FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Negociar hasta el final
Los Gobiernos Locales seguimos inmersos en el proceso de reforma de la Administración Local más profundo de cuantos se han acometido en democracia. Una reforma de este calado debe abordarse desde la lealtad institucional, el máximo consenso y con la vista puesta en lograr el mejor redactado de una norma que marcará el futuro del municipalismo.
Los avances conseguidos desde el primer informe de Anteproyecto conocido en julio del año pasado han sido notables. La reducción de un 30% del número de concejales o la eliminación de municipios, asuntos inicialmente contemplados, hace tiempo que dejaron de estar en el debate.
Desde la FEMP hemos trabajado, y seguimos haciéndolo, en modular la reforma para que la misma aborde oportunamente los problemas que hoy afectan a las Entidades Locales, sin cercenar su autonomía, y al mismo tiempo sin desvirtuar el fin último que se persigue al impulsarla: acabar con las duplicidades entre Administraciones en la prestación de los servicios públicos y que éstos se gestionen de forma eficiente y sostenible, tal y como demanda la sociedad y exige la coyuntura económica actual.
Con este objetivo acudimos a la última CNAL para debatir y analizar junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las alegaciones remitidas por la FEMP en abril al Anteproyecto. En dicha reunión, se nos trasladó que se resolvían aspectos controvertidos, como por ejemplo, la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes, amparándose en supuestos que iban más allá de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También se cerró el que los Alcaldes de menos municipios menores de 1.000 habitantes puedan recibir una retribución por el ejercicio de su cargo.
Pese a ello, aun persisten discrepancias respecto a cuestiones que resultan vitales para las Entidades Locales, tales como la necesidad de que el coste estándar se fije de acuerdo con la FEMP y el cierre definitivo del régimen transitorio que deberá aplicarse para que las CCAA asuman, tanto la prestación como la financiación, de las competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales.
Antes de que el texto llegue de nuevo a Consejo de Ministros y, posteriormente, durante la tramitación parlamentaria seguiremos planteando mejoras al articulado.
La crisis económica, con toda su dureza, nos ha abierto la paradójica oportunidad de acometer un proceso reformista que el poder local español lleva reivindicando muchos años, y tenemos la obligación política y moral de aprovecharla, por nuestros Consistorios y, sobre todo, por nuestros vecinos.
Desde la FEMP hemos trabajado, y seguimos haciéndolo, en modular la reforma para que la misma aborde oportunamente los problemas que hoy afectan a las Entidades Locales, sin cercenar su autonomía, y al mismo tiempo sin desvirtuar el fin último que se persigue al impulsarla: acabar con las duplicidades entre Administraciones en la prestación de los servicios públicos y que éstos se gestionen de forma eficiente y sostenible, tal y como demanda la sociedad y exige la coyuntura económica actual.
Con este objetivo acudimos a la última CNAL para debatir y analizar junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las alegaciones remitidas por la FEMP en abril al Anteproyecto. En dicha reunión, se nos trasladó que se resolvían aspectos controvertidos, como por ejemplo, la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes, amparándose en supuestos que iban más allá de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También se cerró el que los Alcaldes de menos municipios menores de 1.000 habitantes puedan recibir una retribución por el ejercicio de su cargo.
Pese a ello, aun persisten discrepancias respecto a cuestiones que resultan vitales para las Entidades Locales, tales como la necesidad de que el coste estándar se fije de acuerdo con la FEMP y el cierre definitivo del régimen transitorio que deberá aplicarse para que las CCAA asuman, tanto la prestación como la financiación, de las competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales.
Antes de que el texto llegue de nuevo a Consejo de Ministros y, posteriormente, durante la tramitación parlamentaria seguiremos planteando mejoras al articulado.
La crisis económica, con toda su dureza, nos ha abierto la paradójica oportunidad de acometer un proceso reformista que el poder local español lleva reivindicando muchos años, y tenemos la obligación política y moral de aprovecharla, por nuestros Consistorios y, sobre todo, por nuestros vecinos.
Iñigo de la Serna Hernáiz
Presidente de la FEMP
