FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Los ocho municipios que han pasado la primera selección, de los 14 que presentaron candidatura inicialmente, son: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra (Valencia). Atrás quedaron otros seis municipios, excluidos bien por defectos formales en las solicitudes, bien por remitirlas fuera de plazo: Campo de San Pedro y Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), Congosto de Valdavia y Lomas de Campos (Palencia), Villar del Pozo (Ciudad Real) y Granja de Torrehermosa (Badajoz).

La inversión total prevista del proyecto de ATC es de unos 700 millones de euros y para su construcción se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico que puede llegar hasta los 500 trabajadores.

El proyecto consiste en la construcción de un almacenamiento en seco, durante un periodo de 60 años, del combustible gastado y los residuos vitrificados de alta actividad, procedentes de las centrales nucleares, además de un centro tecnológico que facilite las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, el proyecto contempla un parque empresarial de apoyo a estas dos instalaciones, para el que se prevé una superficie de unas 5 hectáreas.

La historia de la construcción del ATC ha tenido un largo recorrido que se remonta al
 14 de diciembre de 2004, cuando la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de Enresa, los criterios para construir en España un Almacén Temporal Centralizado.

Llegados al punto actual, la Comisión Interministerial encargada de desarrollar el procedimiento deberá analizar las propuestas recibidas y proceder al análisis del término municipal de los candidatos que han superado la primera criba. Esta Comisión  comunicará a los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico.

Finalmente, la Comisión Interministerial estudiará los terrenos propuestos y elaborará un informe que reflejará las ventajas de los distintos emplazamientos. El informe se remitirá al Gobierno que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, designará el emplazamiento elegido para el ATC y su centro tecnológico.

En principio, los municipios aspirantes deben cumplir algunos requisitos inexcusables, como que sus territorios no formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS). Las instalaciones del ATC tampoco pueden ubicarse en zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como en áreas en las que existan elementos de interés patrimonial o emplazamientos que requieran que el transporte los materiales radiactivos deba llevarse a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.

Autonomía para decidir

“Sólo el mundo local es capaz de asumir responsabilidades”. Así se ha manifestado el gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), al apoyar las candidaturas de Ascó y Yebra al almacenamiento temporal de residuos nucleares. Según esta asociación, la mayor parte de los  municipios cercanos a las centrales nucleares ubicadas en Tarragona y Guadalajara no rechazan esta iniciativa y sólo dos lo han refrendado acuerdos formales en contra.

 

La decisión de postularse a un emplazamiento de estas características no ha sido fácil, dado el rechazo social que existe contra la energía nuclear y la posibilidad de albergar cerca de casa un almacenamiento del combustible gastado en las centrales, considerado de muy alta intensidad.  Pero los Alcaldes que han tomado esta decisión no han dudado en enfrentarse a sus propios partidos y a defender ante sus vecinos un proyecto que ellos consideran beneficioso para el futuro de su pueblo.

 

La FEMP también ha terciado en este asunto pidiendo respeto a la autonomía de los Ayuntamientos a la hora de tomar acuerdos de este tipo, más si cabe cuando éstas son tomadas en el Pleno municipal. El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha señalado que los Alcaldes “no pueden ser sancionados por ejercer sus obligaciones”, pero también ha hecho hincapié en que la decisión sobre el emplazamiento definitivo del ATC debería adoptarse con el acuerdo de las tres administraciones, central, autonómica y local.

 

Ascó y Yebra

 

Las solicitudes de Ascó y de Yebra han sido las de mayor repercusión pública, dada su cercanía a una central nuclear. Ascó (1.600 habitantes) aprobó la candidatura para acoger el ATC con siete votos a favor (cuatro de CiU, uno del PSC y dos independientes) y dos en contra (también independientes). El Alcalde, Rafael Vidal, aseguró que el riesgo del almacén es «nulo» y quiso dejar claro que esta decisión no es por una cuestión económica, sino que se ha de garantizar que el municipio pueda existir más allá de la central nuclear que ya tiene.

 

Argumentos similares ha esgrimido Juan Pedro Sánchez, Alcalde de Yebra (585 habitantes), que afirma que la instalación es “segura” y “no constituye ninguna amenaza ni para las personas, ni para el medio ambiente”, y que además “generará empleo y desarrollo empresarial”. En este caso, la propuesta contó con el apoyo de los cinco ediles de su grupo, del PP, frente al rechazo de otros dos concejales, del PSOE.

 

Empleo y futuro

 

En Melgar de Arriba (235 habitantes) la decisión de presentarse no tuvo el refrendo unánime de la Corporación. Su Alcalde, Oscar Fernández, que afirmó que el proyecto permitiría "dinamizar social y económicamente un municipio que es eminentemente agrícola y ganadero", con una población "envejecida", hizo llegar personalmente su apoyo al vecino municipio de Santervás de Campos (141 habitantes), que también presentó candidatura. Incluso se ha llegado a hablar de la posibilidad de una opción conjunta entre ambos pueblos, separados sólo por seis kilómetros.

 

En Torrubia (Soria), ubicado a unos 37 kilómetros de la capital soriana y muy cerca del límite con Aragón, la decisión fue adoptada en asamblea con el régimen de concejo abierto, con el resultado de 25 vecinos que votaron a favor y otros once en contra. El municipio tiene un censo de 79 habitantes. La Alcaldesa, María Ángeles Delso, argumentó que el almacén nuclear es "una oportunidad para un pueblo en el que hay muy poca gente y está aislado".

 

Estos tres municipios castellano-leoneses tienen inicialmente el apoyo de la Junta de Castilla y León, cuyo Presidente, Juan Vicente Herrera, condicionó el "debate serio" sobre la instalación de un ATC en la Comunidad a la revisión de la decisión de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

 

 “Villar de Cañas necesita el almacén nuclear porque aquí no hay trabajo”. Estas palabras resumen la postura del Alcalde de este municipio conquense de 463 habitantes, José María Sáiz. El Pleno de este Ayuntamiento aprobó por unanimidad la propuesta de candidatura al almacén y su primer edil está convencido de que traerá muchos beneficios económicos a una comarca “muy deprimida” que la gente abandona porque no hay futuro.

 

El único Ayuntamiento valenciano candidato, cercano a la central nuclear de Cofrentes, ha sido Zarra (547 habitantes). El Alcalde, Juan José Rubio, también afirma que el almacén es seguro y beneficiará, no sólo a este municipio, sino a todo el Valle de Ayora. Pero también tiene otro argumento. Sostiene que Zarra apenas se ha beneficiado económicamente de la cercanía de la central de Cofrentes, a poco más de 10 kilómetros, y pese a que ha defendido su cierre, ahora cree que el ATC “traerá dinero, pero sobre todo puestos de trabajo". Además, confía en el apoyo de sus vecinos, pese a que la candidatura salió adelante con la oposición de algunos concejales.

 

Pero no todos los Alcaldes han secundado la decisión de su consistorio a favor del ATC. El de Albalá (814 habitantes), Jesús Pascual, dejó el cargo por estar en desacuerdo con la decisión de su Pleno.