FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Según destacó en su intervención, a las circunstancias mencionadas, habría que añadir la caída general de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), la necesidad de devolver los 5.896 millones de euros correspondientes a la liquidación definitiva de la PIE de 2008 y de 2009 y una situación poco propicia para elevar la presión fiscal local por medio de medidas discrecionales.

 

Por ello, señaló, es el momento de acometer la reforma del marco jurídico y competencial de los Gobiernos Local y el sistema de financiación local, así como una reorganización del mapa municipal y de las formas de cooperación intermunicipal.

 

Previamente, Suárez Pandiello propuso despejar unas cuestiones sobre las intervenciones públicas y los modelos de gestión de servicios públicos. En primer lugar, “qué es lo que tiene que hacer el sector público local”: proveer bienes y servicios públicos, recaudar tributos y regular actividades, todo ello con criterios de eficiencia y equidad. En segundo término, “cuál es la razón de la intervención pública”: fallos del mercado o redistribución. Finalmente, “cuál es el instrumento adecuado para la intervención y cuál el coste fiscal”.

 

Añadió que la descentralización fiscal tiene que realizarse bajo dos principios básicos, suficiencia bajo los criterios de equidad vertical (distribución de recursos entre diferentes niveles de gobierno) y equidad horizontal (entre gobiernos del mismo nivel) y de autonomía (discrecionalidad del gasto de acuerdo a sus competencias) y corresponsabilidad fiscal.

 

Equilibrio entre competencias y financiación

 

Estas reformas han de tender a alcanzar el equilibrio entre competencias y financiación para corregir las insuficiencias que se producen en el sector local, tanto desde la oferta (en general por el tamaño del municipio) como de la demanda (gastos impropios).

 

Desde el  lado de la demanda, los ciudadanos siempre piden más de lo que se puede ofrecer. Pero la realidad es que, además de los servicios obligatorios, los Gobiernos Locales asumen otros, unas veces por delegación con financiación, otras de forma voluntaria y que, en cualquier caso, ocasionan disfunciones importantes que en algunas ocasiones puedan afectar a la estructura de la relación competencias-financiación.

 

Por el lado de la oferta, hay que considerar la gran atomización del mapa municipal de España, ya que de los 8.116 municipios 6.801 tienen menos de 5.000 habitantes y 62 tienen más de 100.000 habitantes. Y, mientras el municipio medio cuenta 5.777 habitantes, el mediano tiene tan sólo con 582 habitantes. Esto justifica plantearse la reestructuración del mapa municipal, pero, tal como afirmó, “no por el ahorro que se produciría por la reducción de estructuras administrativas y de la representación política (con una posible agrupación de Ayuntamientos en uno sólo) sino para la mayor capacidad para la creación de equipos y el mejor aprovechamiento de los recursos”. Del mismo modo, hay que acometer una reforma en profundidad de las formas intermunicipalidad ya que las actuales, a su juicio, no funcionan.

 

Agotamiento

 

El actual sistema de financiación está agotado. La crisis está haciendo aflorar de una forma más cruda sus deficiencias. Por lo tanto, hay que cambiar el sistema.

 

Suárez Pandiello hizo un repaso de los distintos conceptos impositivos locales actuales, que representan más del 50% de los ingresos de los Gobiernos Locales. Afirmó que se trata de impuestos muy visibles, poco flexibles e impopulares. Además, son muy vulnerables a la acción política y a los grupos de presión. Citó como ejemplo negativo la exención del IAE a las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Junto a ello, hay una sobreexplotación, en términos relativos, de tributos distribuidos desigualmente en el tiempo. El ICIO, por ejemplo, tan ligado a la intensidad de la actividad económica en un sector concreto, y que va a la partida de Ingresos Corrientes, crea problemas graves en momentos de escasa actividad como ahora. Por ello, hay que ahondar el principio de autonomía para fortalecer la capacidad de decisión de los Gobiernos.

 

Respecto a las transferencias, no hay un modelo integral de financiación que respete el principio de equidad vertical, al tiempo que se producen inequidades mantenidas y agravadas históricamente por el sistema dual (el de variables y el de cesión de tributos). La evolución, desde 2004 que fue el año base, ha sido muy errática y, con la crisis, se ha visto que el grupo de municipios incluidos en el régimen de cesión ha sufrido más.

 

Asimismo consideró necesario el despliegue de la Participación en los Ingresos Tributarios de las Comunidades Autónomas (PICAs), aumentando la distribución garantizada y no finalista de las transferencias entre otras cosas, para evitar algo que se ha venido practicando en las últimos décadas: destinar fondos condicionados que, aunque han ayudado a crear equipamientos en unos casos, en otros, han provocado un aumento de los gastos estructurales de los Ayuntamientos. En este ámbito, el profesor propuso contemplar medidas de discriminación positiva en los municipios radicados en territorios forestales.

 

Bases para el consenso

 

Tras un repaso a la situación de la deuda publica, a la que los Gobiernos Locales contribuyen en porcentajes mínimos, el profesor Suárez Pandiello volvió la vista atrás para referirse al estudio sobre “financiación Local en España” que hace cuatro años realizó para la FEMP y que sirvió de base para establecer el primer documento de negociación con el Gobierno para la reforma de la financiación local.

 

En esta línea, propuso un modelo de financiación basado en los principios de suficiencia, autonomía, eficiencia, equidad, responsabilidad fiscal y lealtad institucional; la delimitación de un espacio fiscal propio y el establecimiento de un sistema dual de financiación local. La financiación tiene que guardar una proporción entre los ingresos procedentes de la tributación propia y las transferencias intergubernamentales (Central y autonómicos).

 

Respecto a los Tributos Locales se mostró partidario de reforzar el IBI como tributo nuclear, reconfigurar el gravamen sobre actividades económicas y, sobre todo, aplicar el principio de beneficio mediante cargas sobre el usuario (tasas y precios públicos).