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23 Noviembre 2024

Austeridad y eficiencia de las Administraciones Públicas, objetivo del nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, tomó posesión el pasado 22 de diciembre; trece ministros y ministras al frente de otros tantos departamentos cuya misión principal será sacar a España de la crisis en las mejores condiciones posibles. Para lograr este objetivo el conjunto de las Administraciones Públicas tendrán que actuar con la austeridad y eficiencia que demandan las circunstancias. Una tarea que dependerá en buena parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con Cristóbal Montoro al frente, pero también del resto del Gabinete, en el que hay personajes destacados que conocen bien el mundo local, como el propio Mariano Rajoy y los nuevos Ministros de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.



La estructura del nuevo Gobierno confiere al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, además de la ejecución de la política de hacienda pública, las competencias sobre función pública, la reforma y organización de la Administración del Estado y las relaciones con las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Este departamento y su Ministro, Cristóbal Montoro, será, por tanto, el principal interlocutor de la FEMP en las cuestiones de gran trascendencia relacionadas con los Gobiernos Locales españoles, incluida la muy importante del control de gasto.

 

No será la primera vez que Cristóbal Montoro y los representantes de la FEMP se sienten a una misma mesa de negociación; ya lo hicieron en su día cuando el nuevo Ministro ocupó también entonces la cartera de Hacienda para acordar una modificación del sistema de financiación local. Todo apunta a que en esta nueva etapa ambas partes volverán a verse las caras para retomar este asunto pendiente.

 

Otro de los Ministerios que tendrá especial incidencia en la actuación de las Entidades Locales es el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que presidirá Ana Mato, sobre todo en lo que se refiere a estas dos últimas materias. A la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad le corresponderá la ejecución de las políticas relativas a cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor y de atención a personas dependientes y de igualdad, cuestiones todas ellas muy relacionadas con algunos de los servicios de proximidad más importantes que prestan los Ayuntamientos.

 

La FEMP deberá trabajar también muy de cerca con algunas de las áreas integradas en otros Ministerios, como el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente –de Arias Cañete-, en especial con la Secretaría de Estado encargada de los temas medioambientales. Al igual que con el área de Seguridad del Ministerio del Interior, a cuyo frente está Jorge Fernández Díaz, en todos aquellos programas y actuaciones que tienen que ver con la coordinación entre distintos cuerpos de policía.

 

El titular de Industria, Energía y Turismo es José Manuel Soria, que fue Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria desde 1995 hasta 2003 e, incluso, formó parte de la Ejecutiva de la FEMP. Las tres Secretarías de Estado de este Ministerio –Energía, Turismo y Sociedad de la Información- afrontarán políticas y programas de interés para los Ayuntamientos, por ejemplo en el terreno energético y turístico.

 

Otro de los nombres destacados del nuevo Gobierno es Alberto Ruiz Gallardón, hasta ahora Alcalde de Madrid y nuevo Ministro de Justicia, un departamento con el que la FEMP se coordina en materias relacionadas con los juzgados de paz o la pluralidad religiosa en el ámbito municipal, entre otras.

 

Medidas urgentes

Mariano Rajoy anunció en su discurso de investidura que negociará con todas las Administraciones Públicas un pacto por la austeridad y la eficiencia para extender las medidas del control del déficit que pondrá en marcha con carácter inmediato. Entre estas medidas figura una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que se presentará en enero y que fijará un límite de déficit máximo del 0,4% del PIB a partir de 2020 para el conjunto de las Administraciones.

El pacto incluirá, según explicó Rajoy, una reforma de la Ley de Subvenciones, que elimine normativa y fije criterios homogéneos para su concesión, y la presentación de una Ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública, en el primer trimestre del año. Con este acuerdo entre Administraciones se pretende, además, reforzar los controles previos para que los gestores no asuman compromiso de gasto sin respaldo presupuestario y que haya “menos y mejores leyes” y procedimientos administrativos más simples y más ágiles.

El Presidente del Gobierno resumió en tres puntos las principales acciones que tiene previsto llevar a cabo de manera urgente: las que afectan a la estabilidad presupuestaria, el saneamiento del sector financiero y un paquete de reformas estructurales para conseguir una economía más flexible y competitiva y la moderación de costes y precios, con la creación de empleo como objetivo irrenunciable.

En materia de estabilidad presupuestaria, Rajoy afirmó que España se ha adelantado a Europa con la reforma constitucional emprendida recientemente, pero añadió que hay que ir “más allá”, con una Ley que consiga una reducción progresiva del nivel de deuda hasta el 60% en 2020.

Igualmente, de forma inminente, el futuro Gobierno aprobará un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes con la prórroga de los Presupuestos y un acuerdo de no disponibilidad de gasto para cumplir con el déficit, que debe bajar al 4,4% en 2012.

Una vez conocidos los datos de cierre de 2011 y con el nuevo cuadro macro económico, el Gobierno presentará antes del 31 de marzo unos nuevos Presupuestos Generales para 2012. La reestructuración del sistema financiero tendrá lugar en los primeros seis meses del año.

En el discurso de investidura también aludió a otras medidas urgentes que tomará su Gobierno como la reestructuración o supresión de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas, la racionalización de los medios materiales de la Administración y el recorte de los gastos corrientes o el retraso del pago del IVA a autónomas y PYMES hasta que cobren las facturas pendientes, entre otras.

 
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