FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

“Somos los que cuadramos los objetivos que Bruselas fija para el Reino de España y, a pesar de todo, nos vemos obligados a reclamar año tras año, la posibilidad de destinar nuestros ahorros a políticas sociales o de empleo que nos reclaman nuestros vecinos”, aseguraba recientemente el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, al anunciar que la Federación mantendrá su postura reivindicativa en lo que a destino del superávit local se refiere.

Con unos datos que muestran el cumplimiento y la superación de los objetivos de estabilidad fijados por el Ejecutivo, las Entidades Locales van a insistir en sus argumentos: de cara a la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, plantearán al Gobierno la necesidad de eliminar las actuales restricciones a la inversión del superávit. La propuesta de la FEMP, nuevamente, pasará por ir más allá de las inversiones financieramente sostenibles que se contemplan en este momento y que, a juicio de la Federación, impiden a los Consistorios actuar en los ámbitos donde la necesidad de los ciudadanos es mayor, y que se concreta, sobre todo en los mencionados, de naturaleza social y empleo.

Caballero ya se había manifestado en esta misma línea a finales del pasado junio, durante la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local, (CNAL), en la que, además, insistió en el rechazo de los Consistorios a toda tutela del Estado y a los controles del Gobierno que impiden a las Entidades Locales, “las más cumplidoras de las tres Administraciones”, la posibilidad de reinvertir  su superávit en aquellas cuestiones “que demandan los ciudadanos”. Por cierto, un superávit que en total, acumulado desde 2011, asciende, según acaba de ratificar la Autoridad Fiscal, a 19.700 millones de euros.

7.000 millones en 2016

En ese foro de la CNAL, los representantes de los Ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y de Hacienda y Función Pública, encabezados por sus titulares, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, respectivamente, junto a los máximos responsables de sus equipos, se dieron a conocer los datos sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública de 2016, y se cifró en 7.083 millones de euros el importe del superávit de las Entidades Locales en ese mismo año (un 0.64% del PIB).

Los objetivos de deuda para 2018, 2019 y 2020 quedan fijados en 2,7%, 2,6% y 2,5% del PIB, unos valores que, en palabras del Presidente de la FEMP, no sólo son “asumibles” sino que, en muchos casos, “se están cumpliendo de manera anticipada”.

Así, conocidos estos datos (ver cuadros en la última página de esta información), el Presidente de la FEMP se manifestó categórico señalando que “somos la única Administración que cumple con los objetivos. No queremos las tutelas económicas de aquéllos que incumplen”.

E insistió en que “con más de 7.000 millones de euros de superávit, un 0,64% del PIB”, siendo “los garantes de la estabilidad presupuestaria”, y alcanzando los objetivos de déficit y de techo de gasto, “nos siguen poniendo controles”. Y “no estamos de acuerdo”, aseguró el Presidente, “somos objeto de un paternalismo por aquéllos que no son capaces de cumplir con sus propias obligaciones”.

A juicio de Caballero, es fundamental acabar con las limitaciones a la reinversión del superávit y abrir la posibilidad de destinarlo a las políticas sociales y de empleo mencionadas. En este sentido, Caballero señaló además que “el Gobierno está muy metido en los despachos y muy alejado de la ciudadanía” si no se da cuenta de que éstas son las políticas prioritarias.

También respondió a declaraciones de los Secretarios de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, sobre la ejecución del superávit de 2015. “Dicen que no somos capaces de ejecutar el superávit”, que sólo “utilizamos el 25% de los 2.747 millones de euros” que se encontraban disponibles en aquel momento; una cuestión que el Presidente explicó subrayando que “no se nos permitió contratar personal” ni tampoco “dedicarlo a lo que los ciudadanos demandaban”, fundamentalmente políticas sociales, de empleo, educativas, culturales o deportivas, y recordó que en pleno período de crisis a los Consistorios “no se les ha permitido actuar frente a la pobreza energética o pagar los alquileres o la alimentación de familias desfavorecidas”.

Techo de gasto

Los Alcaldes de Huelva, Gabriel Cruz; Fuenlabrada, Manuel Robles; Mieres, Aníbal Vázquez; Badajoz, Francisco Fragoso; y Cáceres, Elena Nevado, son los representantes designados por la FEMP para formar parte del grupo de trabajo que, junto con otros representantes de la Administración Central y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se encargará de estudiar los criterios para la aplicación de la regla del techo de gasto.
 
Esta relación de representantes, que recibió el respaldo de la Junta de Gobierno de la FEMP del pasado 18 de julio, fue remitida al Ejecutivo. Paralelamente, desde la Federación se solicitó una reunión “inmediata” del grupo para aclarar cuanto antes esta cuestión. En palabras del Presidente “hay que modificar la regla del techo de gasto porque, tal y como está actualmente, limita a las Entidades Locales la posibilidad de llevar a cabo políticas para dar atención y servicio a los ciudadanos con más necesidades”.

Este grupo de trabajo había quedado constituido, a instancias de la propia FEMP, en el marco de la última reunión de la CNAL. Se trata del grupo de trabajo, comprometido en su día en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que debía estar formado por representantes de cuatro partes –Gobierno, Comunidades Autónomas, Gobiernos Locales y AIReF-, y constituido en el primer semestre de este año. Abel Caballero incidió tras la CNAL en que el grupo se había creado “a petición nuestra”, y sólo “cuatro días antes” de que finalizase el plazo dado por el Gobierno en una CNAL anterior para su puesta en funcionamiento.

Para el Presidente de la FEMP, el resultado final es un grupo “constituido sobre la marcha”, en el que no están las Comunidades Autónomas, aseguró. El trabajo de este grupo de expertos es el de fijar un criterio sobre la regla de gasto que sustituya al actual, cuya aplicación penaliza el ahorro municipal y resulta “absolutamente ineficiente”.

También en esta cuestión Caballero se refirió a manifestaciones del Ejecutivo sobre “no esperar grandes revoluciones” en esta materia. Su respuesta a estas observaciones fue que la principal revolución que espera la Federación es que el propio Gobierno “cumpla con el techo de gasto” como ya hacen las Entidades Locales, porque, es el Ejecutivo quien “lo establece y lo incumple de forma clamorosa”.