FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Casi 500 Entidades Locales ya están adheridas al Fondo Social de Viviendas
El número de Entidades Locales adheridas al Fondo Social de Vivienda, a fecha a 14 de junio de 2013, asciende a 475. Las incorporaciones de Ayuntamientos y de Diputaciones Provinciales siguen creciendo a un ritmo constante, después de cinco meses desde la firma del convenio que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) suscribió el pasado mes de enero con varios Ministerios, el Banco de España y la plataforma del Tercer Sector, para facilitar el acceso a viviendas a las personas afectadas por desahucios.
La FEMP, cumpliendo con los términos de este acuerdo, ha impulsado y facilitado a las Entidades Locales su adhesión como instituciones colaboradoras de dicho convenio, según el cual los servicios sociales de Ayuntamientos y Diputaciones son los encargados de emitir, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, con el fin de priorizar la adjudicación de viviendas entre los demandantes.
Según los datos recopilados a fecha 14 de junio, el mayor número municipios adheridos son de la Comunidad Valenciana, un total de 87, seguida de Cataluña, con 80. Precisamente de esta Comunidad son los tres Consejos Comarcales que se han apuntado recientemente, en concreto los del Garraf y el Valles Oriental, ambos de la provincia de Barcelona, y el Consejo Comarcal del Girones (Girona).
Otros 75 municipios adheridos son de Andalucía, además de la Diputación de la Almería. Madrid, aporta en estos momentos 48 municipios. En Castilla-La Mancha se han sumado 34 Ayuntamientos más la Diputación de Guadalajara. Castilla y León, por su parte, tiene inscritos en el Fondo a 26 Ayuntamientos y cuatro Diputaciones, las de Ávila, Palencia, Soria y Valladolid.
Hay que tener en cuenta que en el caso de las Diputaciones, éstas podrían realizar la valoración de los expedientes de cualquier municipio de la provincia, aunque el Ayuntamiento no estuviera adherido, siempre que la entidad bancaria se lo remita.
En total, la población representada por todas las Entidades Locales apuntadas al Fondo supera los 27 millones de habitantes, lo que supone casi un 60% de la población total de España.
38 capitales de provincia
A día de hoy ya son 38 las capitales de provincia apuntadas, entre ellas Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Murcia o Palma de Mallorca. Por ejemplo, están las cinco de Castilla-La Mancha, las tres de la Comunidad Valenciana y las dos de Canarias.
También figuran otras 23 ciudades de más de 100.000 habitantes: Algeciras, Jerez de la Frontera, Marbella, Gijón, Badalona, Hospitalet, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Reus, Elche, Torrevieja, Vigo, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz, Cartagena. Así como un total de 150 municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes.
El papel de las Entidades Locales
El fondo cuenta en estos momentos con un total de 5.047 viviendas destinadas al alquiler, aportadas por más de treinta entidades financieras. A estos alojamientos pueden acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en situación de especial de vulnerabilidad social.
Las solicitudes, tal y como queda establecido en la clausula quinta del convenio, tienen que dirigirse a la entidad de crédito que, en un primer momento, determina si la petición cumple con los requisitos establecidos.
A partir de aquí es cuando entran en juego los servicios sociales del Ayuntamiento o la Diputación Provincial que corresponda al municipio residencia de los solicitantes, siempre que dicho Ayuntamiento o Diputación se haya adherido al convenio. En este caso, la entidad de crédito les remite el expediente para que sean ellos los que las circunstancias sociales y el riesgo social de los solicitantes para determinar el orden de las adjudicaciones. Para realizar esta tarea disponen de 15 días desde que reciben la solicitud.
Adhesión voluntaria
Desde la rúbrica del acuerdo entre todos los sectores implicados, la FEMP ha desempeñado la tarea de difundir los objetivos y las condiciones del convenio entre todos sus asociados con el fin de sumar el mayor número posible de adhesiones de Entidades Locales al mismo.
No obstante, hay que tener en cuenta que la adhesión es un acto voluntario que debe aprobarse en el Pleno de la Corporación y que, además, no en todos los municipios españoles hay viviendas disponibles de este Fondo, por lo que participación de los servicios sociales municipales en estos casos no sería necesaria.
Según los datos recopilados a fecha 14 de junio, el mayor número municipios adheridos son de la Comunidad Valenciana, un total de 87, seguida de Cataluña, con 80. Precisamente de esta Comunidad son los tres Consejos Comarcales que se han apuntado recientemente, en concreto los del Garraf y el Valles Oriental, ambos de la provincia de Barcelona, y el Consejo Comarcal del Girones (Girona).
Otros 75 municipios adheridos son de Andalucía, además de la Diputación de la Almería. Madrid, aporta en estos momentos 48 municipios. En Castilla-La Mancha se han sumado 34 Ayuntamientos más la Diputación de Guadalajara. Castilla y León, por su parte, tiene inscritos en el Fondo a 26 Ayuntamientos y cuatro Diputaciones, las de Ávila, Palencia, Soria y Valladolid.
Hay que tener en cuenta que en el caso de las Diputaciones, éstas podrían realizar la valoración de los expedientes de cualquier municipio de la provincia, aunque el Ayuntamiento no estuviera adherido, siempre que la entidad bancaria se lo remita.
En total, la población representada por todas las Entidades Locales apuntadas al Fondo supera los 27 millones de habitantes, lo que supone casi un 60% de la población total de España.
38 capitales de provincia
A día de hoy ya son 38 las capitales de provincia apuntadas, entre ellas Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Murcia o Palma de Mallorca. Por ejemplo, están las cinco de Castilla-La Mancha, las tres de la Comunidad Valenciana y las dos de Canarias.
También figuran otras 23 ciudades de más de 100.000 habitantes: Algeciras, Jerez de la Frontera, Marbella, Gijón, Badalona, Hospitalet, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Reus, Elche, Torrevieja, Vigo, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz, Cartagena. Así como un total de 150 municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes.
El papel de las Entidades Locales
El fondo cuenta en estos momentos con un total de 5.047 viviendas destinadas al alquiler, aportadas por más de treinta entidades financieras. A estos alojamientos pueden acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en situación de especial de vulnerabilidad social.
Las solicitudes, tal y como queda establecido en la clausula quinta del convenio, tienen que dirigirse a la entidad de crédito que, en un primer momento, determina si la petición cumple con los requisitos establecidos.
A partir de aquí es cuando entran en juego los servicios sociales del Ayuntamiento o la Diputación Provincial que corresponda al municipio residencia de los solicitantes, siempre que dicho Ayuntamiento o Diputación se haya adherido al convenio. En este caso, la entidad de crédito les remite el expediente para que sean ellos los que las circunstancias sociales y el riesgo social de los solicitantes para determinar el orden de las adjudicaciones. Para realizar esta tarea disponen de 15 días desde que reciben la solicitud.
Adhesión voluntaria
Desde la rúbrica del acuerdo entre todos los sectores implicados, la FEMP ha desempeñado la tarea de difundir los objetivos y las condiciones del convenio entre todos sus asociados con el fin de sumar el mayor número posible de adhesiones de Entidades Locales al mismo.
No obstante, hay que tener en cuenta que la adhesión es un acto voluntario que debe aprobarse en el Pleno de la Corporación y que, además, no en todos los municipios españoles hay viviendas disponibles de este Fondo, por lo que participación de los servicios sociales municipales en estos casos no sería necesaria.
Los servicios sociales de los Ayuntamientos adheridos evalúan las circunstancias personales y sociales de los solicitantes de vivienda
