FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Así lo ha manifestado el Vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en sus recientes intervenciones parlamentarias, en una de las cuales, en el Senado, no descartó la aprobación de un nuevo fondo de inversión local para el año próximo. Un anuncio que fue bien recibido,  aunque el representante de la Comisión Bilateral Gobierno-FEMP para la reforma de la Financiación Local, Ramón Ropero, advirtió en el Senado que lo prioritario sigue siendo una financiación incondicionada y permanente.

La posibilidad de que el Gobierno apruebe un nuevo fondo de inversión local en 2011 fue mencionada por el Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en una comparecencia en el Senado, pero también la supeditó, según sus palabras, a la situación económica y a la capacidad de los Ayuntamientos de absorber nuevos fondos. En este marco, el Vicepresidente Tercero volvió a expresar que el Gobierno está comprometido “a dar la respuesta que necesitan los Ayuntamientos” y que esa respuesta se quiere fraguar con “los necesarios consensos políticos” para que los Gobiernos Locales puedan contar en 2011 con un nuevo marco de referencia.

Chaves no ocultó en su discurso la “enorme complejidad del trabajo”, puesto que, según explicó, hay que tener en cuenta la situación económica y el hecho de que la financiación local está vinculada en algunos aspectos a otras Administraciones. Además  –añadió- la mejora de la capacidad financiera está también estrechamente relacionada con la “adecuada definición de su ámbito de actuación”.  Se refería a la nueva Ley de Gobierno Local, que aportará “más gobierno local, una mejor definición de las competencias, mayor transparencia y control político y más participación”.

Respecto a esta Ley, el Ministro avanzó que reforzará la autonomía local y que definirá claramente las competencias que son propias de las Entidades Locales, de tal forma que el ejercicio de éstas se realice a partir de una cláusula general que las determine y una cláusula de garantía que reconozca el derecho de los municipios a participar en la elaboración de planes e instrumentos específicos como la ordenación del territorio o los planes de vivienda, entre otros.

El Gobierno pretende que el Proyecto de Ley recoja “todo aquello que constituye el común denominador de los Ayuntamientos”, respetando el ámbito legislativo autonómico y también la autonomía local. “La reforma no sería completa –apuntó Chaves- si no abordamos de forma conveniente la potestad normativa que deben tener las Entidades Locales sobre los asuntos que son de su competencia”. Para ello, el nuevo texto dará respuesta a las “insuficiencias actuales”, regulando el procedimiento de normas locales y fijando unos tipos básicos. Aquí aludió al Estatuto municipal y provincial, las ordenanzas, los decretos de Alcaldía y de la Junta de Gobierno.

Manuel Chaves volvió a recordar que su Ministerio está en el proceso de contactos con todas las fuerzas políticas y que de estos encuentros espera que surja pronto, en este mismo periodo de sesiones parlamentarias, el que calificó como nuevo Estatuto de Autonomía de los Municipios Españoles.

La respuesta de los grupos políticos

La mayoría de los grupos de la Cámara Alta, como el vasco, el catalán o el de la Entesa Catalana de Progrés, coincidieron en valorar la mano tendida por Chaves en aras de un consenso que todos consideraron imprescindible. El senador del PNV Joseba Zubía remarcó  la necesidad y urgencia de ambos proyectos y pidió que el debate se haga "sin prisas" y que se tenga en cuenta la opinión del Senado. El portavoz de CiU, Joan María Roig, señaló que los grupos aún no tienen ningún documento sobre el que trabajar y consideró que el consenso es posible. El senador de la Entesa Joan Josep Nuet, afirmó que por el momento "la música suena bien", aunque habrá que conocer la letra.

Desde el Grupo Socialista, su portavoz Manuel Arjona aseguró que el nuevo marco en el que trabaja el Gobierno con los dos proyectos citados es más acorde con la realidad social de España y sus municipios y confió en que se llegue a un acuerdo con los partidos y con la FEMP.  El senador del PP, Jesús Sedano, expuso su escepticismo con los plazos señalados por Chaves para la tramitación de las dos leyes y aseguró que su partido está siempre dispuesto al diálogo para llegar a acuerdos pero no "para perder el tiempo".

