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Alcaldes contra las llamas
Cuando ya parecía que se habían apagado las llamas que han asolado 180.000 hectáreas este año en todo el territorio nacional, un nuevo incendio volvía a producirse en la provincia de Valencia la última semana de septiembre. Otras seis localidades tuvieron que ser evacuadas y cerca de 6.000 hectáreas más que sumar a la superficie quemada. Carta Local hace balance de las consecuencias de estos desastres, los peores de la última década en España, y recoge la opinión de algunos alcaldes de municipios afectados.
Los datos todavía son provisionales, pero ya se puede afirmar que la superficie forestal quemada en lo que va de 2012 supera en 80.000 hectáreas el promedio de los últimos cinco años, según los datos hechos públicos por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OCE).
A lo largo de un año se producen miles en toda la geografía, pero son los clasificados como “grandes incendios” los causantes de las mayores pérdidas, tanto humanas como materiales y, por supuesto, medioambientales. Los Alcaldes lo saben muy bien, porque son los primeros en tener que afrontar las consecuencias.
Carta Local ha realizado un cálculo aproximado y el número aproximado de municipios que han sufrido las devastadoras secuelas de estos incendios de grandes dimensiones se aproxima a los 200, concentrados sobre todo en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, la región de Murcia, Castilla y León, Madrid, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Asturias.
Cortes de Pallás, en Valencia, fue uno de los casi treinta municipios de esta provincia que padecieron las consecuencia de los dos primeros incendios de gran magnitud de este verano. Más de 60.000 hectáreas quemadas en total, 3.200 de ellas en dicha localidad. Alberto Sáez, su Alcalde, cifra en más de 350.000 euros las pérdidas en cultivos y otros 700.000 en bienes propiedad o a cargo de la Corporación Local.
Valle Gran Rey, en la Isla de La Gomera, sufrió en apenas dos meses dos incendios, el primero a finales de junio, en el que ardieron 160 hectáreas, y el de agosto, el más importante, que además de quemar 400 hectáreas en su territorio, arrasó 2.800 en todo la isla, incluido un 18,7% de la superficie del Parque Nacional de Garajonay.
El Alcalde, Miguel Ángel Hernández, cuantifica los daños en su municipio en 11,7 millones de euros, de los cuales casi 800.000 euros corresponden a infraestructuras municipales. Las pérdidas más cuantiosas, no obstante corresponden a las viviendas destruidas y a sus costes reparación, más de 4 millones. A esta cifra hay que añadir, según explica, los costes de restauración forestal y medioambiental, 3,5 millones, o los daños en producciones agrícolas y ganaderas, 1 millón.
Hernández dice que en el pueblo se está viviendo “un auténtico drama social”, con 97 viviendas afectadas, de ellas 42 en ruina total. Echa en falta información por parte de las administraciones y añade que al estar la mayoría de viviendas afectadas dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey y, por ello, tener las competencias compartidas entre Ayuntamiento, Cabildo Insular y Gobierno de Canarias, no se avanza con la urgencia que la situación requiere.
En Coín (Málaga), el fuego calcinó 596 hectáreas, en su mayor parte masa forestal de pinos y otras especies como encinas y alcornoques. Su Alcalde, Fernando Fernández Tapia-Ruano, cuenta que los mayores perjuicios para su municipio son los medioambientales y que, en este caso, deberá ser la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la que tendrá que valorar los daños y establecer los planes de reforestación.
En el caso de Ojén, colindante con Coín, las pérdidas fueron mayores puesto que el incendio quemó una tercera parte del término municipal, con más de un centenar de casas afectadas en mayor o menor grado, y un número incalculable de campos de autoabastecimiento, ganado y casas de aperos asoladas. En total, quedaron arrasadas cerca de 4.000 hectáreas.
José Antonio Gómez, Alcalde de esta localidad, califica de “incalculables” las pérdidas, no solo por el impacto directo en bienes e inmuebles, sino también por la que supondrán para el sector turístico. A todo ello hay que añadir el daño ecológico en pérdida de masa forestal y en la extinción o desplazamiento total de la fauna autóctona.
