Nada más tomar posesión en su cargo como Presidente, el Alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que millones de personas podrían perder prestaciones sociales con la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Por eso, en la primera Junta de Gobierno del nuevo mandato, celebrada el 28 de octubre de 2015, la FEMP adoptó el acuerdo de pedir un retraso en su aplicación para, posteriormente, proceder a derogar la norma.
Un mes después, la FEMP volvía a insistir sobre el tema, ante la proximidad del 1 de enero de 2016, fecha prevista para la entrada en vigor, y reclamaba “garantías totales” y un “mecanismo legal que asegure” que la reforma local no se aplicará en lo que afecta a la pérdida de competencias locales en materia de prestación de servicios sociales.
Antes de finalizar 2015, y de forma paralela a las decisiones tomadas en relación con la LRSAL, la FEMP mostraba su disposición a trabajar para ayudar a resolver el problema de los refugiados anunciado la intención, entre otras, de poner en marcha una oficina física de atención a la acogida de desplazados.
Financiación local
Ya en enero de 2016, la Junta de Gobierno, con el refrendo del Consejo Territorial acuerda dar comienzo a los trabajos de elaboración de una propuesta de nueva Ley de financia ción local. La intención es que el resultado de este trabajo sea elevado al Gobierno de la nación, tan pronto se constituya.
Al mismo tiempo, la FEMP volvía a reclamar un cambio en la actual interpretación del techo de gasto que dé más flexibilidad a los municipios y les permita plantear sus presupuestos sin las limitaciones que supone el modelo actual.
En febrero, los órganos de gobierno de la Federación abordaron otro de los temas de “espinosos” relacionados con la Administración Local: el futuro de las Diputaciones Provinciales. Sobre este asunto, se aprobó una resolución del Grupo Socialista, consensuada con el Grupo Popular, encaminada a impulsar a estas administraciones redefiniendo su papel y su estructura.
El Constitucional sentencia
Fue en los comienzos del año cuando al Tribunal Constitucional emitía la primera de las sentencias sobre la LRSAL, en la que declaraba inconstitucionales y nulos algunos de sus preceptos al considerar que el Estado invade competencias autonómicas en materias relativas a salud, servicios sociales o educación. El fallo de Alto Tribunal avalaba que los Ayuntamientos siguieran aplicando las políticas sociales y educativas.
Apenas tres meses más tarde el TC volvía a estimar parcialmente otro recurso de inconstitucionalidad, esta vez de la Junta de Andalucía, y rechazaba, entre otras cosas, la atribución que la nueva Ley otorga a la Junta de Gobierno Local, en detrimento del Pleno, en la toma de decisiones “relevantes para la vida municipal”.
Además, declaró nulos en parte otros dos artículos, referidos a los servicios municipales obligatorios y a la regulación del ejercicio actividades en régimen de monopolio.
Sobre estos pronunciamientos, el Presidente de la FEMP incidió en el profundo carácter antimunicipalista de la LRSAL y reiteró la necesidad de su derogación, subrayando que así lo defendían Alcaldes de todos los partidos
Acogida de refugiados
La FEMP aprobó la puesta en marcha de la Red de Municipios de Acogida de Refugiados, en el mes de mayo, con un objetivo claro: que se convierta en el “mejor y más eficaz instrumento para que el Gobierno de España cumpla con el derecho internacional y con los compromisos europeos”.
Abel Caballero explicaba en aquel momento el “enorme potencial de esta Red” y ponía en valor los acuerdos de colaboración suscritos las ONG’s ACCEM, Cruz Roja y CEAR para apuntalar esta iniciativa, que deja el operativo de nuestro país en las condiciones óptimas para la acogida e integración refugiados. “Ya no hay excusas para más retrasos ni para demorar la llegada de estas personas que huyen de la guerra y el terror”, afirmó el Alcalde de Vigo.
En las páginas siguientes se resume la actividad de la FEMP, en cada una de las principales áreas de trabajo de la Federación, desde el Pleno celebrado en septiembre de 2015.