FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, ha avanzado las líneas generales que sustentarán el documento de alegaciones que la FEMP elaborará con las aportaciones y sugerencias que le hagan llegar todos los miembros de la Junta de Gobierno así como las Federaciones Territoriales al objeto de mejorar el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En este punto, recalca que aquello que no pueda consensuarse y no tenga cabida en el documento matriz, será remitido “en todo caso” al Ministerio para su consideración como anexo.

De esta forma, se da cumplimiento a lo acordado en la última reunión tanto de la Junta de Gobierno como del Consejo Territorial, que tuvieron lugar el pasado 6 de marzo, y en la que se aprobó dar tiempo para la elaboración de una propuesta común, en la que queden recogidas las reivindicaciones municipales, para ser presentada en el proceso de negociación de la reforma local.

La defensa a ultranza de los pequeños municipios y la clarificación del reparto competencial resultarán claves en el documento final, que será, además, el que se maneje en la Comisión Nacional de Administración Local. Se trata, según De la Serna, de modificaciones a la reforma realizadas “desde la lealtad institucional, con espíritu constructivo de mejora y de enriquecimiento del texto inicial, para conseguir el mejor Anteproyecto de cara a su tramitación parlamentaria”.

En este sentido, el también Alcalde de Santander subraya que la idea es “cerrar un documento lo antes posible” para así poder comenzar a mantener reuniones con el Ministerio e ir conociendo su posición sobre las propuestas planteadas por la FEMP. De la Serna no sólo alaba el diálogo abierto voluntariamente por el Gobierno con la FEMP, sino también el que “ahora esté dispuesto a seguir trabajando con nosotros y esté abierto a modificaciones para buscar el máximo acuerdo posible”. Por ello, insistió, en que la FEMP “coge la mano tendida del Gobierno” y hará “un documento lo más participativo posible, que satisfaga a todas las partes para conseguir la mejor reforma posible”.

Reparto competencial

Del conjunto de observaciones que se han planteado, un bloque importante tiene que ver con el ámbito competencial. Y, en este aspecto, cuestión clave es la relativa a la competencia en Educación. Aunque el Anteproyecto reconoce que ésta corresponde a las CCAA, la FEMP no está de acuerdo con la redacción final del texto en la que se indica que los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de los colegios deberán ser financiados por las Entidades Locales.

“Los Ayuntamientos no tenemos transferidos recursos para la asunción de este tipo de gastos, por lo que, por sentido común, vamos a solicitar que la Educación sea asumida y financiada íntegramente por quiénes tienen la competencia, es decir, por las CCAA”, asevera el Presidente.

También se insistirá en que el traspaso de las competencias en materia de Sanidad y Educación se realice en el plazo de un año, el mismo período que se ha previsto para las relacionadas con Servicios Sociales. En este momento, el Anteproyecto contempla que dicho retorno a las CCAA se produzca en un período de cinco años, a razón de un 20% por anualidad. A juicio del Presidente, esta solicitud resulta importante “para que la clarificación competencial se realice en el menor tiempo posible”, ya que este hecho es el que más ahorro va a generar.

La Federación cree preciso, a su vez, que se incluya en el listado de materias de competencias propias de los municipios algunas que en este momento no se contemplan. Se trata de aquellas relacionadas con la participación ciudadana –una de las labores esenciales de las Entidades Locales-, así como de otras relacionadas con la posibilidad de hacer proyectos y servicios tecnológicos como los que se realizan en el campo de las Smart Cities. “Sería ir a contracorriente no tener la posibilidad de ejercer estas competencias, claramente vinculadas a las ciudades”, señala De la Serna.

Asimismo, se solicitarán cambios para que las Entidades Locales que estén saneadas puedan ejercer competencias que no sean propias, un asunto que sí aparecía reflejado en borradores anteriores del Anteproyecto de Ley. Sin embargo, ahora, se imponen una serie de requisitos, como que el interventor municipal valore la sostenibilidad financiera del servicio que se quiere prestar o que la CCAA elabore un informe, con carácter vinculante, en el que se especifique que no hay duplicidad para ejercer dicha competencia. Ambas referencias, vulneran la autonomía local por lo que se pedirá que se corrija.

