FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El pasado mes de noviembre, cuando en Reus falleció una mujer a consecuencia del incendio originado por las velas con las que tenía que iluminar su vivienda, el Presidente de la FEMP volvió a situar como eje de actuación el grave problema de la pobreza energética. Abel Caballero, entonces, en consonancia con la resolución aprobada en el XI Plano de la Federación, exigía al Gobierno que tomase medidas inmediatas para “que bajo ningún concepto se corte el suministro energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de ese suministro”. Esta demanda de Caballero, con la urgencia que la llegada del invierno obliga, fue trasladada a la Junta de Gobierno de la FEMP donde fue secundada por unanimidad en todos sus extremos, destacando que los Servicios Sociales municipales están preparados para dar a conocer a las compañías suministradoras la información sobre la situación socioeconómica de los afectados.
Tras ese acuerdo, el Presidente de la FEMP solicitó formalmente una reunión con el Ministro de Energía, Álvaro Nadal; reunión que se celebró, con plena sintonía por ambas partes, el viernes 9 de diciembre en la sede del ministerio. Una entrevista en la que se constató que el Gobierno coincide con la Federación en que no se realicen cortes de suministro energético sin informe previo sobre la situación de los afectados. “No se puede cortar suministro energético a ninguna familia que deje de pagarlo por razones de insuficiencia económica. Es una premisa política, una cuestión de principios y vital para Alcaldes y Alcaldesas”. Palabras de Abel Caballero quien como Presidente de la FEMP instaba al Gobierno y a los Grupos Políticos a que “legislen, a que resuelvan el problema y busquen una salida urgentemente”, reiterándoles que cuentan con la colaboración plena de los Ayuntamientos para la elaboración de un informe sobre la situación de necesidad de las familias afectadas, un informe que, añadió, “tiene que ser preceptivo antes de cualquier corte de suministro. Ofrecemos nuestra cooperación, y la ofrecemos desde el conocimiento de muchos Ayuntamientos que estamos pagando las facturas de energía eléctrica y de gas de muchas familias que son incapaces de costearlas por sí mismos”. Con esta propuesta, destacó finalmente el Presidente de la FEMP, “se vendría a añadir racionalidad al procedimiento. Nosotros somos los que podemos añadir la racionalidad de señalar a quiénes sí y quiénes no se les puede cortar el suministro energético”.

Caballero y Nadal, fijada la posición central de ni un solo corte energético sin informe previo de los servicios sociales, hablaron también del capítulo de ayudas vigente pero insuficiente. La posición de la FEMP, explicó Caballero, es que debería realizarse mediante el modelo de bonos sociales pero con algún matiz toda vez, entiende la Federación, que la financiación debería realizarse “a través de las compañías eléctricas, generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Parece razonable –incidió Caballero- que desde una posición de oligopolio y de un enorme poder de mercado, contribuyan para resolver estos problemas. No son cifras inabarcables por estas compañías, de las que por cierto ya no se entiende que hayan recurrido el actual sistema de bono social, sólo por recurrirlo muestran una fortísima insensibilidad”.

Municipios Contra la Pobreza Energética, vista atrás.

Mientras lo tratado y consensuado en la reunión FEMP-Ministerio de Energía se sustancia y toma cuerpo, bueno será echar la vista atrás para recordar lo que se ha venido haciendo desde la Federación ante las situaciones de pobreza energética.

Los Ayuntamientos, por ejemplo, han llevado a cabo medidas como facilitar ayudas económicas a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad con el fin de que puedan hacer frente al pago de las facturas de la luz y el gas.

También, vienen realizando desde los Servicios Sociales informes que acreditan la situación de vulnerabilidad al objeto de impedir que se produzcan cortes de luz o gas en aquellos hogares que sufren situaciones de pobreza energética. Unas actuaciones estas que ahora se tornan en requisito imprescindible antes de cualquier corte de suministro.

Cabe recordar, en este punto, que en el XI Pleno de la FEMP, celebrado en septiembre de 2015, se aprobó una resolución, en el ámbito de los Servicios Sociales, que textualmente dice: “Exigir al Gobierno de España que ponga en marcha UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL acordado con las CCAA y Ayuntamientos y dotado presupuestariamente que sirva para cubrir las necesidades vitales básicas de aquellos ciudadanos más vulnerables, especialmente de la infancia, las personas mayores y dependientes”. Esa resolución se complementaba con una serie de medidas entre las que destacan la garantía de unos suministros básicos para evitar el fenómeno de la pobreza energética, o la prestación de una atención social personalizada a las personas o familias en situación de vulnerabilidad.

Todo eso se apoyó en mandatos y consideraciones de organismos como por ejemplo Naciones Unidas que fijó como séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) la necesidad de “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. También se tuvo en cuenta durante el debate otros elementos como el agua a partir de lo que la legislación estable, el abastecimiento de agua potable a domicilio es una competencia propia del Municipio, y de una realidad destacada al respecto y es que con independencia del modelo en virtud del cual se lleve a cabo la gestión del agua, los Ayuntamientos han buscado fórmulas para que en ningún caso se prive del suministro de agua a personas en situación de vulnerabilidad. Y a partir de ahí se recuadró que luz y gas han de tener la misma consideración de bienes básicos por lo que en ningún caso debería suspenderse el suministro cuando estén acreditadas situaciones de vulnerabilidad.

Cabe destacar, finalmente, que distintas iniciativas de carácter social e institucional reclaman que el acceso a la luz y el gas sea considerado como un derecho, instando por ello a considerar a los ciudadanos como titulares del derecho de acceso a los suministros básicos, entre los cuales figuran la luz y el gas.