En total han sido 30 las propuestas de enmienda presentadas, la mayor parte de ellas relacionadas con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque también se han registrado, en menor medida, otras que afectarían a los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Empleo y Seguridad Social; y Justicia.
En este último caso, la propuesta de la Federación hace referencia a los Juzgados de Paz, concretamente a mantener la subvención a los Ayuntamientos para dar cobertura a los gastos que dichos Juzgados generan. Los PGE 2014 prevén para este fin una minoración de 173,4 millones de euros sobre la cantidad destinada en 2013, que fue de 2.167,61 millones. A este respecto, la FEMP recuerda que son los Ayuntamientos quienes han de proveer a estos Juzgados, órganos de la Administración de Justicia, de instalaciones y medios instrumentales necesarios para su funcionamiento, así como el personal que preste sus servicios, si se trata de municipios con menos de 7.000 habitantes. Los Consistorios se ven obligados a asumir gastos derivados de una competencia municipal impropia, derivada de una encomienda de gestión impuesta por la ley. Por ello, la FEMP reclama en su propuesta no reducir la dotación para la cobertura de estos gastos.
Tasa de reposición y transporte público urbano
Una de las cuestiones presentes en mayor número de propuestas es la relacionada con la tasa de reposición de efectivos de la Administración Local. De las cinco en las que aparece recogida esta cuestión, siempre con el objetivo de evitar el deterioro de los servicios públicos como consecuencia de la limitación de la citada tasa, en tres se pide eximir de su aplicación a la Administración Local: cuando se trate de la incorporación de personal de Policía Local y de servicio de prevención y extinción de incendios, “siempre dentro del marco de estabilidad presupuestaria marcado por la legislación vigente, y en especial por el artículo 135 de la Constitución Española”, según señala textualmente la propuesta.
El tercero de los casos afecta a los municipios menores de 15.000 habitantes. Para ellos la FEMP señala que “no se verán afectadas por la tasa de reposición ni por limitaciones de otro tipo en la incorporación de efectivos”.
Las dos propuestas restantes relacionadas con la tasa de reposición hacen referencia a los servicios de prestación obligatoria y al personal municipal que tenga encomendado el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de atención a las personas en situación de dependencia. En ambas propuestas se reclama fijar hasta un máximo del 10% la tasa de reposición.
Por lo que se refiere a transporte público urbano, las peticiones de la Federación se orientan a la eliminación del requisito establecido para la percepción de las subvenciones a Entidades Locales por servicios de transporte público urbano. La Ley de PGE exige el cumplimiento de determinados criterios medioambientales establecidos en el Plan de Medidas Urgentes para la estrategia española de cambio climático y energía limpia, y asumidos por la Ley de Presupuestos para percibir las subvenciones.
A juicio de la FEMP, este requisito podría dificultar la prestación del servicio de transporte colectivo urbano por las Corporaciones Locales, por lo que considera necesario suprimirlo y trasladar su discusión a la CNAL.
También en materia de transporte, la FEMP ha pedido que se mantenga el importe de la dotación destinada a cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano en 2011, que ascendió a 70,78 millones de euros.
Fondo para pequeños municipios
El fondo especial para la financiación de municipios menores de 20.000 habitantes forma parte de otras dos propuestas en las que se demanda dotar a lo largo de 2014 esta partida y disponer la misma financiación por habitantes que en 2011. La Federación justifica esta enmienda recordando la necesidad de establecer mecanismos de nivelación que impulsen la convergencia progresiva entre municipios, pequeños y grandes, con relación a la cantidad que les corresponda por habitante en la participación en los Tributos del Estado.
La Federación recuerda que desde 2002 no se han revisado ni el modelo competencial ni el modelo de financiación local. La supresión de este fondo en 2012 ha agravado la situación financiera de los municipios con menos capacidad para acceder a recursos financieros. Por ello, demanda la incorporación de un nuevo concepto al Programa 942ª (Cooperación Económica Local del Estado), dotado con un presupuesto de unos 45 millones de euros para estos municipios.
Precisamente para ese Programa de Cooperación Económica Local (CEL) del Estado se pide una dotación presupuestaria por un importe total de 83.643.400 euros. La CEL se centra en la realización y ejecución de planes provinciales e insulares de cooperación sobre inversiones municipales y proyectos de obra de mejora y conservación de la red viaria de titularidad de las Diputaciones Provinciales o de los Cabildos y Consejos Insulares. En los ejercicios de 2011 y 2012 tan sólo se pagaron las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores y se acordó que la CEL se canalizaría a través del sistema ordinario de financiación local. Y así lo recoge el articulado del texto de los PGE 2014. La FEMP entiende que no se especifica si esta medida afecta también a 2014, y por ello solicita la dotación presupuestaria mencionada.
Retener a las Comunidades Autónomas de las transferencias que reciben del Estado las cantidades que adeudan a las Entidades Locales, es la solución propuesta para hacer efectivo el pago de las obligaciones contraídas por las Administraciones Regionales con municipios y provincias, que no pueden ser satisfechas por medio del FLA o del Plan de Pago a Proveedores. Así queda recogido en otra de las propuestas.
