FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Los derechos humanos y la gobernabilidad basada en el Estado de derecho van de la mano. Sin paz o estabilidad es imposible alcanzar el desarrollo sostenible. El mundo, cada vez más fracturado, cuenta con regiones tanto de paz, seguridad y prosperidad, como de conflicto y violencia. Una situación que se ve reflejada en los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que a finales de 2017 mostraban que “68,5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas como resultado de la persecución, el conflicto, la violencia o las violaciones de los derechos humanos”. 

Y por razones como ésta es por lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben encontrar soluciones duraderas a los conflictos que generan falta de derechos e inseguridad entre las personas. Para ello, “el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental por parte de las instituciones”, señalan. Porque “la paz también trae nuevas oportunidades de negocios aumentando la estabilidad, mejorando las perspectivas económicas y construyendo el tejido social y económico en una comunidad”, añaden. 

Desde España, en el ámbito de la lucha contra la desigualdad “ha de situarse la promoción de la igualdad de acceso a la justicia, como un elemento más de cohesión social, base de una sociedad democrática, porque la vulnerabilidad económica, social o educativa no puede ser nunca un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que proporciona a los ciudadanos”, según destaca el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Indica, además, que “las ciudades y los pueblos son el hogar común de millones de personas, y las instituciones que las gobiernan pueden tener un papel clave en la consecución de dichos objetivos”. 

Por estas razones la ONU ha establecido las siguientes metas: 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

Reforzar las instituciones es reforzar los derechos de los ciudadanos. Aquí quedan recogidas algunas de las prácticas que ejemplifican el trabajo de las Entidades Locales en este ámbito…