FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

El Informe ha sido elaborado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en la misma línea de los ya publicados por este organismo desde el año 2007. En esta ocasión, el texto viene a subrayar las especiales repercusiones del desempleo, motivado por la crisis, sobre la población inmigrante.

El desempleo, a su vez, esta en la base de las graves consecuencias sobre el bienestar y las condiciones de vida de un buen número de personas y familias de origen inmigrante, al tiempo que induce a muchos de ellos a retornar a sus países de origen. Según señala el Informe, entre el grupo de los que retornan, algunos “se están acogiendo a los dos programas de retorno asistido existentes en 2010, poniendo de manifiesto lo limitado de los recursos de éstos”.

Junto a esta situación, el informe también llama la atención sobre las “posibles repercusiones del desfavorable clima social generado por la crisis sobre las actitudes ciudadanas en relación con la inmigración.

El texto final, presentado a mediados del pasado mes de abril, aborda la realidad social de la inmigración ante el impacto de la crisis en cinco aspectos concretos: la evolución del empleo, la vivienda, el impacto de las medidas relativas al retorno, los posibles cambios observables en las actitudes sociales y el Reglamento de Desarrollo de la Ley de 2009, sobre el que formula diversas recomendaciones.

 

Evolución del empleo

 

Hasta finales de 2008, las altas laborales de los trabajadores extranjeros aumentaron más rápidamente que las del conjunto de la población; sin embargo, a partir de ese año, disminuyeron también con mayor rapidez, lo que ocasionó una pérdida de regularidad en su situación con las consecuentes dificultades para sus autorizaciones de trabajo y residencia.

Durante esos primeros años, la mano de obra inmigrante era más joven y concentrada principalmente en las actividades de construcción, hostelería, agricultura, otras actividades empresariales y empleo doméstico. En general se trataba de trabajos de menor cualificación profesional. El número de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena concedidas en estos sectores llegó a las 101.079 en 2006; sin embargo, la crisis hizo caer esa cifra hasta 23.878 en 2009.

La reducción de contratación entre la población extranjera se tradujo en una modificación de los sectores “empleadores” de este colectivo; así, “peón agrícola” sigue siendo la primera ocupación, con mayor número de contratos; si se diferencia entre mujeres y varones, para las primeras, el empleo doméstico representó en 2010 la primera ocupación, frente a las actividades de limpieza en hoteles y oficinas, que encabezaban los contratos femeninos en 2007. Entre los varones, la construcción ha cedido los primeros puestos a los peones agrícolas, personal de limpieza o camareros. El paro afecta en mayor medida a los hombres extranjeros –por la excesiva dependencia de la construcción- que a las mujeres, que se han incorporado a otros sectores productivos.

 

Vivienda y retorno

 

En materia de vivienda, el Informe contiene un extenso capítulo de conclusiones y recomendaciones en el que parte de la situación de dificultad en la que se ven los inmigrantes sin recursos para hacer frente al pago de sus hipotecas y el riesgo de desahucio que han de afrontar.

Sobre esta cuestión, el informe apuesta por un cambio en la política de vivienda que favorezca el uso de ésta como un derecho social; propone, además, la promoción del alquiler –en defecto del actual modelo de propiedad privada- y el establecimiento de medidas complementarias para reducir los riesgos de exclusión a la hora de acceder a una vivienda. Se propone también en lo relativo a sobreendeudamiento, articular mecanismos de asesoramiento de las familias afectadas, modificar la normativa para permitir la dación de la vivienda como pago de la hipoteca pendiente, y un cambio en la ley concursal para facilitar la declaración de quiebra familiar y las medidas adecuadas para superar esa situación.

Otro de los puntos considerados es el de la infravivienda y los asentamientos chabolistas; sobre esta cuestión, junto a otras muchas consideraciones, el Informe propone que los Ayuntamientos, con el apoyo de las Comunidades Autónomas y la Administración Central, contribuyan a su erradicación, así como la elaboración de Planes de intervención.

En materia de retorno de población inmigrante, los responsables del informe se muestran a favor de una política integral que vincule migración y desarrollo; en este sentido, el texto aclara que “una política de retorno no pretende influir en la decisión de retornar o no retornar de los inmigrantes y, por tanto, no es una política diseñada para incentivar o desincentivar el retorno de éstos, sino para acompañar , en su caso, la decisión voluntaria de retorno para que sea lo más sostenible y positiva posible tanto para el inmigrante, como para la familia migratoria, el país de origen y el de destino”. Añade que la política de retorno ha de acompañar el retorno voluntario y asistido y propone un buen número de aspectos a tener en cuenta a la hora de aportar una respuesta integral al retorno voluntario desde las políticas de inmigración.

 

La actitud de la sociedad

 

En este capítulo, el Foro recomienda promover las estrategias y los contenidos éticos, procedimentales y conceptuales que se precisan para construir una sociedad “que vea en la diversidad la oportunidad pedagógica para aprender y crecer juntos, y no un obstáculo o un problema”. Recomienda también trabajar herramientas desde la educación y la sensibilización que deben responder “desde la promoción de una conciencia de ciudadanía participativa”; asimismo, apuesta por generar reflexión y debate sobre el modelo inclusivo y su aplicación en el aula.

El trabajo en el ámbito de la educación es fundamental para impulsar la interculturalidad; por ello se proponen dotar a las escuelas de los medios materiales y personales que faciliten la formación del profesorado en “sensibilización e interculturalidad”. Se propone también implementar actuaciones para el mantenimiento de la cultura y lengua de origen de la población inmigrante, favorecer programas de mediación intercultural en los centros educativos y promover la colaboración entre la comunidad educativa y las asociaciones e instituciones de apoyo a la inmigración.