Estas propuestas están recogidas en el “Libro Verde: Los Gobiernos locales intermedios en España”, elaborado por la Fundación Democracia y Gobierno Local y presentado recientemente en Madrid. El documento plantea propuestas para una reforma institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, y ofrece un decálogo de recomendaciones que van desde la apuesta por un espacio competencial material propio y un sistema de financiación "coherente" con el competencial, hasta la mejora del sistema electoral, mediante la implantación de un sistema de representación directa o mixta.
El estudio de la Fundación ofrece, por un lado, el análisis histórico de la Provincia como institución, destacando la referencia a su "papel estelar" en la creación del Estado autonómico, y, por otro, pone en valor el trabajo que realizan estas entidades provinciales e insulares para garantizar que los Ayuntamientos más pequeños puedan prestar servicios básicos a los ciudadanos.
Los autores del Libro contestan a quienes plantean la conveniencia de suprimir estas entidades, apostando por su legitimidad, recogida en la Constitución, y por el reforzamiento de unas instituciones que son la “pieza central” de la arquitectura institucional básica de la intermunicipalidad. De ahí que también planteen una reforma de la legislación básica local, que redefina las competencias de los gobiernos intermedios locales, la forma de elección y de gobierno y su financiación.
Para reforzar la legitimidad de las Diputaciones Provinciales, proponen “introducir un proceso de reflexión” para cambiar el sistema electoral y apunta tres posibles alternativas: modificar el sistema actual de representación indirecta, implantar uno de representación directa o incorporar un sistema mixto de representación.
El Libro Verde también apuesta por la eficiencia de estas instituciones y aboga por la simplificación y racionalización de sus estructuras organizativas, impulse una cultura de gestión de control de resultados e implante la mejora continua en su gestión. En lo que respecta a las competencias, señala que el reconocimiento de competencias propias debe ir dirigido a mejorar la eficiencia del sistema de Gobierno Local en su conjunto y que, en concreto, se deben atribuir a las provincias competencias de carácter “material o sustantivo”, sin perjuicio de mantener y mejorar las competencias funcionales.
De igual forma, pone de manifiesto que las provincias son agentes inversores y una fuente importante de financiación de los municipios a través de los servicios que prestan, además de ejercer un volumen considerable de gasto en la producción de bienes de carácter social y de bienes económicos. Por eso, considera necesario acometer una mejora cualitativa del sistema de financiación, en el marco de la futura reforma legal de la financiación local.
Consenso político
Como colofón del trabajo de análisis y propuestas, los autores del Libro apelan apela a un amplio consenso, articulado como Pacto de Estado, entre las fuerzas políticas para sentar las bases de un proceso de ordenación racional y eficiente de los Gobiernos Locales Intermedios, como “piezas maestras” para hacer efectivo el principio de autonomía local y salvaguardar la autonomía municipal.
Tal postulado fue defendido por el Presidente de la Fundación Democracia y Gobierno Loca y Presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, que valoró el estudio como “autocrítica serena” sobre el trabajo que están realizando los Gobiernos Locales Intermedios en España, sin perder la referencia de los de otros países de la UE y, sobre todo, “de la labor que pueden y deben ejercer en el futuro en un entramado institucional en el que las competencias de los Gobiernos Locales queden adecuadas a la realidad, definidas con claridad y con un sistema de financiación suficiente”.
Antonio Fogué, que además preside la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, defendió la autonomía de las Diputaciones, reconocida en el artículo 137 de la Constitución, la eficiencia en el empleo de los recursos públicos y su capacidad para prestar ayuda y asesoramiento técnico a los pequeños Ayuntamientos.
En la presentación de este documento también estuvieron presentes la Directora General de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial, María de los Llanos Castellanos; el Vicepresidente de la Comisión de Diputaciones de la FEMP y Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Ramiro Felipe Ruíz; la Secretaria General de la FEMP, Isaura Leal; y el Director de la Fundación, Rafael Jiménez Asensio.
Garantes del principio de subsidiariedad
La Directora General de Cooperación Municipal anunció que el Proyecto de Ley del Gobierno Local establecerá un mayor ámbito de competencias a los Gobiernos Intermedios, garantías para la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad de acceso, y mecanismos que les doten de mayor presencia pública y mayor control político por parte de la oposición, en los Gobiernos Provinciales.
La representante del Ministerio de Política Territorial apostó por la supervivencia de las Diputaciones Provinciales y explicó que el Presidente del Gobierno ha defendido de manera "tajante" el papel de estas Entidades Locales, "por el arraigo ciudadano, que no es una reminiscencia histórica, sino de presencia sobre el terreno".
La Secretaria General de la FEMP afirmó que los Gobiernos Locales Intermedios garantizan la aplicación del principio de subsidiariedad en cada territorio y el de igualdad en al acceso a los servicios esenciales; aportan recursos materiales y de personal, ayudan a la generación y mantenimiento del empleo y evitan la despoblación rural. En definitiva, añadió, hacen posible la mejora de las condiciones de vida de las personas, con independencia de su lugar de residencia.
Gracias a que han ayudado a mantener los servicios básicos –apuntó- se ha podido mantener la presencia de las personas mayores en su territorio de origen, al mismo tiempo que han realizado una intensa labor de creación de nuevas oportunidades de empleo y vivienda para los más jóvenes, contrarrestando el progresivo envejecimiento de los pueblos.
Isaura Leal puso algunos ejemplos de la labor que llevan a cabo, como el mantenimiento de carreteras provinciales, los servicios de extinción de incendios y salvamento; la extensión de las nuevas tecnologías; la dinamización turística de las provincias; la recogida de residuos urbanos; las políticas de igualdad; los servicios provinciales de drogodependencias, de atención a las personas mayores, de enfermos mentales, o el impulso en las zonas rurales de la Ley de Dependencia.
Por su parte, Ramiro Felipe Ruiz defendió, contra las voces críticas con la labor de las diputaciones, que éstas son "herramientas engrasadas", fundamentales en la prestación de servicios públicos, el desarrollo de los pueblos y el mantenimiento de la equidad entre territorios.