FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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2011, retos y oportunidades
El año que acabamos de comenzar se presenta lleno de retos y al mismo tiempo de oportunidades. Por un lado, la convocatoria electoral del 22 de mayo, que va a ser la referencia de buena parte de la vida local, y que, sin duda, condicionará la actividad de la FEMP a lo largo del año, y, por otro, la necesidad de garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos, con el mismo nivel de calidad, en un contexto de crisis económica, en el que crecen las necesidades sociales y no los recursos. Al mismo tiempo, si se cumplen las previsiones del Gobierno, tendremos la oportunidad de abordar la negociación de la nueva Ley del Gobierno Local en este mismo mes.
El Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha anunciado los contactos formales para negociar la nueva ley con la FEMP, respondiendo así a la petición que habíamos hecho al Gobierno por acuerdo unánime de la Comisión Ejecutiva, adoptado en la reunión del 14 de diciembre.
La nueva Ley del Gobierno Local será el marco normativo en el que quedará regulado el funcionamiento de los Gobiernos Locales, el sistema de gobierno local, el marco competencial, la intermunicipalidad, los derechos y obligaciones de los electos locales y la participación de los ciudadanos, entre otras cosas. Será el instrumento que nos permitirá adaptar los Gobiernos Locales para poder responder a lo que realmente los ciudadanos esperan de nosotros.
Queda pendiente la reforma de la financiación local, el otro gran desafío al que tenemos que hacer frente, a pesar de las dificultades y de que no sean estas las mejores circunstancias para abordarla.
Junto a mis mejores deseos para todos los lectores de Carta Local, me gustaría hacer un agradecimiento especial a todos los Alcaldes españoles que en el difícil año que acabamos de pasar han sabido superar las dificultades económicas sin merma alguna de los servicios públicos básicos que prestan a los ciudadanos. Con rigor, austeridad y corresponsabilidad con los objetivos de reducción del déficit público y la sostenibilidad de las cuentas públicas de España.
