FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Los Gobiernos Locales ganan competencias contra la violencia de género
El pasado septiembre, el Congreso dio respaldo unánime al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aprobó la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia del Real Decreto-ley sobre esta cuestión llevado a las Cortes. A partir de ahí, en poco más de tres meses, se completará el recorrido que sitúa a los Gobiernos Locales en el lugar que les corresponde en su lucha contra la violencia machista. Competencias recuperadas, una financiación de 20 millones de euros para este año (y el doble para 2019), y la posibilidad de contratar personal especializado para atender a las víctimas concretan las nuevas responsabilidades y medios con que contarán los Consistorios.
Por 335 votos a favor y dos abstenciones quedaba convalidado el Real Decreto- ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una norma que será tramitada por el procedimiento de urgencia y que incorporará modificaciones normativas que afectan, entre otras, a la Ley de Bases de Régimen Local.
Competencias para la Administración más cercana
La Administración Local es “la más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas”. Así lo recoge el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género y así lo reiteraron buena parte de las Diputadas que en representación de sus grupos intervinieron en el debate de la Cámara Baja. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, lo resumía diciendo que cuando una mujer maltratada busca ayuda se dirige antes a su Ayuntamiento que a una Comisaría. Por ello, el texto recién convalidado recoge la asignación a la Administración Local de una nueva competencia, la de “Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género”, que se incorpora como apartado “o” a uno de los pun- tos del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Se trata de una cuestión largamente demandada desde la FEMP. Así, el pasado 1 de agosto, tras una reunión en Moncloa con Carmen Calvo, el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, manifestaba con satisfacción el compromiso del Ejecutivo de “devolver las competencias en la lucha contra la violencia de género, en la prevención y en la atención a las víctimas”. Y añadía que “por primera vez en los últimos cinco años vamos a recuperar competencias en un área tan importante como ésta y a actuar directamente en favor de las mujeres maltratadas y sus familias”. La propuesta de trabajo contenida en el Pacto de Estado, y en el Real Decreto-ley posterior, ya suponía, a juicio de Caballero, un nuevo enfoque en el que la lucha contra la violencia de género sitúa a los Servicios Sociales de Ayuntamientos “en primera línea de atención a las víctimas y a sus hijos”.
También recursos directos
Esa nueva capacidad permitirá a los Gobiernos Locales contratar personal especializado en el trabajo con las víctimas y en la detección de situaciones de riesgo, según aseguró la Ministra en el Congreso. Se trata de otra de las demandas formuladas desde la FEMP.
Y tanto para esta cuestión como para la puesta en marcha de las actuaciones previstas, en el Pacto de Estado se contempla una asignación de 20 millones de euros este año. El reparto de esta cantidad se realizará en función de criterios ya contemplados en el Pacto de Estado, y que en el Real Decreto-ley queda concretado, textualmente, así:
“1. Los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados, vía transferencia finalista y directa, o través de otras Entidades Locales, a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, previstos en la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como los fondos asignados en posteriores leyes de presupuestos, se distribuirán según los siguientes criterios:
a) Una cantidad fija por municipio. La cuantía para el año 2018 será de 689 euros.
b) Una cantidad fija, en función del número de habitantes de derecho del municipio. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2017 y oficialmente aprobado por el Gobierno. La cuantía para el año 2018 será de 0,18 euros por habitante.
c) El importe de la transferencia vendrá dado por la suma de las cuantías anteriormente señaladas.”
La norma también prevé que el remanente se distribuirá “de forma proporcional entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 de julio del año al que corresponda la asignación del fondo”.
La asignación total para 2019 será de 40 millones de euros, el doble de la de este año, una “cifra significativa” que la Vicepresidenta Calvo anticipó a Abel Caballero en su reunión del primero de agosto.
El hecho de que la asignación en ambos ejercicios se distribuya de manera directa, sin pasar por las Comunidades Autónomas (así lo había solicitado siempre la FEMP), representa, a juicio de Caballero, una clara defensa de la autonomía local por parte del Ejecutivo, ya que “avala nuestra autonomía y la refuerza. Seremos los receptores directos de las cantidades que el Gobierno dedique a violencia de género a través de los Ayuntamientos. No necesitamos intermediación, no hay tutelas”.
