FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

España es uno de los países de la OCDE con mayor grado de descentralización. Por ello, cualquier proceso de reforma administrativa ha de extenderse, necesariamente, a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Así lo manifestó el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, unos días antes del Consejo de Ministros, en el transcurso de un acto en el que dio a conocer las líneas principales el Informe y al que asistió el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna. En el transcurso de su intervención, Mariano Rajoy hizo un reconocimiento a la Administración Local que, en 2012 consiguió reducir su déficit hasta el 0,15%, la mitad del objetivo fijado y, que lo dejará en cero en 2013, 2014 y 2015.

La reforma de las Administraciones Públicas se apoya sobre los cuatro principios mencionados. La futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aparece contemplada en el tercero, relativo a la mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas.

Además de aprobar el informe de la CORA, el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de Administración, el órgano que asumirá la ejecución coordinada de las medidas, se encargará de su seguimiento e impulso.

La Administración Pública española

Según destaca el Informe, en comparación con otros países de nuestro entorno, el tamaño de la Administración Pública española en su conjunto está por debajo de la media. Nuestro país es uno de los diez con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4% frente al 49,9% de media de la Eurozona), uno de los tres con menores ingresos.

Y en términos de personal, entre 2011 y 2013, la reducción en la Administración española ha sido de 374.800 trabajadores, con lo que, el sector público español es relativamente reducido en comparación con los demás socios de la UE.

Estabilidad presupuestaria y transparencia

Los cuatro principios que inspiran la reforma van acompañados de una serie de medidas legislativas orientadas a la ejecución de la misma. Así, en lo relativo al primero de esos principios, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por un lado, y el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, por otro, contienen las principales medidas a adoptar. La primera de estas leyes, adoptada por el Gobierno a comienzos del mandato, es de aplicación para todas las Administraciones Públicas y ya ha dado resultados: el déficit de las AAPP de 2012 se quedó en el 6,98% frente al 8,96% de 2011.

Como ya se indicó, el comportamiento del déficit en la Administración Local fue elogiado por el Presidente, que, además, explicó que en esos buenos resultados tuvieron mucho que ver los 2.700 planes de ajuste que presentaron las Entidades Locales que se adhirieron al Plan de Pago a Proveedores. Las medidas adoptadas por las Entidades Locales permitieron incrementar los ingresos en 1.108 millones de euros respecto a 2011, y reducir los gastos en 1.466 millones.

Y en cuanto a la Ley de Transparencia, el proyecto actual busca incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Racionalización

Por lo que se refiere al segundo de los principios inspiradores, la racionalización del sector público mediante la supresión de órganos y entidades duplicadas, ineficientes o no sostenibles, la CORA plantea en su informe la eliminación de duplicidades con las Comunidades Autónomas y también mejorar la eficiencia en el ejercicio de sus competencias.

El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, queda recogido en este capítulo. Como objetivo, se destaca la clarificación de competencias para evitar duplicidades y se limita el ejercicio de “competencias impropias” a criterios de eficiencia, con un ahorro calculado por estas dos vías de 7.129 millones de euros entre este año y 2015.

Otro de los puntos contemplados en este segundo principio es la racionalización de la Administración institucional y del sector público empresarial y fundacional del Estado. Para ello, se contempla la aprobación de una nueva Ley de Régimen Jurídico de las AAPP al objeto de disponer de un texto completo y codificado de la organización administrativa que fije los criterios identificativos de cada nuevo tipo de ente, de su sistema de control económico-financiero y el régimen de contratación y de personal, entre otras exigencias.

Administración más eficiente

La mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas, tercero de los principios inspiradores de la reforma, contempla medidas de empleo público, implantación de sistemas de medición de la eficiencia, el impuso a la factura electrónica y la creación de un registro contable o la gestión de servicios y medios comunes, entre otras líneas.

Es aquí donde se enmarca Emprende 3, proyecto de simplificación administrativa ya implantado y operativo en Gijón y Molina de Segura, y dispuesto para su aplicación a corto plazo en todos los Ayuntamientos. La FEMP ha elaborado una ordenanza tipo aplicable a este modelo de ventanilla única, al objeto de facilitar la implantación del sistema en todos los Ayuntamientos.

El último de los principios prevé poner la Administración al servicio de los ciudadanos y las empresas, los que implica iniciativas como el impulso a la Administración electrónica, la ley de unidad de mercado, la ley de deuda comercial o la puesta en marcha de grandes proyectos de simplificación, por ejemplo.