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La FEMP insta a Gobierno y Parlamento a modificar los PGE para permitir la reinversión del superávit
La limitación al uso del superávit presupuestario de las Entidades Locales que contempla en su redactado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 fue el tema central de la Junta de Gobierno que, con carácter extraordinario, se celebró el pasado 6 de abril. La reclamación de un texto que abra los plazos de contratación de inversiones hasta 2018 centró las demandas locales que se elevarán a los grupos parlamentarios de Congreso y Senado para su defensa en el trámite de los PGE 2017, y quedó plasmada en una Resolución que también se dirigirá a los Gobiernos Locales de toda España.
La Junta Extraordinaria de Gobierno, reunida el 6 de abril, aprobó por unanimidad la Resolución (que se reproduce en estas páginas) en la que insta al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios a incluir una modificación en la Disposición Adicional 92 de la Ley de PGE para 2017, que permita a las Entidades Locales reinvertir los más de 7.000 millones de superávit alcanzados en 2016.
El redactado actual limita a 2017 el periodo para contratación de nuevos proyectos. Si se tiene en cuenta que la Ley de PGE no estará aprobada hasta el próximo junio, y que los periodos medios de contratación de nuevos proyectos suelen superar los siete meses, el resultado es que en lo que quedase de 2017 resultaría imposible formalizar este trámite. Por ello, se pide una modificación normativa que prevea que tanto la contratación como la ejecución de ese superávit pueda realizarse en los años 2017 y 2018. En su actual redactado, “la norma, pura y simplemente imposibilita el que podamos gastar y ejecutar los superávits en nuestros Ayuntamientos”, subrayó el Presidente de la FEMP, Abel Caballero. “La redacción es una trampa encubierta” y por ello “pedimos que se amplíe el ámbito para poder utilizar ese superávit, y que lo podamos utilizar”. La imposibilidad de reinvertir el superávit se ha convertido para el municipalismo en un “casus belli”, y, a estos efectos, ha anunciado que “vamos a por todas”.
Así, anunció que la Resolución aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno Extraordinaria se remitirá a todas las Entidades Locales para que la respalden en sus Plenos y que, además, convocará un Consejo Territorial Extraordinario con el mismo objetivo. “Y no descarto convocar también a Juntas de Gobierno de las Federaciones Territoriales y a los Presidentes de las Diputaciones Provinciales para ratificar este acuerdos”, aseguró, aclarando que se trataría de una convocatoria de casi 300 personas, para ratificar este acuerdo. En el caso de que la demanda no obtenga respuesta positiva, se baraja convocar “a los 8.125 Ayuntamientos”.
Caballero pidió “una norma que sea realista con los plazos” porque de ello “se beneficiarán los ciudadanos de los municipios de España, algo tan sensato como esto”. Asimismo, recordó que “sin la aportación rigurosa y seria de las Corporaciones Locales, el Gobierno de España hubiera incumplido clamorosamente con Europa”, por lo que esta respuesta del Ejecutivo representa “un agravio antimunicipal intolerable”, ya que “se nos responde castigándonos cuando hemos conseguido un superávit récord por haber tratado nuestras cuentas públicas con rigor y seriedad”.
Tasa de reposición
En la Junta de Gobierno Extraordinaria también se abordó la tasa de reposición de los efectivos de la Administración Local. El Presidente recordó que desde la FEMP se había solicitado una tasa de reposición del 100% en 2017 y la recuperación, en un plazo razonable, de los 100.000 efectivos perdidos desde 2012.
Sobre la primera de estas cuestiones, Caballero manifestó que, aunque el Gobierno no había aceptado el 100%, sí que representaba “un paso adelante” el hecho de admitir ese porcentaje de reposición para la “atención a la ciudadanía en los servicios públicos”, entre los que se incluyen ámbitos como el transporte público, por ejemplo.
En cuanto a la recuperación de efectivos, el Presidente destacó que, en la actualidad, los Gobiernos Locales necesitan, sobre todo, personal altamente cualificado. Con ello explicó que la recuperación de efectivos supone recuperación de puestos de trabajo, pero no necesariamente en las mismas funciones ni en los mismos ámbitos. porque “las nuevas formas de hacer política local requieren de ese nuevo empleo”.