Medios propios
En todos estos casos, en mayor o menor medida, los Ayuntamientos y sus equipos de gobierno contribuyeron a las tareas de extinción y logísticas de apoyo a sus vecinos o de evacuación, en su caso. En Cortes de Pallás (1054 habitantes) el Ayuntamiento intervino en tareas de desalojo, sin aportar medios propios, salvo las lógicas empleadas en comida y bebidas para los equipos de extinción.
La Isla de La Gomera carece de cuerpo de bomberos profesionales. El Ayuntamiento de Valle Gran Rey (5.364 habitantes), inició a primeros de agosto los trámites para crear una Asociación de Bomberos Voluntarios y justamente dos semanas antes del incendio, habían organizado unas jornadas de prevención de incendios. Como es lógico, los miembros de esta asociación participaron activamente en el control de puntos calientes, en el apagado de focos y como soporte logístico a los bomberos profesionales.
Miguel Ángel Hernández explica que los protocolos del gobierno de Canarias, en relación a incendios, dejan en un papel muy secundario a las Corporaciones Locales. “Nos limitamos a seguir las órdenes del Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias: evacuaciones, atención a los evacuados, etc.”, señala el Alcalde.
Hernández reconoce la modestia de los medios aportados por su Ayuntamiento: todo el personal a disposición de los vecinos y la coordinación de los voluntarios, sobre todo en la atención a los evacuados. Y un camión cuba, “bastante obsoleto, pero que cumplió con su cometido”.
En el momento en el que se produjo el incendio, el Ayuntamiento de Coín puso a disposición de los servicios de extinción todos los medios humanos y técnicos de los que dispone. Los efectivos de la Policía Local, los voluntarios de Protección Civil, los efectivos sanitarios, así como técnicos municipales de distintas áreas participaron en las labores para detener el fuego. Los miembros del equipo de gobierno estuvieron en la primera línea, coordinando a los efectivos municipales, encabezados por el Alcalde, Fernando Fernández. Él mismo y los concejales acudieron al puesto avanzado de mando que se estableció en Marbella para conocer minuto a minuto el avance del mismo.
En cuanto a los medios, Coín aportó un camión cisterna municipal, además de otros tres vehículos cisterna de vecinos del municipio, que el Ayuntamiento puso a disposición de los servicios de extinción.
El Ayuntamiento de Ojén, por su parte, estuvo en contacto permanente con el Centro de Coordinación de Emergencias, a las órdenes del INFOCA. Contribuyó con agentes de la policía local y de protección civil, que coordinaron junto con la Guardia Civil el desalojo total del municipio, una decisión que el Consistorio tomó asesorado por el INFOCA y que se llevó a cabo de una manera ejemplar, según su Alcalde.
Los agentes de la policía local, protección civil, agentes forestales de la demarcación y parte del equipo de gobierno acudieron en socorro, ayuda y aviso a los residentes en diseminados. Tras el incendio, desde el Ayuntamiento se están coordinando las peticiones de ayuda, reponiendo el mobiliario urbano destruido y aportando operarios municipales en las zonas de mayor necesidad.
Ayudas del Gobierno
¿Están de acuerdo los Alcaldes con las ayudas establecidas por el Gobierno central para hacer frente a las pérdidas de los incendios? En general sí, pero con algunos matices, a tenor de las respuestas de los primeros ediles consultados.
Alberto Sáez (Cortes de Pallás) las ve “acertadas”, especialmente aquellas dirigidas a la contratación de personas de los pueblos en la limpieza del monte quemado. Su Ayuntamiento espera unos 700.000 euros y para conseguirlo pide que el mecanismo “se establezca con celeridad y depositando la cuantía lo antes posible”.
Miguel Ángel Hernández (Valle Gran Rey) considera que son insuficientes. Las ayudas del El Gobierno de Canarias sólo se aplican para las viviendas afectadas y los requisitos son muy estrictos, por lo que cree que serán pocos vecinos los que puedan beneficiarse.
En cuanto a las ayudas del Gobierno Central, su primera impresión es que no se ajustan mucho a la realidad del mundo rural del municipio, “con características de minifundismo y donde la renta agraria es una actividad complementaria”. Para que sean efectivas, reclama que se planteen “en condiciones de facilidad y agilidad, que exista una participación activa de las Corporaciones Locales en la planificación y gestión de las inversiones y en los planes de empleo y que se produzca una mayor cooperación entre administraciones”.
