FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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La educación parental en el nuevo modelo de servicios sociales municipales
La FEMP y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad han presentado el documento “La educación parental como recurso psicoeducativo”, un nuevo instrumento para promover las políticas locales de apoyo a la parentalidad positiva en el ámbito municipal, a través de los servicios sociales de los Ayuntamientos. Uno de los objetivos de este trabajo es que los padres y las madres adquieran una mayor conciencia del carácter de su función, de los derechos de los niños y de sus responsabilidades y obligaciones.
El documento se inscribe en las directrices del Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad y la FEMP y da continuidad al primer trabajo realizado sobre “Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias. Orientaciones para favorecer el ejercicio de las responsabilidades parentales desde las corporaciones locales”,en el que ya se caracterizaban las medidas locales de apoyo a la parentalidad positiva, siguiendo un enfoque psicoeducativo y comunitario, y se proporcionaban orientaciones prácticas sobre cómo favorecer el desarrollo de estos servicios y programas locales. Entre dichas orientaciones se mencionaba la creación de recursos psicoeducativos estables, como los Programas de Educación Parental.
De esta forma, el nuevo documento profundiza en el análisis de la Educación Parental como recurso para promover la parentalidad positiva desde los servicios sociales de las Corporaciones Locales y, para ello, plantea desarrollar cuatro objetivos. En primer lugar, definir y caracterizar la educación parental como recurso psicoeducativo, enmarcando y justificando la utilidad de este recurso desde la filosofía de la prevención y promoción, que debe inspirar las acciones llevadas a cabo por los servicios de apoyo a la familia.
En segundo lugar, describir los programas de educación parental, estableciendo los objetivos, metodología y contenidos que deben desarrollarse en los mismos. En tercer lugar, identificar las competencias parentales y las capacidades de resiliencia familiares y parentales que dichos programas deben promover para favorecer la parentalidad positiva. Por último, definir los criterios de calidad que deben regir el desarrollo de los programas de educación parental, proponiendo además las condiciones de implementación y de evaluación que aseguren sus buenos resultados.
El documento, según sus responsables, permitirá a los encargados de prestar los servicios en cada municipios adentrarse en el mundo de la educación parental perfilando sus rasgos definitorios, así como la filosofía y modalidades desde las que se presta este tipo de recurso para las familias. Asimismo, describe las características de los programas grupales de educación parental ideados para promover las competencias parentales y su capacidad de resiliencia. Además, proporciona las claves prácticas necesarias para orientar su posible implementación y evaluación en aquellos servicios de apoyo a la familia que lo requieran, especialmente en los servicios sociales de las Corporaciones Locales.
Tanto la FEMP como el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad han destacado el interés suscitado por este trabajo entre los técnicos municipales, además, de la estrecha colaboración que ha existido entre ambas entidades a la hora de elaborarlo. La FEMP se ha comprometido a difundirlo entre todos los Ayuntamientos de España.
Conclusiones y retos
Precisamente, detrás de este proyecto existe, por parte de la FEMP y del Gobierno, una clara voluntad de avanzar en las políticas de protección del menor y del apoyo a la parentalidad. Y para ello es preciso que los servicios sociales de las Corporaciones Locales desarrollen sistemas integrados y comprehensivos de atención a los menores, a las familias y a las comunidades en los que las acciones de prevención y promoción jueguen un papel central.
Para conseguirlo, apuntan a la necesidad de dar un vuelco en los servicios sociales de apoyo a la familia que, ahora, en su funcionamiento del día a día, se ven frenados muy a menudo por la excesiva burocratización en la gestión de prestaciones tangibles, lo que llega a minimizar los verdaderos procesos de intervención social como la prevención y la intervención comunitaria. Los autores del documento consideran que no están claramente definidas las competencias y que los servicios sociales acaban jugando un papel subordinado al tener que hacerse cargo de una multitud de problemas derivados del funcionamiento del sistema social en su conjunto.
Del mismo modo, llegan a la conclusión de que ya es hora de comenzar a introducir la filosofía de la innovación de las prácticas profesionales y de la evaluación de la calidad en los servicios de apoyo a las familias, y afirman que “resulta sorprendente la escasa atención que suele prestarse a estos aspectos en el panorama actual de dichos servicios”.
De ahí que entre los retos inmediatos destaquen la adopción de estándares de calidad para la elaboración, implementación y evaluación de programas de educación parental basados en evidencias, la garantía de estabilidad de estos programas, para no depender de subvenciones eventuales, y la potenciación e implicación de las comunidades en las mejoras de la calidad de sus servicios. No se trata sólo –dicen- de que los responsables políticos y los técnicos mejoren la red de servicios y potencien la coordinación en el uso de los recursos, sino también de capacitar a las comunidades y darles voz para que estén en condiciones de poder colaborar activamente en estos procesos de cambio y puedan contribuir así a su propio desarrollo.
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