Postura de la FEMP

Justo al día siguiente de la comparecencia de Manuel Chaves, intervino también en la Cámara Alta,  ante la Comisión de Entidades Locales, el representante de la FEMP, Ramón Ropero, Alcalde de Villafranca de los Barros. En su calidad de miembro de la Comisión bilateral que negocia con el Gobierno la nueva financiación local, afirmó que el objetivo de la FEMP es que el 1 de enero de 2011 estén en vigor las dos leyes, de Gobierno Local y de Financiación. Más que un nuevo Fondo Local, lo que necesitan los Ayuntamientos es un nuevo sistema de financiación, suficiente y permanente, señaló.

En la misma sesión parlamentaria, intervinieron ese día los Presidentes de las Federaciones Territoriales de Municipios de Castilla y León, el Alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto; de Castilla–La Mancha, el Alcalde de Talavera, Francisco Rivas Cid; y de Madrid, el Alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González. Todos ellos coincidieron en que la situación económica que atraviesan en estos momentos los municipios es insostenible y reclamaron la  reforma urgente del modelo de financiación.
 
Ramón Ropero hizo hincapié en una de las principales reivindicaciones de los municipios: la participación de los Gobiernos Locales en los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas (PICAs). Al respecto, apuntó que garantizar esta participación será una condición esencial para que el nuevo sistema sea justo, equitativo y eficaz, y afirmó que  no debería cerrarse un acuerdo sin incorporar su regulación.

Las PICAs están establecidas en la Constitución y su “no desarrollo” podría constituir un grave incumplimiento de las previsiones constitucionales, según el representante de la FEMP, quien además, señaló que los fondos que provengan por este concepto deben ser completamente incondicionados.  “Qué pasaría si las Corporaciones Locales decidieran ir al Tribunal Constitucional para que las Comunidades Autónomas apliquen la Constitución”, se preguntó.

Ramón Ropero recordó a los senadores que los Ayuntamientos prestan muchos servicios que son competencia autonómica y que, además existen numerosos programas y proyectos de ejecución de políticas sectoriales, promovidos principalmente por las Comunidades Autónomas, que una vez ejecutados con la colaboración de los Ayuntamientos, generan una necesidad en la ciudadanía “que nos obliga a costear solos la continuidad de esas políticas”.  “No son pocos los proyectos y programas que proponen las Comunidades Autónomas y que luego abandonan”, afirmó el Alcalde extremeño. Una situación que provoca “una pérdida evidente de autonomía de gasto y de decisión”.

Otros de los puntos esenciales de la posición de la FEMP en la negociación con el Gobierno,  además de las PICAs, es la necesidad de corregir la “insuficiente participación” en los ingresos generales del Estado (PIE), de acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y equidad. Sobre este punto, pidió que el Estado ponga sobre la mesa recursos adicionales para los Ayuntamientos, “lo mismo que ha hecho con las Comunidades Autónomas” y que, además, el nuevo modelo de financiación fije un techo y un suelo para evitar fluctuaciones excesivas, tanto por arriba como por abajo, como ocurre con el actual sistema.

La FEMP también reclama un sistema fiscal propio que incluya, entre otras cosas, una revisión de los recursos tributarios, mejorando la gestión tributaria y recaudatoria de los mismos, pero sin incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Actualmente, más del 51% de los ingresos de las Entidades Locales proceden de la fiscalidad. “Creemos que este porcentaje es suficiente y, por tanto, proponemos mantener el abanico de los hechos imponibles”, dijo.

Ramón Ropero insistió también en otra de las reivindicaciones principales de los Gobiernos Locales: su presencia con voz y voto, a través de la FEMP, en  el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A su juicio, no es de recibo que una de las tres partes del Estado quede fuera del foro en el que se deciden cuestiones de tanta importancia. “Señorías. Refórmese lo que se tenga que reformar, pero no podemos seguir así”. 

Por último, reafirmó el pleno compromiso de los Ayuntamientos, las Diputaciones y los Cabildos y Consejos Insulares en la lucha contra la crisis –“lo hemos venido haciendo siempre; y lo haremos ahora con el Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2012”- pero también señaló que sólo con la voluntad no basta, “es necesario alcanzar un acuerdo cuanto antes sobre el nuevo modelo de financiación local”, porque una financiación local justa y suficiente “va a ser bueno para el Estado y va a ser bueno para los ciudadanos”.