Tampoco se entiende por qué  no se permite que las CCAA deleguen servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes, un asunto que la FEMP entiende que se debe solucionar. Igualmente, se alegará que la entrada en vigor de la Ley no deje sin efecto todos los convenios de colaboración o cooperación que las Entidades Locales tengan firmados con las administraciones regionales. En este punto, se pedirá que se otorgue un período transitorio porque, “si esta situación ocurre de manera inmediata los Ayuntamientos nos quedamos con el personal adscrito a esos convenios pero sin recursos económicos para financiarlos”, explica el máximo representante de los gobiernos locales españoles.

Coste estándar

En relación a este asunto, la FEMP estima que deben reconsiderarse varias cuestiones. La primera, y más importante, es que si se va a establecer un coste estándar –es decir, un límite mínimo sobre la eficiencia de los servicios- “resulta fundamental que las Entidades Locales participen en su diseño y que no venga impuesto”, reclama De la Serna.

Además, una vez que se fije, debería establecerse un período de un año para que los Ayuntamientos se adapten al mismo. Y ello, porque, según aclara el Presidente, “siempre será mejor que el municipio adapte su estructura y cumpla con el coste estándar a que directamente el servicio pase a una entidad superior, como puede ser la Diputación”.

Por otra parte, la FEMP prevé alegar que dicho coste estándar sólo sea de aplicación para aquellos municipios que hayan demostrado que no son eficientes (que tengan ahorro neto negativo o que sobrepasen los límites de endeudamiento máximo permitido). Es decir, que no se establezca una evaluación global para todos los Ayuntamientos de España, tal y como ahora se contempla, sino sólo para aquellos casos en los que sea patente su falta de eficiencia.

Supresión

El último borrador de Anteproyecto propone la intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes, una cuestión que no aparecía en anteriores borradores y que ha generado honda preocupación en el ámbito local. Por este motivo, la FEMP propondrá la supresión de estos mecanismos al considerarlos innecesarios pues ya existen fórmulas suficientes para ejercer control sobre cualquier municipio que no cumpla con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En el capítulo de sueldos, se pedirá que aquellos Alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes puedan recibir algún tipo de retribución, algo que en este momento no se contempla. En opinión del Alcalde de Santander “esto debe clarificarse y existen mecanismos, como la dedicación parcial, que pueden servir para ello”. Asimismo, en relación al número de eventuales, se insistirá en que los Ayuntamientos con población entre 1.000 y 5.000 habitantes puedan contar con alguno. “Es muy importante establecer esta posibilidad para poder mantener la calidad de los servicios en esos Ayuntamientos pequeños”, afirma De la Serna.

En relación a los baremos de sueldos que se van a establecer para todos los Alcaldes y a las dedicaciones exclusivas, la FEMP subraya en su borrador de alegaciones que debería entrar en vigor a partir del 1 de junio de 2015, al igual que ocurre con los eventuales de grandes poblaciones, y no con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2014.

Función interventora

En otro orden de cosas, la FEMP hará alegaciones para que se module el papel que la reforma otorga a los interventores; sin menospreciar, en ningún caso, la función clave que estos profesionales realizan para el control de las estructuras administrativas y económicas de los Ayuntamientos.

Sin embargo, el Anteproyecto les da otras potestades como la del control de la eficacia de los servicios que prestan los Gobiernos Locales que, según el Alcalde de Santander, “se parece bastante a lo que pueden ser factores de oportunidad” que, a su juicio,  “deben residir siempre en el ámbito político”. En este sentido, puntualiza que hay determinados aspectos en el papel que van a jugar los interventores a partir de la reforma que son de “dudosa compatibilidad con la autonomía local”.