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha elaborado tras el incendio un Plan de Empleo para la recuperación ambiental y paisajística de Guadá, una de las zonas afectadas, y la prevención de futuros desastres ambientales. La duración total del proyecto será de un año y el presupuesto se acerca al millón de euros.
El Alcalde de Coín valora con satisfacción la prontitud en la que fueron aprobadas las ayudas y califica de “muy conveniente” la fórmula escogida de que sean los Ayuntamientos quienes verifiquen los daños y los técnicos municipales los que hagan la peritación.
También ha sido muy beneficioso, según Fernando Fernández, que hayan ampliado el plazo, de uno a dos meses, para que los afectados presenten las reclamaciones sobre los daños sufridos, y reducido el tiempo de 6 a 3 meses para la resolución de estas peticiones. Sin embargo, “creemos que para optar a las ayudas aprobadas se han establecido demasiados requisitos y las indemnizaciones nos parecen insuficientes en algunos casos”.
Aunque no han sufrido daños en las infraestructuras municipales (caminos, redes de servicios, etc.), y por tanto no pedirán ayudas por este concepto, Coín sí va a solicitar que se tomen medidas preventivas de cara a nuevos incendios, como mejores accesos a zonas forestales, creación de cortafuegos y vías de evacuación para núcleos de viviendas aisladas.
Para José Antonio Gómez (Ojén) este tipo de ayudas “siempre son escasas”. “Ya hemos solicitado que se revisen los casos uno por uno, porque su casuística no entra, en su mayoría, en las ayudas aprobadas en el Decreto Real. Ojén es el municipio malagueño con más pérdidas, en volumen de terreno y en bienes e inmuebles afectados, “de ahí que sea urgente la revisión y concesión de estas ayudas”.
En el caso de Ojén, la cifra solicitada puede rondar los 6 millones de euros, entre lo perdido de propiedad privada y los montes e infraestructuras de propiedad pública. Gómez considera que el mecanismo más acertado seria que se dirigiese las ayudas a través del Ayuntamiento que es la administración más cercana, para que llegue cuanto antes a las personas más necesitadas.
¿Cómo prevenir?
Las estadísticas dicen que la eficacia de los equipos de extinción ha mejorado en los últimos años. Hasta el 70% de los incendios son controlados en fase de conato, es decir, antes de que arda una hectárea de superficie y hasta en el 99,8% de las ocasiones se consiguen extinguir antes de que superen las 500 hectáreas. Sin embargo, tal y como expone el Observatorio para la Sostenibilidad, cuando un gran incendio se está desarrollando, no hay medios humanos o materiales suficientes para frenar su avance, mientras no cambien las condiciones climatológicas extremas o la continuidad de la vegetación. Y el problema es que en su mayor parte están originados por la acción humana.
Al Alcalde de Cortes de Pallás afirma que “la prevención es capital” y que los montes están abandonados, por eso “es necesario una normativa de aplicación para conseguir que se active el tema de la utilidad privativa del monte”. El municipio que preside está protegido por varias figuras legales, “pero sin aportación económica al respecto”.
En la misma línea se pronuncia su colega de Valle Gran Rey. “Los incendios son un problema del primer mundo y la lucha contra los mismos está en la prevención”. Hernández opina que la apuesta fundamental pasa por el cambio de modelo en la forma en que concebimos el mundo rural, evitando que el abandono de la actividad agrícola y ganadera genere la acumulación de la materia orgánica que convierte nuestros montes y campos en un “polvorín”.
Fernández Tapia (Coín) aboga por intensificar la vigilancia preventiva con personal en los puestos de vigilancia y realizar anualmente trabajos de limpieza de maleza y de cortafuegos, además de llevar a cabo clareos de la masa forestal. Otra de las acciones sería la sustitución progresiva de la masa de pinares de las repoblaciones de los años 60 y 70, incorporando vegetación propia del bosque mediterráneo como acebuches, encinas, alcornoques y matorrales como enebro, lentisco, jaras, etc.
