Los Ayuntamientos podrán destinar su superávit a inversiones en sus municipios
Financiación de gastos corrientes de carácter extraordinario e inversiones en sus municipios son los fines a los que los Ayuntamientos podrán destinar sus remanentes positivos, tan pronto se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así se acordó en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada el pasado 16 de abril, y así lo anunciaron el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, y el Secretario de Estado Antonio Beteta. Con ello, se vio satisfecha una de las principales demandas de los Ayuntamientos, aunque no fue la única de las aprobadas en la Comisión.
La segunda buena noticia para las finanzas municipales vino de la mano de los nuevos criterios introducidos en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y en el nuevo Plan de Pago a Proveedores; en el primero, las Entidades Locales suben en el ránking de precedencia como acreedores y pasan a ocupar los primeros puestos en el escalafón de pago; y en el segundo, adquieren la categoría de “proveedores” de la Administración Autonómica. Ambas medidas abren a los Ayuntamientos buenas expectativas de cobro de los casi 1.700 millones en que el Ministerio y la FEMP cifran el importe de la deuda de las Comunidades Autónomas con los Gobiernos Locales. La satisfacción de esta deuda también ha sido objeto de reclamación reiterada de la Federación.
En la CNAL también se dieron a conocer los datos de deuda viva de las Entidades Locales, unos buenos resultados tanto en palabras del Presidente de la FEMP como del Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Íñigo de la Serna destacó que la Administración Local es la que mejor está cumpliendo con los principios de sostenibilidad y subrayó que el déficit de 2012 quedará del 0,15%, la mitad del 0,30% fijado como objetivo, y la tercera parte del 0.45% del ejercicio precedente 2011. Así, manifestó, “vamos a cumplir con el compromiso de déficit cero para 2013”.
Antonio Beteta, por su parte, manifestó el reconocimiento del Gobierno a la buena labor de los Ayuntamientos y mostró su total confianza en que alcanzarían el objetivo cero para este ejercicio. Cifró en 2.200 millones de euros la reducción de la deuda viva de la Administración Local (sin considerar las operaciones del Plan de Pago a Proveedores) y destacó el esfuerzo realizado para conseguirlo, aunque recomendó no relajarse.
Superávit en 3.500 municipios
La modificación puntual de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria al objeto de que los Ayuntamientos puedan destinar su superávit presupuestario a finalidades diferentes de la reducción de su endeudamiento, beneficiará a unos 3.500 municipios. Según informó Íñigo de la Serna, el acuerdo permitirá a los Consistorios destinar sus remanentes positivos a generar inversión, actividad económica y, en definitiva, empleo en sus municipios. “Se ha dado un gran paso”, afirmó.
De la Serna manifestó, asimismo, la satisfacción de toda la representación local por la incorporación de varias sugerencias de la FEMP a la modificación normativa, “entre ellas, la relativa a que el superávit a considerar fuera el del 2012, y no el de 2012 y 2011, como se había planteado inicialmente”. En lo relativo a niveles de endeudamiento, la FEMP pidió hacer referencia al 110% que establece la Ley de Haciendas Locales y no el 75% que se había planteado en los PGE. Esta cuestión también fue aceptada.
La medida supone un reconocimiento y un incentivo a los Consistorios que han realizado una gestión impecable de sus cuentas y les abre, en palabras de Antonio Beteta, la posibilidad de “invertir en beneficio de sus ciudadanos”. La forma de esa inversión se concretará a lo largo de reuniones bilaterales FEMP-Ministerio, de forma dialogada y previo acuerdo de la CNAL. Aunque la modificación de la ley se tramitará con carácter de urgencia, Beteta explicó que, una vez informada la CNAL, se remitiría la circular correspondiente para iniciar la aplicación de la medida y la aprobación de los presupuestos municipales tomando ya en consideración las posibles inversiones a realizar con ese superávit.
