Las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente, de Vivienda, Urbanismo y Suelo, y de Inmigración, en las que la FEMP participa, se centraron en sus encuentros del pasado marzo en el planteamiento de programas y grupos de trabajo para impulsar la unidad de mercado en sus respectivos ámbitos. El objetivo es adaptar la normativa de forma que los agentes económicos relacionados con estos sectores puedan operar con más facilidad en un mercado más productivo, con menos costes, más eficiente y en beneficio de los intereses generales.
En el caso de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, tras presentarse el informe para el análisis de la normativa que regula las actividades sometidas a control ambiental y urbanístico, se acordó poner en marcha el plan de colaboración entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que arrancará el segundo trimestre de este año. El Ministerio de Fomento ha pedido a las Comunidades Autónomas y a la FEMP sus aportaciones de cara a establecer las medidas que deberán formar parte de este Plan.
Según explicó Rafael Catalá, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española. Y añadió que la normativa tanto estatal como autonómica y municipal, reguladora de los sectores económicos derivados del urbanismo, el suelo y la vivienda, jugará un papel fundamental en las propuestas de cambios necesarios para cumplir con los principios que reclama la garantía de la unidad de mercado.
El tema se analizó igualmente en el ámbito de la inmigración en el transcurso de la Conferencia Sectorial de este ámbito. En este caso, se presentó el programa correspondiente.
Medio Ambiente
En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y también en línea con la tarea de adaptar la legislación, se acordó la creación del Grupo de Trabajo del Plan de Racionalización Normativa para la Garantía de la Unidad de Mercado, “un órgano colegiado, asesor y consultivo”, adscrito a efectos administrativos a esta Conferencia Sectorial, y cuya tarea será desarrollar la segunda fase del Plan de Racionalización Normativa.
El Grupo deberá analizar las circunstancias para favorecer la participación de las diferentes Administraciones Públicas con competencias en la materia, y también de los profesionales y empresarios. Deberá servir, además, como foro de diálogo, participación y colaboración en el impulso de la cooperación entre la iniciativa pública y privada.
Su principal objetivo será elaborar el análisis de la normativa que pueda resultar afectada por la unidad de mercado y abogar por eliminar las distorsiones que pudiesen existir.
Y en cuanto a sus funciones, el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial reserva para este Grupo la responsabilidad de favorecer el diálogo y la intercomunicación entre las Administraciones Públicas para así, “promover, potenciar y proteger la unidad de mercado efectiva y real en todo el territorio nacional”. El Grupo también se ocupará de valorar y estudiar las posibles distorsiones existentes, así como determinar qué acciones pueden adoptarse dentro de la cooperación entre Administraciones Públicas para la mejor protección de la unidad de mercado.
Finalmente, el Grupo deberá analizar e intercambiar información en relación con las posibles propuestas de actuación de las Administraciones competentes y de las posibles recomendaciones a los diversos agentes económicos que intervienen, empresas e instituciones públicas o privadas, de cara a proteger la unidad de mercado en todo el territorio nacional.
Y en cuanto a su composición, la FEMP contará con un representante (Vocal) en este Grupo. Serán también Vocales los representantes de los sectores económicos afectados, los de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ocupará la Presidencia, y la Vicepresidencia corresponderá al representante de una de las Consejerías que integren la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente (ejercerán sus funciones por turno rotativo anual, empezando por la Comunidad Autónoma más antigua).
Antecedentes
La creación del Grupo en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y el acuerdo para poner en marcha un Plan de Trabajo, en la Conferencia Sectorial de Urbanismo, Vivienda y Suelo, son el último paso dado, hasta el momento, en un recorrido que comenzó en 2012, con la creación del llamado Grupo de Trabajo Interministerial para la Garantía de la Unidad de Mercado.
La unidad de mercado nacional significa libre circulación y prestación de bienes y servicios y libre acceso y ejercicio de las actividades económicas en el territorio español. Se trata de un principio básico de integración económica que la Constitución reconoce en su artículo 139.2, y también de un principio irrenunciable para la competitividad de la economía española.
Así, y al objeto de garantizar este principio, se creó el Grupo Interministerial y se le adjudicó un programa de trabajo en el que se le encomendaba estudiar las medidas para acabar con la fragmentación del mercado nacional y establecer, en todos los niveles de la Administración, un modelo regulatorio de las actividades económicas que fuese más eficiente y simplificado.
Dicho programa se asentó sobre dos pilares: por un lado, elaborar el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y, por otro, elaborar un Plan de Racionalización Normativa, en cuyo marco se prevé la cooperación administrativa para la aplicación de la ley; la preparación de las propuestas de modificación normativa pertinentes para eliminar posibles obstáculos a la unidad de mercado establecidos por las distintas Administraciones; y finalmente, el desarrollo de acciones de formación para la implantación de las medidas.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, el pasado mes de diciembre de 2013, se establecía un plazo de tres meses para convocar las Conferencias Sectoriales con el fin de analizar la normativa estatal, autonómica y local reguladora de los correspondientes sectores económicos y elaborar una propuesta de cambios normativos.