Este Alcalde malagueño introduce aquí el aspecto de la concienciación, a través de talleres y programas de educación ambiental para sensibilizar a la población sobre las graves consecuencias que tienen los incendios y las precauciones que hay que tomar para evitarlos. Pero también reclama un endurecimiento de la legislación existente ante las negligencias y conductas impropias en el campo.
José Antonio Gómez (Ojén) lo resume en tres palabras: educación, prevención y medios. “El problema que suscitan los incendios es poliédrico –comenta-, afecta a la concienciación de todos, a la ciudadanía y a las instituciones”. Por ello, pide que se trabaje en campañas de prevención o en el cumplimiento de las medidas de autoprotección obligatorias de las comunidades de vecinos y zonas residenciales. En definitiva, “educación en las escuelas, en las familias, interiorizar en la ciudadanía la necesidad de cuidar el entorno natural próximo y darle el valor que tiene”.
Campaña muy dura
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Miguel Arias Cañete, cifraba en 180.000 hectáreas la superficie afectada por los incendios, en su comparecencia de primeros de septiembre en el Congreso de los Diputados, sin contar todavía con las estadísticas del último gran incendio de la provincia de Valencia.
En su comparecencia, el Ministro señaló que las Comunidades Autónomas tienen asignados 14.659 millones de euros para todos los programas de desarrollo rural para el periodo 2007-2013 y de esos millones han programado casi 900 millones de euros, el 6,13 a medidas de prevención y de recuperación del potencial forestal. A 30 de junio de 2012, el nivel de ejecución de estas medidas era del 50%.
Cañete reconoció en el Congreso que la campaña de este año ha sido “muy dura”, tanto por las víctimas mortales como por el número de ciudadanos que se han visto afectados por los incendios. Sin embargo, afirmó que también ha sido una campaña en la que se ha actuado de forma coordinada. “Cuando se suman esfuerzos -Protección Civil, UME, CCAA- y los medios que el Ministerio de Agricultura pone a su disposición son coordinados por técnicos que conocen su oficio, se han podido combatir los incendios”.
Arias Cañete elogió el comportamiento de los profesionales que han combatido el fuego –“ha sido admirable”- y señaló que “si no hubiera sido por esta coordinación, los resultados habrían sido mucho peores”, afirmó.
El Ministro anunció que el Gobierno reformará el Código Penal para endurecer las penas a los pirómanos y modificará la forma en la que se enjuician estos delitos.
A lo largo de un año se producen miles en toda la geografía, pero son los clasificados como “grandes incendios” los causantes de las mayores pérdidas, tanto humanas como materiales y, por supuesto, medioambientales. Los Alcaldes lo saben muy bien, porque son los primeros en tener que afrontar las consecuencias.
Carta Local ha realizado un cálculo aproximado y el número aproximado de municipios que han sufrido las devastadoras secuelas de estos incendios de grandes dimensiones se aproxima a los 200, concentrados sobre todo en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, la región de Murcia, Castilla y León, Madrid, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Asturias.
Cortes de Pallás, en Valencia, fue uno de los casi treinta municipios de esta provincia que padecieron las consecuencia de los dos primeros incendios de gran magnitud de este verano. Más de 60.000 hectáreas quemadas en total, 3.200 de ellas en dicha localidad. Alberto Sáez, su Alcalde, cifra en más de 350.000 euros las pérdidas en cultivos y otros 700.000 en bienes propiedad o a cargo de la Corporación Local.
Valle Gran Rey, en la Isla de La Gomera, sufrió en apenas dos meses dos incendios, el primero a finales de junio, en el que ardieron 160 hectáreas, y el de agosto, el más importante, que además de quemar 400 hectáreas en su territorio, arrasó 2.800 en todo la isla, incluido un 18,7% de la superficie del Parque Nacional de Garajonay.
El Alcalde, Miguel Ángel Hernández, cuantifica los daños en su municipio en 11,7 millones de euros, de los cuales casi 800.000 euros corresponden a infraestructuras municipales. Las pérdidas más cuantiosas, no obstante corresponden a las viviendas destruidas y a sus costes reparación, más de 4 millones. A esta cifra hay que añadir, según explica, los costes de restauración forestal y medioambiental, 3,5 millones, o los daños en producciones agrícolas y ganaderas, 1 millón.
