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La FEMP propone una enmienda a los PGE para la financiación local del Pacto contra la violencia de género
Tras conocerse que el Proyecto de Ley de PGE para 2018 no contempla la cantidad comprometida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para permitir a los Ayuntamientos ejecutar las acciones previstas en el mismo, la FEMP ha elaborado una propuesta de enmienda a las cuentas públicas con el objetivo de recuperar esa dotación económica, que asciende a 20 millones de euros, y su carácter finalista. La Junta de Gobierno del 24 de abril, dio su aprobación a esta demanda.
Unas semanas antes de que la Junta de Gobierno de la Federación diera su aprobación a ésta y otras propuestas de enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (ver en las páginas siguientes el resto de las propuestas), el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ya había anunciado que se impulsaría una enmienda en este sentido. Los acuerdos alcanzados meses antes en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que preveían destinar a los Ayuntamientos, con carácter finalista, una cantidad de 20 millones de euros para la ejecución de dicho Pacto, no se vieron reflejados en el Proyecto de Ley de las cuentas nacionales para este año, y desde la FEMP se dio la voz de alarma.
El Pacto de Estado preveía, en su “Compromiso económico”, la obligación de contemplar en los PGE una partida de 20 millones de euros a transferir a los Ayuntamientos, con carácter finalista, para la ejecución de políticas de lucha contra la violencia de género. Se señalaba además, de forma concreta, que los PGE “destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios”. Y añadía que “el Gobierno de España acordará con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo”.
A cierre de esta edición, la FEMP no había sido consultada. Esa ausencia de consultas y de anteriores contactos desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la ejecución del Pacto, ya motivó en su momento el envío de una carta de Abel Caballero a su titular, Dolors Montserrat, planteada con el objetivo de reconducir la ejecución del Pacto, por lo que desde la FEMP se entendió como incumplimiento de los acuerdos.
Asignación “necesariamente finalista”
La propuesta de enmienda elaborada por la FEMP justifica su demanda de una partida presupuestaria específica en el hecho, previsto en el propio Pacto, de que “la financiación a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, por parte de la Administración General del Estado, para garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este Pacto, habrá de tener siempre un carácter condicionado. Por tanto, la asignación financiera específica, del conjunto de las Administraciones Públicas, para la correcta eficacia del cumplimiento de los objetivos finales del Pacto, necesariamente debe ser finalista,…
” Sin embargo, a pesar de este redactado, el Libro Amarillo de los PGE 2018 prevé que sean los Ayuntamientos los que se doten con esos 20 millones, en lugar de recibir la partida presupuestaria por ese importe prevista en el Pacto. De hecho, el Proyecto de Ley hace referencia al incremento de la financiación autonómica y local para señalar que “las CCAA y los Ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de su competencia previstas en el Pacto de Estado, debiendo incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente, para financiar dichas medidas”.
Más allá del incumplimiento de los acuerdos del Pacto, y en la medida que señala a qué debe destinarse una cantidad específica de la financiación local, el redactado del Proyecto de Ley vulnera el principio de autonomía local, según entiende la FEMP en su propuesta de enmienda en la que, además, insiste en que esos 20 millones han de ser una “partida” –y no un “crédito”- de carácter finalista –y no incondicionado, como lo es financiación local-.
Aportación insuficiente
El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, considera que la asignación de 20 millones al Pacto, para la totalidad de las ciudades, es escasa, y, ahora, al reducir esta cifra en el Proyecto de Ley de Presupuestos, “ni siquiera eso”. “Mi crítica es profunda, mucho más que presupuestaria", ha asegurado, porque “el Pacto contra la violencia de género es importantísimo, uno de los grandes avances de España por lo que significa, por esta nueva dimensión de la política, por la sensibilidad y los derechos”. En Vigo, la ciudad de 300.000 habitantes de la que es Alcalde, la cantidad destinada a este capítulo es de medio millón de euros.
Por su parte, la Alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, Presidenta de la Comisión de Igualdad de FEMP, también ha mostrado su profundo malestar con la ausencia de partida presupuestaria específica. Así, en las Jornadas organizadas por la FEMP y el Ayuntamiento de Madrid el pasado 6 de abril, en las que se abordaba el Pacto de Estado, calificado como “un gran avance para la protección integral de las mujeres y un aumento de recursos y competencias para los municipios” contra la violencia machista, la no inclusión del compromiso financiero acordado inicialmente con los municipios emergía como problema severo, tanto como el hecho de no poner en marcha las normas que permitieran a los Consistorios la recuperación de competencias en esta materia.
Sobre cómo actuar, María Eugenia Rufino subrayaba la necesidad de dar varios pasos. La financiación y, sobre todo, la recuperación de competencias perdidas con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, eran “premisas innegociables” de la FEMP ante el Pacto de Estado. “En materia de igualdad son muchísimos los Ayuntamientos que están prestando sus servicios en un tono de “insumisión”, asumiendo competencias que no les son propias y para las que no tienen financiación. Estas dos premisas han sido fundamentales también para muchos colectivos sociales. Si el Pacto de Estado tenía algo que lo hacía un hito, eso era, precisamente, que nació de abajo arriba, por el movimiento en la calle, acompañado de movimientos como el del 8 de marzo. Ahora, sin esas cantidades económicas que estaban cerradas, ha sido un varapalo, especialmente para el área municipal”. Y añadía que “20 millones, posiblemente para el Gobierno no es nada, pero para los Ayuntamientos supone mucho".