Cobro de deudas pendientes
El FLA y el Plan de Pago a Proveedores son los mecanismos que permitirán a los Ayuntamientos cobrar las cantidades que les adeudan las Comunidades Autónomas. Esa deuda, ya cifrada en 1.700 millones de euros, provocaba “una situación muy grave”, según el Presidente, porque la falta de cobro no sólo afecta a Entidades Locales sino también “a los proveedores, que acaban por no recibir el dinero que, a su vez, el Ayuntamiento tiene pendiente con ellos. Se trata de una reivindicación de justicia, que permitirá que también nosotros hagamos frente a nuestras obligaciones económicas”.
En el FLA, el pago a los Ayuntamientos asciende en el nivel de prioridades; y en el plan de pago, que se pondrá en marcha de manera inmediata, los Ayuntamientos pasan a considerarse proveedores de la Administración Autonómica, y el periodo de pago se fijará en 30 días. En este sentido, la FEMP y el Gobierno crearán una comisión conjunta para abordar la transición entre los actuales periodos de pago –que se sitúan entre los 130 y 180 días- y el nuevo que pretende implantarse. El Plan de pago viene avalado por el éxito del anterior.
Reducción del endeudamiento local
A 31 de diciembre de 2012, y una vez descontados los préstamos formalizados en el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (alrededor de 8.000 millones de euros), la deuda viva de los Ayuntamientos ascendía a algo más de 33.207 millones de euros. Esta cifra representa 2.200 millones menos que la alcanzada en 2011 (alrededor de 6,25 puntos por debajo). Así lo informaron los responsables del Ministerio a la delegación de la FEMP durante la Comisión Nacional.
El Secretario de Estado anticipó en su intervención la publicación en la web del Ministerio de los datos de endeudamiento pormenorizados por Ayuntamiento. Antonio Beteta calificó esos resultados de “fruto de un esfuerzo muy significativo” por parte de los Consistorios, e incidió en llamar la atención sobre descontar los valores del plan de pago a proveedores porque “la operación de proveedores, no fue una decisión local, sino del Ministerio, que imputó esa deuda a las Corporaciones Locales, ya que era el proveedor quien tenía la decisión de solicitar el cobro de la misma y, en consecuencia, atribuir a la Administración Local la responsabilidad financiera”.
Grupos de trabajo
Además de estos temas, en la CNAL se acordó la creación de varios grupos de trabajo de carácter tributario para abordar tres cuestiones diferentes de esta naturaleza; en primer lugar, el relacionado con la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, relativa a telefonía móvil, contraria a la aplicación a las operadoras de un canon por utilización del dominio público.
En segundo, el que estudiará las medidas a adoptar tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de justicia de Castilla-La Mancha en relación al impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías) y los valores catastrales a considerar para su cálculo efectivo. El tercero de los grupos de trabajo se centrará en estudiar la viabilidad de incorporar criterios medioambientales en el cálculo del impuesto sobre Circulación de Vehículos a Motor
Otros temas
El Presidente de la FEMP también anunció que se buscarán soluciones “excepcionales” para las situaciones igualmente excepcionales que atraviesan algunos municipios con fuertes dificultades financieras. Según indicaron Íñigo de la Serna y el propio Secretario de Estado, se abrirá una línea de diálogo entre la FEMP y el Ministerio para estudiar esas situaciones y las posibilidades de resolución de las mismas. Entre otras líneas de trabajo se prevé delimitar las situaciones que se consideren problemáticas, establecer un catálogo de medidas que serían susceptibles de aplicarse y determinar criterios de condicionalidad fiscal que habrán de cumplir las Entidades Locales afectadas.
Otro de los puntos de interés sobre el que ambos departamentos empezarán a trabajar es la búsqueda de vías para poder cobrar las sanciones impuestas por vía ejecutiva que afectan a bienes situados fuera del término municipal. Para el también Alcalde de Santander, los Ayuntamientos se ven incapaces de actuar sobre esos bienes para hacer efectivo el cobro de sanciones, un problema que, según Antonio Beteta, también afecta a las Comunidades Autónomas porque “sobre esta normativa rige el principio de territorialidad”. Por ello, se ha estimado conveniente buscar una solución conjunta.
Los representantes locales, a la izquierda, departen con los representantes del Ministerio en los minutos previos a la reunión