Hernández dice que en el pueblo se está viviendo “un auténtico drama social”, con 97 viviendas afectadas, de ellas 42 en ruina total. Echa en falta información por parte de las administraciones y añade que al estar la mayoría de viviendas afectadas dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey y, por ello, tener las competencias compartidas entre Ayuntamiento, Cabildo Insular y Gobierno de Canarias, no se avanza con la urgencia que la situación requiere.
En Coín (Málaga), el fuego calcinó 596 hectáreas, en su mayor parte masa forestal de pinos y otras especies como encinas y alcornoques. Su Alcalde, Fernando Fernández Tapia-Ruano, cuenta que los mayores perjuicios para su municipio son los medioambientales y que, en este caso, deberá ser la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la que tendrá que valorar los daños y establecer los planes de reforestación.
En el caso de Ojén, colindante con Coín, las pérdidas fueron mayores puesto que el incendio quemó una tercera parte del término municipal, con más de un centenar de casas afectadas en mayor o menor grado, y un número incalculable de campos de autoabastecimiento, ganado y casas de aperos asoladas. En total, quedaron arrasadas cerca de 4.000 hectáreas.
José Antonio Gómez, Alcalde de esta localidad, califica de “incalculables” las pérdidas, no solo por el impacto directo en bienes e inmuebles, sino también por la que supondrán para el sector turístico. A todo ello hay que añadir el daño ecológico en pérdida de masa forestal y en la extinción o desplazamiento total de la fauna autóctona.
Medios propios
En todos estos casos, en mayor o menor medida, los Ayuntamientos y sus equipos de gobierno contribuyeron a las tareas de extinción y logísticas de apoyo a sus vecinos o de evacuación, en su caso. En Cortes de Pallás (1054 habitantes) el Ayuntamiento intervino en tareas de desalojo, sin aportar medios propios, salvo las lógicas empleadas en comida y bebidas para los equipos de extinción.
La Isla de La Gomera carece de cuerpo de bomberos profesionales. El Ayuntamiento de Valle Gran Rey (5.364 habitantes), inició a primeros de agosto los trámites para crear una Asociación de Bomberos Voluntarios y justamente dos semanas antes del incendio, habían organizado unas jornadas de prevención de incendios. Como es lógico, los miembros de esta asociación participaron activamente en el control de puntos calientes, en el apagado de focos y como soporte logístico a los bomberos profesionales.
Miguel Ángel Hernández explica que los protocolos del gobierno de Canarias, en relación a incendios, dejan en un papel muy secundario a las Corporaciones Locales. “Nos limitamos a seguir las órdenes del Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias: evacuaciones, atención a los evacuados, etc.”, señala el Alcalde.
Hernández reconoce la modestia de los medios aportados por su Ayuntamiento: todo el personal a disposición de los vecinos y la coordinación de los voluntarios, sobre todo en la atención a los evacuados. Y un camión cuba, “bastante obsoleto, pero que cumplió con su cometido”.
En el momento en el que se produjo el incendio, el Ayuntamiento de Coín puso a disposición de los servicios de extinción todos los medios humanos y técnicos de los que dispone. Los efectivos de la Policía Local, los voluntarios de Protección Civil, los efectivos sanitarios, así como técnicos municipales de distintas áreas participaron en las labores para detener el fuego. Los miembros del equipo de gobierno estuvieron en la primera línea, coordinando a los efectivos municipales, encabezados por el Alcalde, Fernando Fernández. Él mismo y los concejales acudieron al puesto avanzado de mando que se estableció en Marbella para conocer minuto a minuto el avance del mismo.
En cuanto a los medios, Coín aportó un camión cisterna municipal, además de otros tres vehículos cisterna de vecinos del municipio, que el Ayuntamiento puso a disposición de los servicios de extinción.
El Ayuntamiento de Ojén, por su parte, estuvo en contacto permanente con el Centro de Coordinación de Emergencias, a las órdenes del INFOCA. Contribuyó con agentes de la policía local y de protección civil, que coordinaron junto con la Guardia Civil el desalojo total del municipio, una decisión que el Consistorio tomó asesorado por el INFOCA y que se llevó a cabo de una manera ejemplar, según su Alcalde.