Colaboración de la FEMP
La FEMP y el Ejecutivo colaborarán para favorecer la puesta en marcha en los Gobiernos Locales de las medidas previstas en el Pacto de Estado. A cierre de esta edición, máximos responsables de la Federación, se habían reunido con la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y con la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Pilar Llop, de cara a planificar la puesta en marcha de medidas contempladas en el Pacto.
Sobre la base de esta colaboración se establecerá el marco para ofrecer a los Ayuntamientos el apoyo preciso a la hora de aplicar los procedimientos y actuaciones correspondientes
Competencias para la Administración más cercana
La Administración Local es “la más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas”. Así lo recoge el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género y así lo reiteraron buena parte de las Diputadas que en representación de sus grupos intervinieron en el debate de la Cámara Baja. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, lo resumía diciendo que cuando una mujer maltratada busca ayuda se dirige antes a su Ayuntamiento que a una Comisaría. Por ello, el texto recién convalidado recoge la asignación a la Administración Local de una nueva competencia, la de “Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género”, que se incorpora como apartado “o” a uno de los pun- tos del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Se trata de una cuestión largamente demandada desde la FEMP. Así, el pasado 1 de agosto, tras una reunión en Moncloa con Carmen Calvo, el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, manifestaba con satisfacción el compromiso del Ejecutivo de “devolver las competencias en la lucha contra la violencia de género, en la prevención y en la atención a las víctimas”. Y añadía que “por primera vez en los últimos cinco años vamos a recuperar competencias en un área tan importante como ésta y a actuar directamente en favor de las mujeres maltratadas y sus familias”. La propuesta de trabajo contenida en el Pacto de Estado, y en el Real Decreto-ley posterior, ya suponía, a juicio de Caballero, un nuevo enfoque en el que la lucha contra la violencia de género sitúa a los Servicios Sociales de Ayuntamientos “en primera línea de atención a las víctimas y a sus hijos”.
También recursos directos
Esa nueva capacidad permitirá a los Gobiernos Locales contratar personal especializado en el trabajo con las víctimas y en la detección de situaciones de riesgo, según aseguró la Ministra en el Congreso. Se trata de otra de las demandas formuladas desde la FEMP.
Y tanto para esta cuestión como para la puesta en marcha de las actuaciones previstas, en el Pacto de Estado se contempla una asignación de 20 millones de euros este año. El reparto de esta cantidad se realizará en función de criterios ya contemplados en el Pacto de Estado, y que en el Real Decreto-ley queda concretado, textualmente, así:
“1. Los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados, vía transferencia finalista y directa, o través de otras Entidades Locales, a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, previstos en la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como los fondos asignados en posteriores leyes de presupuestos, se distribuirán según los siguientes criterios:
a) Una cantidad fija por municipio. La cuantía para el año 2018 será de 689 euros.
b) Una cantidad fija, en función del número de habitantes de derecho del municipio. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2017 y oficialmente aprobado por el Gobierno. La cuantía para el año 2018 será de 0,18 euros por habitante.
c) El importe de la transferencia vendrá dado por la suma de las cuantías anteriormente señaladas.”
La norma también prevé que el remanente se distribuirá “de forma proporcional entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 de julio del año al que corresponda la asignación del fondo”.
La asignación total para 2019 será de 40 millones de euros, el doble de la de este año, una “cifra significativa” que la Vicepresidenta Calvo anticipó a Abel Caballero en su reunión del primero de agosto.
El hecho de que la asignación en ambos ejercicios se distribuya de manera directa, sin pasar por las Comunidades Autónomas (así lo había solicitado siempre la FEMP), representa, a juicio de Caballero, una clara defensa de la autonomía local por parte del Ejecutivo, ya que “avala nuestra autonomía y la refuerza. Seremos los receptores directos de las cantidades que el Gobierno dedique a violencia de género a través de los Ayuntamientos. No necesitamos intermediación, no hay tutelas”.
Colaboración de la FEMP
La FEMP y el Ejecutivo colaborarán para favorecer la puesta en marcha en los Gobiernos Locales de las medidas previstas en el Pacto de Estado. A cierre de esta edición, máximos responsables de la Federación, se habían reunido con la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y con la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Pilar Llop, de cara a planificar la puesta en marcha de medidas contempladas en el Pacto.
Sobre la base de esta colaboración se establecerá el marco para ofrecer a los Ayuntamientos el apoyo preciso a la hora de aplicar los procedimientos y actuaciones correspondientes
Carmen Calvo y Abel Caballero, reunión en Moncloa
