A la fecha señalada, de acuerdo con las estimaciones aportadas por distintas Administraciones los daños totales se cifraban por encima de los 150 millones de euros: 20 millones de euros en bienes de particulares y 130 millones de euros en bienes públicos, destacando playas, puertos e infraestructuras ferroviarias.
Dada la naturaleza de los daños y atendiendo al importante número de establecimientos mercantiles que en playas y zonas costeras resultaron afectados, el Real Decreto-Ley aprobado, además de las medidas de ayuda más comunes ante este tipo de sucesos catastróficos, contiene disposiciones específicas para ayudar en particular a empresas de pequeño tamaño que hayan visto dañados sus establecimientos turísticos y de otra naturaleza, ampliando las ayudas ya existentes.
Además, para que los municipios costeros concernidos puedan reparar los daños antes del comienzo de la temporada turística, se incluye una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), con el fin de financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados.
La normativa incluye, entre otras cuestiones, ayudas a las Corporaciones Locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia, como, por ejemplo retirada de arenas o limpieza de vías y paseos marítimos.
En relación con las infraestructuras locales, se prevé la posibilidad de financiar hasta el 50% del coste de la reparación de los servicios afectados y se tramitarán por el procedimiento de emergencia las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, de las mancomunidades y de la red viaria de las Diputaciones Provinciales.
El Real Decreto-Ley, contempla también la aplicación de beneficios fiscales (reducción en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a 2014 y exención del Impuesto de Bienes Inmuebles del mismo año en determinados casos), reducciones fiscales especiales para actividades agrarias y también medidas laborales y de Seguridad Social.
El Presidente de la FEMP ha destacado la preocupación demostrada en todo momento por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la situación generada por las tormentas y ha enfatizado que su contribución e implicación han resultado esenciales para que estas ayudas vieran la luz lo antes posible
La norma, que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado del 22 de febrero, también recoge en su Disposición Adicional decimosexta la relación de inversiones que se consideran “financieramente sostenibles” a efectos de aplicación del superávit de los Ayuntamientos (más información en las páginas 8 y 9 de esta edición).