En cuanto a las reivindicaciones competenciales, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP aseguró que “no necesitan más que la modificación legislativa vía Real Decreto”, para modificar el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local y devolver a los Gobiernos Locales sus competencias". Ahora, añadió “estamos en situación de incertidumbre”.
El Pacto de Estado preveía, en su “Compromiso económico”, la obligación de contemplar en los PGE una partida de 20 millones de euros a transferir a los Ayuntamientos, con carácter finalista, para la ejecución de políticas de lucha contra la violencia de género. Se señalaba además, de forma concreta, que los PGE “destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios”. Y añadía que “el Gobierno de España acordará con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo”.
A cierre de esta edición, la FEMP no había sido consultada. Esa ausencia de consultas y de anteriores contactos desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la ejecución del Pacto, ya motivó en su momento el envío de una carta de Abel Caballero a su titular, Dolors Montserrat, planteada con el objetivo de reconducir la ejecución del Pacto, por lo que desde la FEMP se entendió como incumplimiento de los acuerdos.
Asignación “necesariamente finalista”
La propuesta de enmienda elaborada por la FEMP justifica su demanda de una partida presupuestaria específica en el hecho, previsto en el propio Pacto, de que “la financiación a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, por parte de la Administración General del Estado, para garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este Pacto, habrá de tener siempre un carácter condicionado. Por tanto, la asignación financiera específica, del conjunto de las Administraciones Públicas, para la correcta eficacia del cumplimiento de los objetivos finales del Pacto, necesariamente debe ser finalista,…
” Sin embargo, a pesar de este redactado, el Libro Amarillo de los PGE 2018 prevé que sean los Ayuntamientos los que se doten con esos 20 millones, en lugar de recibir la partida presupuestaria por ese importe prevista en el Pacto. De hecho, el Proyecto de Ley hace referencia al incremento de la financiación autonómica y local para señalar que “las CCAA y los Ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de su competencia previstas en el Pacto de Estado, debiendo incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente, para financiar dichas medidas”.
Más allá del incumplimiento de los acuerdos del Pacto, y en la medida que señala a qué debe destinarse una cantidad específica de la financiación local, el redactado del Proyecto de Ley vulnera el principio de autonomía local, según entiende la FEMP en su propuesta de enmienda en la que, además, insiste en que esos 20 millones han de ser una “partida” –y no un “crédito”- de carácter finalista –y no incondicionado, como lo es financiación local-.
Aportación insuficiente
El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, considera que la asignación de 20 millones al Pacto, para la totalidad de las ciudades, es escasa, y, ahora, al reducir esta cifra en el Proyecto de Ley de Presupuestos, “ni siquiera eso”. “Mi crítica es profunda, mucho más que presupuestaria", ha asegurado, porque “el Pacto contra la violencia de género es importantísimo, uno de los grandes avances de España por lo que significa, por esta nueva dimensión de la política, por la sensibilidad y los derechos”. En Vigo, la ciudad de 300.000 habitantes de la que es Alcalde, la cantidad destinada a este capítulo es de medio millón de euros.
Por su parte, la Alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, Presidenta de la Comisión de Igualdad de FEMP, también ha mostrado su profundo malestar con la ausencia de partida presupuestaria específica. Así, en las Jornadas organizadas por la FEMP y el Ayuntamiento de Madrid el pasado 6 de abril, en las que se abordaba el Pacto de Estado, calificado como “un gran avance para la protección integral de las mujeres y un aumento de recursos y competencias para los municipios” contra la violencia machista, la no inclusión del compromiso financiero acordado inicialmente con los municipios emergía como problema severo, tanto como el hecho de no poner en marcha las normas que permitieran a los Consistorios la recuperación de competencias en esta materia.
Sobre cómo actuar, María Eugenia Rufino subrayaba la necesidad de dar varios pasos. La financiación y, sobre todo, la recuperación de competencias perdidas con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, eran “premisas innegociables” de la FEMP ante el Pacto de Estado. “En materia de igualdad son muchísimos los Ayuntamientos que están prestando sus servicios en un tono de “insumisión”, asumiendo competencias que no les son propias y para las que no tienen financiación. Estas dos premisas han sido fundamentales también para muchos colectivos sociales. Si el Pacto de Estado tenía algo que lo hacía un hito, eso era, precisamente, que nació de abajo arriba, por el movimiento en la calle, acompañado de movimientos como el del 8 de marzo. Ahora, sin esas cantidades económicas que estaban cerradas, ha sido un varapalo, especialmente para el área municipal”. Y añadía que “20 millones, posiblemente para el Gobierno no es nada, pero para los Ayuntamientos supone mucho".
En cuanto a las reivindicaciones competenciales, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP aseguró que “no necesitan más que la modificación legislativa vía Real Decreto”, para modificar el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local y devolver a los Gobiernos Locales sus competencias". Ahora, añadió “estamos en situación de incertidumbre”.
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