ámbito, de las ayudas destinadas a otros programas contemplados en el Plan, como el de rehabilitación edificatoria o el de regeneración y renovación urbanas.
Nueva Ley
De los 26 millones de viviendas que hay en nuestro país, 15 millones tienen más de 30 años y casi 6 millones más de medio siglo. Por otro lado, el mercado del alquiler representa apenas el 17% frente al 83% del de la propiedad, mientras que en Europa representa el 38%.
Estos datos, junto con la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menores recursos y la posibilidad de reactivación del sector de la construcción con la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas, son los que han llevado al Gobierno a la aprobación de una nueva Ley que facilite el arreglo de viviendas, con criterios de eficiencia energética y calidad, y que también impulse la remodelación de los tejidos urbanos o la reurbanización de amplias zonas dentro de las ciudades.
El Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana ofrece novedades importantes, como por ejemplo una flexibilización de la normativa vigente para favorecer la rehabilitación, con una reducción de las cargas, de tal forma que un aumento de la edificabilidad, la densidad o el cambio de uso ligado a la rehabilitación no siempre será considerada plusvalía.
Asimismo, facilitará las obras destinadas a la accesibilidad y, principalmente, las que tienen como fin una mejora de la eficiencia energética.
Informe de evaluación
Precisamente en el capítulo de las mejoras que podrán ejecutarse en los edificios, la Ley crea un instrumento denominado Informe de Evaluación del Edificio (IEE) que integra al conocido como Inspección Técnica de Edificios (ITE) que únicamente revisa el estado de conservación del inmueble a efectos de exigir la realización de obras, pero no otras cuestiones como la accesibilidad o la eficiencia energética. El Gobierno ha tenido en cuenta, a la hora de ampliar el informe de ITE, las insuficiencias de esta norma y el hecho de que algunas CCAA y Ayuntamientos tengan su propia regulación aún más exigente que la estatal.
El nuevo IEE sólo se exigirá a los edificios de bloque –no viviendas unifamiliares- con más de 50 años. Aunque no será obligatorio hasta 2019, ya puede ponerse en marcha puesto que se trata de un informe preceptivo para el desarrollo de varios procedimientos, entre ellos, la tramitación de ciertas subvenciones.
Este informe, además de evaluar el estado de conservación, aportará información acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la Certificación de la Eficiencia Energética. Esta última, con un mero carácter informativo, y con independencia de que alguna de las viviendas del edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler.
Medidas adicionales
Además del Proyecto de Ley y del Real Decreto que contiene el Plan de Fomento del Alquiler, el Gobierno ha establecido una línea ICO de 1.000 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios en 2013 que atienda las necesidades de financiación de particulares y comunidades de propietarios para acometer proyectos de rehabilitación o reforma de viviendas y edificios.
Junto a esta línea de crédito, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pondrá en marcha un programa específico de ayudas y financiación para facilitar la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables.
Tendrá una dotación de 100 millones de euros para promover la realización de medidas de ahorro y eficiencia sobre la envolvente y las instalaciones térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la incorporación de energías renovables (biomasa y geotermia, principalmente). Las primeras con carácter de ayudas públicas directas y las segundas como préstamos rembolsables.
Etiqueta de eficiencia en edificios públicos
Por otro lado, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m² inicialmente (no me queda claro si se refiere a la ocupación o al uso inicial) que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética.
Así, por ejemplo, el complejo Cuzco situado en Madrid que alberga a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad y parte de Hacienda y Administraciones Públicas, ya ha sido calificado mediante el programa informático de referencia obteniendo la calificación energética C.
La FEMP en el seguimiento del Plan
La Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, órgano de cooperación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, será el órgano competente para el seguimiento del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas.
La Federación Española de Municipios y Provincias ha sido consultada en el proceso de elaboración del Plan, del mismo modo que las Comunidades Autónomas y las asociaciones y organizaciones más representativas del sector. Además, participará con un representante en la Conferencia Sectorial en calidad de observador.
El Plan del Gobierno contempla ayudas para la mejora de centros urbanos y cascos históricos