El primer paso, en la Cámara Alta
El Grupo Socialista del Senado fue el primero en recibir la Resolución de la FEMP, tras el acuerdo de la Junta Extraordinaria de Gobierno. Ocurrió el día 19 de abril, cuando una delegación de la FEMP, formada por el propio Presidente, el Secretario General, Juan Ávila, y la Directora General de Política Institucional, Eli Fernández, fueron recibidos por una representación del Grupo, encabezada por su Portavoz, Vicente Álvarez Areces.
En la comparecencia posterior, Caballero resumió el objetivo de este encuentro diciendo que se trata de “poner en el debate político lo que está sucediendo en la política municipal, 8.125 Ayuntamientos en los que se gobierna a 47 millones de personas”. Y así, explicó que, en los últimos años, en lo referente a cumplimiento de los requisitos de Bruselas, “los que estamos siendo capaces de cumplir hemos sido los Ayuntamientos”, tanto en el apartado déficit como en el de deuda.
Insistió en que, en los últimos cinco años el superávit acumulado alcanza casi 26.000 millones de euros, medio punto de PIB con un superávit “que ya es estructural”. En deuda, añadió, se cumplen los objetivos de 2021 y además “somos buenos pagadores”. Y subrayó que “no estamos dispuestos” a que las Administraciones ineficientes sigan siéndolo porque “nosotros, los Ayuntamientos y Diputaciones, resolvemos el problema”.
Por todo ello, justificó, “le planteamos al Gobierno de España que traiga al Legislativo, en los PGE, la capacidad de que Ayuntamientos y Diputaciones podamos utilizar los 7.000 millones de euros de superávit”.
En la propuesta de enmienda presentada también se hace referencia a la demanda municipalista de elevar al 100% la tasa de reposición de los efectivos locales en 2017, y recuperar poco a poco, los empleos públicos perdidos en los últimos cinco años. “Ahora que tenemos superávit y queremos dar buenos servicios, queremos esa tasa de reposición del 100%, para dar mejores servicios y generar empleo.
Por su parte, Vicente Alvarez Areces, señaló que el Grupo Socialista fortalecerá la acción política del municipalismo, en un momento de gran relevancia para más de 8.000 Ayuntamientos que trabajan para los ciudadanos, y ofreció el Senado como Cámara para la acción política coordinada con los municipios en defensa de los intereses de los ciudadanos. Anunció que su Grupo trabaja ya en iniciativas parlamentarias para la acción política en favor de los grandes problemas del municipalismo como la financiación, la despoblación, o la delimitación de competencias.
El redactado actual limita a 2017 el periodo para contratación de nuevos proyectos. Si se tiene en cuenta que la Ley de PGE no estará aprobada hasta el próximo junio, y que los periodos medios de contratación de nuevos proyectos suelen superar los siete meses, el resultado es que en lo que quedase de 2017 resultaría imposible formalizar este trámite. Por ello, se pide una modificación normativa que prevea que tanto la contratación como la ejecución de ese superávit pueda realizarse en los años 2017 y 2018. En su actual redactado, “la norma, pura y simplemente imposibilita el que podamos gastar y ejecutar los superávits en nuestros Ayuntamientos”, subrayó el Presidente de la FEMP, Abel Caballero. “La redacción es una trampa encubierta” y por ello “pedimos que se amplíe el ámbito para poder utilizar ese superávit, y que lo podamos utilizar”. La imposibilidad de reinvertir el superávit se ha convertido para el municipalismo en un “casus belli”, y, a estos efectos, ha anunciado que “vamos a por todas”.
Así, anunció que la Resolución aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno Extraordinaria se remitirá a todas las Entidades Locales para que la respalden en sus Plenos y que, además, convocará un Consejo Territorial Extraordinario con el mismo objetivo. “Y no descarto convocar también a Juntas de Gobierno de las Federaciones Territoriales y a los Presidentes de las Diputaciones Provinciales para ratificar este acuerdos”, aseguró, aclarando que se trataría de una convocatoria de casi 300 personas, para ratificar este acuerdo. En el caso de que la demanda no obtenga respuesta positiva, se baraja convocar “a los 8.125 Ayuntamientos”.
