FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Conseller valenciano afirma que la nueva normativa legal supone un “soplo de aire fresco” para los consistorios, tanto en lo tocante a la financiación, como a la adaptación de la Administración Local a los nuevos tiempos. El texto ha contado en todo momento con el respaldo y la aprobación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde están representados todos los grupos políticos. “Estamos satisfechos –señala Blasco- porque es una Ley que nace del consenso con los representantes locales, con quienes hemos trabajado codo con codo para su elaboración y ahora seguimos trabajando juntos en el desarrollo reglamentario”.

Además de la ampliación de la capacidad de auto organización municipal, la Ley tiene en cuenta el carácter minifundista del mapa local valenciano y para ello pone a disposición de los consistorios un amplio catálogo de medidas tendentes a fomentar las agrupaciones municipales. Por ejemplo, los municipios de menos de 500 habitantes (el 25% del total de localidades de la Comunitat) pueden acogerse al Régimen de Gestión Compartida que exime a estos Ayuntamientos de prestar determinados servicios y propicia que se cree un modelo más simplificado de funcionamiento.

Fondo de Cooperación municipal

Rafael Blasco resalta, sobre todo -“dada la urgencia con la que debe atajarse la agonía municipal agravada por la política del Gobierno central”-, que la es la única Ley autonómica que recoge la creación del Fondo de Cooperación Municipal, una cuestión que se está tratando con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. “Estamos trabajando y tenemos previsto aprobar el reglamento que regule este fondo antes de que finalice el año. La cuantía del fondo dependerá también de la financiación del Estado a la Comunitat Valenciana que esperamos sea más generosa y menos arbitraria que en los últimos años”, señala el Consejero.
Otro de los aspectos clave del nuevo marco legal municipal es el instrumento que crea para impulsar las figuras asociativas municipales que contribuyan a la mejora de los servicios públicos, a través de Mancomunidades y otras formas de asociación de las Entidades Locales. En este sentido, destaca como principal novedad la figura del régimen de gestión compartida, que dispensa a los pequeños municipios acogidos al mismo de la prestación de determinados servicios públicos y configura un modelo simplificado de organización y funcionamiento.

La Ley establece, además, nuevos mecanismos para garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos de sus respectivas localidades, con la creación de nuevas figuras como el Defensor del Vecino o la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 

Competencias

En lo que respecta al marco competencial, establece una relación de  competencias propias de los municipios para la gestión de sus intereses y la prestación de servicios públicos, que podrán ser objeto de transferencia o delegación, siempre de acuerdo con la legislación estatal vigente, en materias relacionadas con la sanidad, la educación, el turismo, la protección civil o los deportes, entre otras. Además, podrá ser objeto de transferencia o delegación cualquier otra competencia de la Generalitat, cuya gestión se considere más conveniente por los municipios, en virtud del principio de proximidad al ciudadano.

Con el fin de cubrir el vacío legal existente, la Ley dedica uno de sus títulos a la regulación pormenorizada de las Entidades Locales Menores, reconociéndoles su categoría de Entidad Local con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, regulando sus competencias propias y aquellas otras que pueden asumir por delegación del municipio del que dependen.

Compromiso cumplido

El Conseller de Solidaridad y Ciudadanía ha manifestado a esta revista que la Ley Valenciana de Régimen Local es un “desafío para desarrollar y fortalecer nuestro Estatuto”, porque, según expresa, “no podíamos esperar más”, dado que el Gobierno (central) “actúa tarde y mal”. Blasco afirma que las Comunidades tienen competencias para legislar en esta materia y “ahora, el Gobierno central no tendrá más remedio que adaptarse a este nuevo panorama”.