El documento, impulsado por la Fundación ONCE, analiza la accesibilidad de calles, plazas, edificios públicos y páginas Web de los Ayuntamientos españoles, a través de una muestra realizada en 70 municipios. Para su elaboración se ha contado con la colaboración de la FEMP, el CERMI y el IMSERSO, entidades que junto con la ONCE integran el Observatorio.
La principal conclusión de este trabajo es que existen múltiples y diversasrupturas en la cadena de accesibilidaden los más de 254 kilómetros de calle evaluados; a lo que hay que sumar que, con frecuencia, se incumple la normativa vigente de accesibilidad tanto en zonas del casco antiguo, como rehabilitadas o de reciente construcción.
Es indudable que se ha avanzado mucho en la aplicación de criterios de accesibilidad. Así lo reconocen los técnicos que han elaborado el estudio; del mismo modo que valoran el que las Corporaciones Locales y los técnicos municipales han ido dando respuesta a las propuestas de las organizaciones sociales y a las personas con discapacidad. Sin embargo, afirman que la aplicación de la normativa y las actuaciones acometidas no han tenido los resultados deseados.
El Observatorio pone de manifiesto que los Ayuntamientos sí gastan recursos en medidas que tienen que ver con la accesibilidad física, procesos y servicios, si bien matiza que son gastos puntuales y que no existe una planificación global de ese gasto para desarrollar la accesibilidad universal municipal.
Al mismo tiempo, señala que la mayoría de los municipios tienen en curso acciones o actuaciones “previstas o inmediatas” en materia de accesibilidad, pero que dichas acciones son puntuales, no suelen estar inscritas en un plan general o son actuaciones de urbanismo –reforma de aceras o calles- que no tienen en cuenta los criterios de accesibilidad universal.
En la comparativa entre municipios no se aprecian diferencias significativas a grandes rasgos según el tamaño. En este sentido, el texto señala que la aplicación de la legislación vigente no está relacionada con tener más o menos recursos económicos o con el tamaño del municipio sino con la sensibilidad y voluntad de los políticos y técnicos que diseñan y supervisan las actuaciones a realizar en el entorno urbano.
Urbanismo
Del análisis realizado sobre urbanismo, el documento destaca deficiencias en el pavimento que dificultan el tránsito y aumentan el riesgo de caídas; la existencia de piezas sueltas, resaltes o huecos; pendientes puntuales en aceras, pasos de peatones no detectables por todos los viandantes y un alto porcentaje (67,6%) de semáforos sin avisador acústico.
Otros de los “peligros” que acechan a las personas con discapacidad son las escaleras sin barandillas, rampas estrechas, bolardos, bancos mal ubicados, papeleras mal diseñadas que impiden su uso y contenedores. Por ejemplo, una de cada cuatro papeleras tiene problemas de diseño o son peligrosas por su ubicación y más del 60% de los pasos de peatones nos son utilizables o detectables por todos los ciudadanos.
Edificios públicos
Sacar dinero de un cajero, acceder a un local o a un edificio público tampoco es tarea fácil. Según el estudio, la mayoría de los cajeros evaluados no son accesibles y muchos locales comerciales tienen escalones que dificultan el acceso a sus clientes o acristalados difíciles de detectar para una persona con discapacidad. En los edificios públicos es difícil encontrar un recorrido accesible protegido hasta la acera. Tampoco hay paradas de transporte público ni plazas de estacionamiento reservadas. A todo ello se une una mala señalización.
“Para llegar a un edificio público, ya sea peatonalmente, en transporte público o privado, se rompen sucesivos eslabones de la cadena de accesibilidad”, denuncia el informe, que recalca que la participación ciudadana comienza con la accesibilidad. El informe aporta el dato de que alrededor de un 25% del total de edificios evaluados no permiten una entrada accesible, por no tener acceso a nivel ni disponer de itinerario peatonal alternativo a las escaleras.
No obstante, los resultados del trabajo indican que “una vez superada la puerta de acceso y hasta los puntos de atención, aseos o ascensores, los vestíbulos y áreas de recepción son accesibles en su gran mayoría, puesto que únicamente un 10% no cumplen estos requisitos.
El texto también recoge otras cuestiones que no tienen que ver con el diseño público sino con el incumplimiento cívico. En este capítulo se encuentran las obras mal señaladas, los estrechamientos de aceras -fundamentalmente por coches mal aparcados- y las basuras sin recoger en las aceras.
Transporte público
El área de transporte públicotambién presenta algunas deficiencias. Las paradas de taxis, por ejemplo, no están señalizadas y, en general, tampoco permiten el embarque a nivel entre el vehículo y una plataforma de acceso.
En el caso de los autobuses, las paradas también presentan deficiencias. En el 13% de los casos no hay asientos y cuando los hay, en su mayoría, no son accesibles. En el 15% de los casos en que existe marquesina –el 35,7% de las paradas carecen de ella- el entorno no permite o dificulta el acercamiento.
En cuanto al acceso al vehículo, una tercera parte de ellos no es de piso bajo, el 32,8 no permite el acceso por rampa y el 30,3% carece de sistema de inclinación.
Accesibilidad de páginas Web
El Observatorio también ha analizado la accesibilidad de las páginas Webde los Ayuntamientos. De manera general, el informe concluye que los municipios con más población cuentan con un portal Web municipal más accesible. La media de accesibilidad es de 6,5 puntos, un aprobado que, sin embargo, según la escala del Observatorio, se corresponde a un nivel de accesibilidad deficiente. Los principales problemas se encuentran en los contenidos multimedia, aplicaciones como Flash y los archivos PDF.
Conclusiones
Los redactores del estudio, en sus conclusiones, apuntan como primer elemento de reflexión que actualmente se tiende a actuar sobre determinados elementos de accesibilidad, que incluso se están convirtiendo en iconos, sin afrontar un “abordaje universal” del problema. Ponen un ejemplo: hay un avance importante en la colocación de vados en las calles, mientras sigue siendo imposible acceder a la gran mayoría de los locales comerciales.
Por otra parte, la normativa aplicada en los municipios analizados contempla criterios y áreas de actuación diferentes según las Comunidades Autónomas a las que pertenecen y, además, no se aplica o cumple en su literalidad. La participación ciudadana –no siempre presente o con cauces eficaces-, así como la aplicación y uso de los planes de accesibilidad, se revelan como insuficientes.
Para abordar estos problemas, el estudio propone la realización de campañas a nivel estatal, autonómico y municipal con el objetivo de concienciar a políticos, gestores y técnicos y a la sociedad en general sobre la necesidad de la accesibilidad universal, sus beneficios para la convivencia y el desarrollo social e individual.
Otra de las recomendaciones apuntadas es que los sistemas de gestión municipal incorporen los instrumentos que permitan lograr la accesibilidad universal, así como su control efectivo. Al respecto, se pide que los planes de accesibilidad queden plasmados en los planes de ordenamiento urbano, en la planificación de los servicios a los vecinos o en las áreas de mantenimiento o limpieza, con el fin de que mantengan su vigencia y evitar que su efectividad sea temporal o parcial.