Los agentes de la policía local, protección civil, agentes forestales de la demarcación y parte del equipo de gobierno acudieron en socorro, ayuda y aviso a los residentes en diseminados. Tras el incendio, desde el Ayuntamiento se están coordinando las peticiones de ayuda, reponiendo el mobiliario urbano destruido y aportando operarios municipales en las zonas de mayor necesidad.
Ayudas del Gobierno
¿Están de acuerdo los Alcaldes con las ayudas establecidas por el Gobierno central para hacer frente a las pérdidas de los incendios? En general sí, pero con algunos matices, a tenor de las respuestas de los primeros ediles consultados.
Alberto Sáez (Cortes de Pallás) las ve “acertadas”, especialmente aquellas dirigidas a la contratación de personas de los pueblos en la limpieza del monte quemado. Su Ayuntamiento espera unos 700.000 euros y para conseguirlo pide que el mecanismo “se establezca con celeridad y depositando la cuantía lo antes posible”.
Miguel Ángel Hernández (Valle Gran Rey) considera que son insuficientes. Las ayudas del El Gobierno de Canarias sólo se aplican para las viviendas afectadas y los requisitos son muy estrictos, por lo que cree que serán pocos vecinos los que puedan beneficiarse.
En cuanto a las ayudas del Gobierno Central, su primera impresión es que no se ajustan mucho a la realidad del mundo rural del municipio, “con características de minifundismo y donde la renta agraria es una actividad complementaria”. Para que sean efectivas, reclama que se planteen “en condiciones de facilidad y agilidad, que exista una participación activa de las Corporaciones Locales en la planificación y gestión de las inversiones y en los planes de empleo y que se produzca una mayor cooperación entre administraciones”.
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha elaborado tras el incendio un Plan de Empleo para la recuperación ambiental y paisajística de Guadá, una de las zonas afectadas, y la prevención de futuros desastres ambientales. La duración total del proyecto será de un año y el presupuesto se acerca al millón de euros.
El Alcalde de Coín valora con satisfacción la prontitud en la que fueron aprobadas las ayudas y califica de “muy conveniente” la fórmula escogida de que sean los Ayuntamientos quienes verifiquen los daños y los técnicos municipales los que hagan la peritación.
También ha sido muy beneficioso, según Fernando Fernández, que hayan ampliado el plazo, de uno a dos meses, para que los afectados presenten las reclamaciones sobre los daños sufridos, y reducido el tiempo de 6 a 3 meses para la resolución de estas peticiones. Sin embargo, “creemos que para optar a las ayudas aprobadas se han establecido demasiados requisitos y las indemnizaciones nos parecen insuficientes en algunos casos”.
Aunque no han sufrido daños en las infraestructuras municipales (caminos, redes de servicios, etc.), y por tanto no pedirán ayudas por este concepto, Coín sí va a solicitar que se tomen medidas preventivas de cara a nuevos incendios, como mejores accesos a zonas forestales, creación de cortafuegos y vías de evacuación para núcleos de viviendas aisladas.
Para José Antonio Gómez (Ojén) este tipo de ayudas “siempre son escasas”. “Ya hemos solicitado que se revisen los casos uno por uno, porque su casuística no entra, en su mayoría, en las ayudas aprobadas en el Decreto Real. Ojén es el municipio malagueño con más pérdidas, en volumen de terreno y en bienes e inmuebles afectados, “de ahí que sea urgente la revisión y concesión de estas ayudas”.
En el caso de Ojén, la cifra solicitada puede rondar los 6 millones de euros, entre lo perdido de propiedad privada y los montes e infraestructuras de propiedad pública. Gómez considera que el mecanismo más acertado seria que se dirigiese las ayudas a través del Ayuntamiento que es la administración más cercana, para que llegue cuanto antes a las personas más necesitadas.
¿Cómo prevenir?