Caballero pidió “una norma que sea realista con los plazos” porque de ello “se beneficiarán los ciudadanos de los municipios de España, algo tan sensato como esto”. Asimismo, recordó que “sin la aportación rigurosa y seria de las Corporaciones Locales, el Gobierno de España hubiera incumplido clamorosamente con Europa”, por lo que esta respuesta del Ejecutivo representa “un agravio antimunicipal intolerable”, ya que “se nos responde castigándonos cuando hemos conseguido un superávit récord por haber tratado nuestras cuentas públicas con rigor y seriedad”.
Tasa de reposición
En la Junta de Gobierno Extraordinaria también se abordó la tasa de reposición de los efectivos de la Administración Local. El Presidente recordó que desde la FEMP se había solicitado una tasa de reposición del 100% en 2017 y la recuperación, en un plazo razonable, de los 100.000 efectivos perdidos desde 2012.
Sobre la primera de estas cuestiones, Caballero manifestó que, aunque el Gobierno no había aceptado el 100%, sí que representaba “un paso adelante” el hecho de admitir ese porcentaje de reposición para la “atención a la ciudadanía en los servicios públicos”, entre los que se incluyen ámbitos como el transporte público, por ejemplo.
En cuanto a la recuperación de efectivos, el Presidente destacó que, en la actualidad, los Gobiernos Locales necesitan, sobre todo, personal altamente cualificado. Con ello explicó que la recuperación de efectivos supone recuperación de puestos de trabajo, pero no necesariamente en las mismas funciones ni en los mismos ámbitos. porque “las nuevas formas de hacer política local requieren de ese nuevo empleo”.
El primer paso, en la Cámara Alta
El Grupo Socialista del Senado fue el primero en recibir la Resolución de la FEMP, tras el acuerdo de la Junta Extraordinaria de Gobierno. Ocurrió el día 19 de abril, cuando una delegación de la FEMP, formada por el propio Presidente, el Secretario General, Juan Ávila, y la Directora General de Política Institucional, Eli Fernández, fueron recibidos por una representación del Grupo, encabezada por su Portavoz, Vicente Álvarez Areces.
En la comparecencia posterior, Caballero resumió el objetivo de este encuentro diciendo que se trata de “poner en el debate político lo que está sucediendo en la política municipal, 8.125 Ayuntamientos en los que se gobierna a 47 millones de personas”. Y así, explicó que, en los últimos años, en lo referente a cumplimiento de los requisitos de Bruselas, “los que estamos siendo capaces de cumplir hemos sido los Ayuntamientos”, tanto en el apartado déficit como en el de deuda.
Insistió en que, en los últimos cinco años el superávit acumulado alcanza casi 26.000 millones de euros, medio punto de PIB con un superávit “que ya es estructural”. En deuda, añadió, se cumplen los objetivos de 2021 y además “somos buenos pagadores”. Y subrayó que “no estamos dispuestos” a que las Administraciones ineficientes sigan siéndolo porque “nosotros, los Ayuntamientos y Diputaciones, resolvemos el problema”.
Por todo ello, justificó, “le planteamos al Gobierno de España que traiga al Legislativo, en los PGE, la capacidad de que Ayuntamientos y Diputaciones podamos utilizar los 7.000 millones de euros de superávit”.
En la propuesta de enmienda presentada también se hace referencia a la demanda municipalista de elevar al 100% la tasa de reposición de los efectivos locales en 2017, y recuperar poco a poco, los empleos públicos perdidos en los últimos cinco años. “Ahora que tenemos superávit y queremos dar buenos servicios, queremos esa tasa de reposición del 100%, para dar mejores servicios y generar empleo.
Por su parte, Vicente Alvarez Areces, señaló que el Grupo Socialista fortalecerá la acción política del municipalismo, en un momento de gran relevancia para más de 8.000 Ayuntamientos que trabajan para los ciudadanos, y ofreció el Senado como Cámara para la acción política coordinada con los municipios en defensa de los intereses de los ciudadanos. Anunció que su Grupo trabaja ya en iniciativas parlamentarias para la acción política en favor de los grandes problemas del municipalismo como la financiación, la despoblación, o la delimitación de competencias.
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