Otra de las cuestiones recogidas en el paquete de propuestas hace referencia al “carácter afectado a fines locales de la participación en los Tributos del Estado que las Comunidades Autónomas Uniprovinciales perciben como Diputaciones Provinciales”. Se trata de una tradicional reivindicación en la que se recuerda que “la participación de las provincias en los ingresos del Estado, aunque por su naturaleza es un recurso de carácter local, se convierte en un recurso de financiación autonómica para las Comunidades Autónomas Uniprovinciales de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Navarra y Madrid, que deben ejercer las funciones antes atribuidas a las correspondientes Diputaciones Provinciales”. A fin de que den cumplimiento a esas funciones, la propuesta solicita afectar a fines locales estos fondos que reciben las CCAA.
Asimismo, se ha elevado la propuesta de incrementar la dotación presupuestaria destinada al funcionamiento de la FEMP hasta situarla en 2,5 millones de euros para 2014. En su justificación, la Federación también propone, como ya hiciera el pasado año, sustituir el actual sistema de financiación –subvención nominativa- por una participación del 0,05% de la PIE anual.
Funcionamiento de los servicios
Al objeto de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales, la FEMP ha propuesto la incorporación de una nueva Disposición Adicional que permita a las Entidades Locales, de manera excepcional, incurrir en déficit estructural cuando hayan de afrontar las consecuencias de una catástrofe natural, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria. Esta opción, disponible ya para Administración Central y Comunidades Autónomas, no es posible para el sector local en el marco de la actual normativa de endeudamiento.
Precisamente, otra de las enmiendas propone derogar las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades Locales que se introdujeron en 2010 como medida extraordinaria para controlar el déficit público. Lo que se estableció para 2010 y 2011 como una medida de carácter coyuntural dirigida a la reducción del déficit público, se prorrogó en 2012 y 2013 lo que, a juicio de la FEMP, contradice el espíritu por el que dicha medida fue creada “y supone además una modificación “sine die” del “statu quo” de las Haciendas Locales.
En lo relativo a inestabilidad presupuestaria por remanente de tesorería, se propone modificar la normativa para que “cuando el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se origine a causa de la utilización del remanente de tesorería, el plan económico-financiero se limite exclusivamente a poner de manifiesto dicha circunstancia”. Actualmente se da el mismo tratamiento como causa de desequilibrio a este remanente que a un déficit estructural o a un desplome de los ingresos. Para la Federación, ese tratamiento no debería ser el mismo, ya que las obligaciones que se financian con remanente de tesorería suelen ser situaciones excepcionales y de carácter temporal.
Otra de las enmiendas presentadas propone que el estado, en colaboración con la FEMP promoverán la elaboración de un reglamento en el que se recoja “que el cálculo de techo de gasto no financiero del Presupuesto de un ejercicio determinado se fije a partir de la aplicación de la regla de gasto sobre las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio anterior como también se establezcan los principios y excepciones en los ajustes por el grado de ejecución del gasto”.
Por otro lado, y al objeto de hacer efectivo el principio de transparencia y facilitar la elaboración de los presupuestos de las Entidades Locales, también se pide que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique a finales del mes de julio década año, en la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales, previo informe de la CNAL, un avance de la estimación de entregas a cuenta, liquidación definitiva de años anteriores, retenciones y anticipo, “así como cualesquiera otros conceptos inherentes, correspondientes a la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio siguiente”.
La posibilidad de que los Gobiernos Locales que lo deseen puedan amortizar anticipadamente la deuda por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 centra otra de las propuestas. En este sentido, se alega que la normativa que reguló el pago aplazado de estas obligaciones no contempló esta posibilidad que, actualmente, resultaría muy adecuada para algunos Consistorios que, de esta forma, podrían concertar nueva deuda por importe similar al amortizado y también contar con mayor volumen de ingresos no financieros –ya que esta deuda se viene compensando con cargo a las entregas a cuenta de la PIE-.
Deporte, turismo, empleo y medio ambiente
La FEMP ha pedido que se mantenga la dotación asignada en 2012 para actividades de fomento del deporte y la actividad física en el ámbito local. Esta cantidad, de 70.000 euros, que no se contempla en los PGE 2014, daría respaldo económico a la colaboración entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación, que incluye, vía convenio, actividades de formación y capacitación de técnicos deportivos, publicaciones, estudios, jornadas y otras de interés para impulsar la práctica deportiva en municipios.
Idéntica demanda se formula para el impulso del sistema de calidad turística española en destinos (SICTED), desarrollado en colaboración con el Instituto de Turismo de España. En este caso, la dotación propuesta es de 100.000 euros.
Y 50.000 y 20.000 euros son, respectivamente, las partidas presupuestarias que se solicitan para apoyar el turismo termal a través de la Red Villas Termales, y el turismo náutico mediante la Red de Municipios con Estación Náutica, ambas de la FEMP.
El apoyo a las actividades de otra de las redes de la Federación, la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad es objeto de petición de otra aportación presupuestaria, en este caso de 250.000 euros, orientados al trabajo para la conservación de la biodiversidad.
La FEMP también defiende en sus propuestas de enmienda los programas de reconversión para zonas desfavorecidas, así como una dotación para que las Entidades Locales desarrollen planes de reinserción, mejora de la capacidad de ocupación de los demandantes de empleo y fomento del desarrollo local. La cantidad solicitada para el primero de estos fines asciende a más de 15 millones de euros, y la segunda a algo más de 19 millones –la misma cifra asignada en 2011-.