FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La FEMP, a través del Presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima, Juan Espadas, Alcalde de Sevilla, considera que los compromisos concretos que se deriven de esta Cumbre deben aplicarse en todos los ámbitos institucionales, pero muy especialmente en las Administraciones Locales. Por ello, el éxito de las medidas adoptadas en París depende en buena medida de que las ciudades asuman el reto de reducir las emisiones y de diseñar ciudades más sostenibles.

El Alcalde de Sevilla señala que lo acordado en París debe aplicarse en todos los ámbitos institucionales y especialmente en las Administraciones Locales, “que seremos luego responsables de implementar las políticas públicas desde la participación y el consenso con la población”.

 

El texto aprobado en la capital francesa, con el que se pretende mantener el cambio climático por debajo de dos grados centígrados, reconoce por primera vez la importancia de las ciudades y de las regiones en este objetivo; de ahí que los responsables locales hayan manifestado su intención de compensar las “debilidades” del pacto con una mayor movilización y coordinación desde su ámbito de actuación, tal y como expresó el Comité de las Regiones (CdR) en boca de su Presidente, Markku Markkula.

 

El CdR destaca el hecho de que el pacto reconozca de manera explícita el papel de los Gobiernos Locales en la lucha contra el cambio climático, pero advierte que no articula los mecanismos de implicación en las políticas climáticas, por eso es necesaria la movilización y la coordinación de esfuerzos utilizando los mecanismos existentes, como el Pacto de Alcaldes, la iniciativa por la que más de 6.500 Entes Locales y Regionales de toda Europa se comprometen a ir más allá de los objetivos europeos en energía y cambio climático. España es después de Italia el país con mayor número de adhesiones, casi 1.500.

 

Prioridades de actuación

 

Juan Espadas apunta como líneas prioritarias de actuación la movilidad y el tráfico, centrando los esfuerzos en el transporte público y en unas infraestructuras orientadas a la movilidad sostenible, fomentando el uso de la bicicleta y de coches eléctricos o la circulación a pie. También sería “imprescindible” la apuesta por las energías renovables, la reducción del consumo energético y el desarrollo de construcciones y edificios sostenibles.

 

En todos estos campos centra su actividad la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP, un “modelo a seguir” en toda Europa, actuando en varias direcciones: el transporte sostenible, la utilización de las energías renovables en todos los edificios públicos, la propia vocación de ahorro energético que debe establecerse de forma generalizada en las ciudades y la aplicación de un urbanismo sostenible.

 

La Red fue creada en 2005 y cuenta actualmente con 289 Entidades Locales asociadas, que suman 27,5 millones de habitantes, más del 50% de la población de España.

 

La FEMP, considera que los pasos que se han dado hasta ahora son insuficientes y que hay que avanzar mucho todavía para que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de la lucha contra el cambio climático y la defensa del Medio Ambiente, actuando como consumidores responsables y exigentes.

 

Este reto puede afrontarse, además, con una adecuada información, con una política de incentivos y apoyo al consumo de productos que contribuyan a un desarrollo sostenible y dando ejemplo desde las decisiones y las iniciativas que se adopten desde las Administraciones Públicas.

 

La FEMP apuesta también por el establecimiento de sinergias, acuerdos de colaboración y mecanismos de interacción entre las distintas ciudades europeas, porque cada municipio tiene una realidad específica, pero en su mayoría afrontan problemas comunes. Las ciudades españolas pueden aprender mucho de otras ciudades europeas, pero también éstas pueden reproducir iniciativas de éxito que se desarrollan en Ayuntamientos españoles.

 

Objetivos de París

 

La Cumbre del Clima de París se cerró con un acuerdo global para atajar el calentamiento global producido por las emisiones de gases de efecto invernadero. Los organizadores consideran que abre un camino, pero no es la meta, puesto que los esfuerzos que hay ahora sobre la mesa no son suficientes para impedir que el aumento de la temperatura a final del siglo se quede “muy por debajo de los dos grados”, el objetivo que persigue el pacto.

 

El acuerdo, que entrará en vigor en 2020, pide elevar los “flujos financieros” para caminar hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Todos los países firmantes deberán limitar sus emisiones, aunque los desarrollados tendrán que hacer un mayor esfuerzo y movilizar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020.

 

Hay una meta obligatoria: que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo “muy por debajo” de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1,5.

 

Mitigación

 

El principal instrumento sobre el que se construye el acuerdo son las llamadas “contribuciones” nacionales. De momento, 186 de los 195 países que negocian ya han presentado planes de reducción de sus emisiones.

 

Cuando se analizan en conjunto, estos programas de reducción de emisiones dan como resultado un incremento de la temperatura a final de siglo de cerca de tres grados. Por eso, el acuerdo establece que las contribuciones se revisarán cada cinco años al alza.

 

Otro de los instrumentos clave del acuerdo es la creación de inventarios para poder hacer un buen seguimiento de los programas nacionales de reducción. Se perfilan tres categorías: los desarrollados, que deberán dar completa información; los emergentes, que tendrán una menor exigencia; y los más pobres, que tendrán el nivel mínimo de obligaciones.

 

Financiación

 

Para que los países con menos recursos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y para que puedan reducir también sus emisiones se establece la obligación de que exista ayuda internacional.

 

Los países desarrollados son los que deben movilizar los fondos. Otros Estados podrán aportar también, pero de forma “voluntaria”. El compromiso es lograr hasta 2025 que se movilicen 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año.

 

El papel de las comunidades locales

 

El texto emanado de la Cumbre reconoce “con satisfacción” los esfuerzos de todos los interesados que no son Partes, incluidos los de la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades subnacionales, para hacer frente al cambio climático y adoptar medidas de respuesta.

 

Añade la necesidad de reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas en relación con la lucha contra el cambio climático y la adopción de medidas de respuesta y establece una plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la adaptación de manera holística e integrada.

 

Las partes firmantes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos, incluidas las autoridades locales, pero añaden que esta labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante un enfoque que deje el control en manos de los países; eso sí, manifiestan su intención de “inspirarse” en la mejor información científica disponible y en los “conocimientos tradicionales” de los pueblos indígenas y de los “sistemas de conocimientos locales”.

 

En otro punto del texto del acuerdo, se señala la necesidad de mantener y promover la cooperación regional e internacional con el fin de movilizar una acción más vigorosa y ambiciosa para hacer frente al clima, por todas las Partes y por los interesados que no son Partes, incluidos la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades subnacionales, las comunidades locales y los pueblos indígenas.