Las estadísticas dicen que la eficacia de los equipos de extinción ha mejorado en los últimos años. Hasta el 70% de los incendios son controlados en fase de conato, es decir, antes de que arda una hectárea de superficie y hasta en el 99,8% de las ocasiones se consiguen extinguir antes de que superen las 500 hectáreas. Sin embargo, tal y como expone el Observatorio para la Sostenibilidad, cuando un gran incendio se está desarrollando, no hay medios humanos o materiales suficientes para frenar su avance, mientras no cambien las condiciones climatológicas extremas o la continuidad de la vegetación. Y el problema es que en su mayor parte están originados por la acción humana.
Al Alcalde de Cortes de Pallás afirma que “la prevención es capital” y que los montes están abandonados, por eso “es necesario una normativa de aplicación para conseguir que se active el tema de la utilidad privativa del monte”. El municipio que preside está protegido por varias figuras legales, “pero sin aportación económica al respecto”.
En la misma línea se pronuncia su colega de Valle Gran Rey. “Los incendios son un problema del primer mundo y la lucha contra los mismos está en la prevención”. Hernández opina que la apuesta fundamental pasa por el cambio de modelo en la forma en que concebimos el mundo rural, evitando que el abandono de la actividad agrícola y ganadera genere la acumulación de la materia orgánica que convierte nuestros montes y campos en un “polvorín”.
Fernández Tapia (Coín) aboga por intensificar la vigilancia preventiva con personal en los puestos de vigilancia y realizar anualmente trabajos de limpieza de maleza y de cortafuegos, además de llevar a cabo clareos de la masa forestal. Otra de las acciones sería la sustitución progresiva de la masa de pinares de las repoblaciones de los años 60 y 70, incorporando vegetación propia del bosque mediterráneo como acebuches, encinas, alcornoques y matorrales como enebro, lentisco, jaras, etc.
Este Alcalde malagueño introduce aquí el aspecto de la concienciación, a través de talleres y programas de educación ambiental para sensibilizar a la población sobre las graves consecuencias que tienen los incendios y las precauciones que hay que tomar para evitarlos. Pero también reclama un endurecimiento de la legislación existente ante las negligencias y conductas impropias en el campo.
José Antonio Gómez (Ojén) lo resume en tres palabras: educación, prevención y medios. “El problema que suscitan los incendios es poliédrico –comenta-, afecta a la concienciación de todos, a la ciudadanía y a las instituciones”. Por ello, pide que se trabaje en campañas de prevención o en el cumplimiento de las medidas de autoprotección obligatorias de las comunidades de vecinos y zonas residenciales. En definitiva, “educación en las escuelas, en las familias, interiorizar en la ciudadanía la necesidad de cuidar el entorno natural próximo y darle el valor que tiene”.
Campaña muy dura
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Miguel Arias Cañete, cifraba en 180.000 hectáreas la superficie afectada por los incendios, en su comparecencia de primeros de septiembre en el Congreso de los Diputados, sin contar todavía con las estadísticas del último gran incendio de la provincia de Valencia.
En su comparecencia, el Ministro señaló que las Comunidades Autónomas tienen asignados 14.659 millones de euros para todos los programas de desarrollo rural para el periodo 2007-2013 y de esos millones han programado casi 900 millones de euros, el 6,13 a medidas de prevención y de recuperación del potencial forestal. A 30 de junio de 2012, el nivel de ejecución de estas medidas era del 50%.
Cañete reconoció en el Congreso que la campaña de este año ha sido “muy dura”, tanto por las víctimas mortales como por el número de ciudadanos que se han visto afectados por los incendios. Sin embargo, afirmó que también ha sido una campaña en la que se ha actuado de forma coordinada. “Cuando se suman esfuerzos -Protección Civil, UME, CCAA- y los medios que el Ministerio de Agricultura pone a su disposición son coordinados por técnicos que conocen su oficio, se han podido combatir los incendios”.
Arias Cañete elogió el comportamiento de los profesionales que han combatido el fuego –“ha sido admirable”- y señaló que “si no hubiera sido por esta coordinación, los resultados habrían sido mucho peores”, afirmó.
El Ministro anunció que el Gobierno reformará el Código Penal para endurecer las penas a los pirómanos y modificará la forma en la que se enjuician estos delitos.
Alcaldes contra las Llamas
