FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La titular de Vivienda presentó al Presidente de la FEMP, Pedro Castro, y le hizo entrega de lo que se ha calificado como el primer barómetro de la sostenibilidad urbanística en España, “un documento sin precedentes” que establece 112 criterios para alcanzar un desarrollo más sostenible y realiza un análisis de toda la normativa vigente en materia de planeamiento urbanístico, además de aportar un Decálogo con propuestas clave para reducir la insostenibilidad. El trabajo ha sido coordinado por el Ministerio de Vivienda y elaborado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de académicos y profesionales.

 

El documento está dirigido a quienes deben tomar las decisiones en el ámbito municipal, “de la manera más eficiente posible” y en línea con los objetivos del Gobierno de impulsar la rehabilitación y la regeneración urbana integrada, según explicó la Ministra, que añadió que es el momento de “hacer más con menos”, en un tiempo en el que en todo el mundo se impone la vuelta a la austeridad, buscando la máxima eficiencia de los recursos públicos.

 

Beatriz Corredor aventuró que el sector de la construcción residencial y el urbanismo en general, “nunca serán igual en España, ni en términos de PIB, ni en términos de empleo”. Por eso, a su juicio, el sector debe reorientarse, “de hecho, ya lo está haciendo”, hacia nuevos ámbitos de actividad económica que generen empleo estable y de calidad y que contribuyan al incremento de la productividad y la competitividad de nuestra economía. “Uno de estos ámbitos es, claramente, el de la rehabilitación y la generación urbana", dijo.

 

Pedro Castro, por su parte, señaló que el Libro Blanco recoge buena parte del trabajo que la FEMP y el Ministerio habían esbozado con la puesta en marcha de una estrategia común para intervenir en el territorio desde una nueva cultura urbanística y afirmó que con las recomendaciones, estrategias e indicadores que recoge este libro, “estamos más cerca de hacer realidad el principio de desarrollo urbano sostenible”.

 

El Presidente de la FEMP afirmó también que hay que buscar mecanismos que permitan reducir el impacto en nuestro entorno o, dicho de otro modo, de lo que se trata es de “crecer menos, para crecer mejor”, siguiendo los principios de la “Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles”.

 

Los Gobiernos Locales, según apuntó, apuestan por la rehabilitación y el reciclaje urbano como principal instrumento de transformación de la ciudad, para construir un nuevo modelo que potencie la proximidad y la calidad de vida. En este camino hacia el futuro, dijo, se puede contar con los Gobiernos Locales, por su gran responsabilidad en la aplicación de políticas consensuadas, con la Administración Autonómica y la Estatal.

 

Análisis normativo

 

El Libro Blanco detecta las carencias y deficiencias que están limitando el desarrollo urbanismo más sostenible y establece una serie de criterios o indicadores de sostenibilidad, agrupados en siete grandes bloques relacionados con el planeamiento: el entorno de la ciudad, el suelo urbano, el transporte, los recursos, los residuos, la cohesión social y la participación y la gobernanza.

 

Atendiendo a estos criterios, analiza su reflejo en la normativa vigente que desarrolla el planeamiento urbanístico para detectar las diversas estrategias que permitan reducir la insostenibilidad y favorecer su traslación a ámbitos concretos de actuación.

 

El estudio destaca el tratamiento amplísimo por parte de todas las Comunidades Autónomas de los criterios relativos a las actuaciones sobre el entorno de la ciudad, como la preservación de los ecosistemas, el respeto al paisaje y la reducción en el consumo de suelo. También sobresalen los criterios relacionados con el fomento de la transparencia administrativa y el acceso a la información; si bien el gran ausente es la participación activa de los ciudadanos en la toma de las decisiones estratégicas o en la aprobación de los Planes Urbanísticos.

 

Por el contrario, el Libro Blanco pone de manifiesto que las referencias legislativas son ocasionales en lo relativo a otros aspectos, como la cohesión social, escasamente regulada. Sobre este punto, existe legislación acerca del momento del acceso a la vivienda y la identificación de la población con su entorno, pero quedan fuera de las normas autonómicas asuntos tan relevantes como la mejora de la oferta de equipamientos y servicios en cada barrio y el fomento de la mezcla de usos en cada uno de ellos, permitiendo lo que se llama "las actividades de proximidad" para los vecinos.

 

Otro tema ausente en la normativa autonómica son los criterios de actuación en suelo urbano. Pese a estar asumido en Europa un modelo de ciudad compacta y compleja, las Comunidades no plasman esta idea en su legislación, salvo por lo que se refiere a sub-criterios puntuales como el fomento de la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la exigencia de estándares mínimos de zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.

Sobre la actuación en materia de transporte, la legislación autonómica hace hincapié en la reducción del tráfico motorizado privado para favorecer el uso del transporte público. Sin embargo, están menos regulados aspectos importantes como la construcción de redes peatonales y ciclistas, aumentar el espacio disponible para el peatón o reducir la velocidad del tráfico motorizado privado.

Las mayores referencias legislativas acerca de los recursos naturales se producen  en lo relativo a la reducción del consumo de energía y de agua, así como al fomento del uso de energías renovables; pero no se desarrolla con la misma intensidad la necesidad de adaptar los edificios a condiciones bioclimáticas, la utilización de materiales reciclables en la construcción, el fomento del uso compartido de las galerías de servicios -gas, electricidad, telefonía, etc.-  o la reducción de las pérdidas de energía en las redes de difusión.

Por último, en lo que concerniente al tratamiento de residuos, más desarrollado desde un punto de vista normativo, destaca principalmente el esfuerzo normativo realizado para la reducción de vertidos contaminantes y de los residuos por medio de su gestión, así como el fomento del reciclaje y la reutilización.

Criterios de sostenibilidad

Los criterios de sostenibilidad constituyen el núcleo central del plan estratégico de la ciudad y comienzan con la reducción significativa del consumo de suelo, que no sólo se produce por el aumento de la superficie edificada destinada a vivienda o a la construcción de locales; también por el aumento de la superficie urbanizada necesaria para dar servicios a estas viviendas. En segundo lugar, propone evitar la dispersión, ya que la actual configuración urbana, basada en esparcir la ciudad por el territorio y hacerla posible sólo gracias al automóvil, resulta nefasta desde el punto de vista de la racionalidad.

También sería necesario controlar los estándares y densidades, que ya contemplan algunos planes o leyes urbanísticas de Comunidades Autónomas y que posibilitan la rentabilidad de infraestructuras básicas de transporte colectivo, o que permiten la instalación de dotaciones con un uso suficiente. Es imprescindible contar con servicios e infraestructuras dimensionados para que el ciudadano pueda desarrollar sus capacidades, pero también que no se desperdicien ni suelo ni recursos.

El Libro apuesta claramente por la rehabilitación como criterio sostenible y aduce que sus costes, a la larga, no son superiores a los de nueva construcción. Considera imprescindible adaptar la ciudad para mejorar sus condiciones de habitabilidad y esta adaptación debe cumplir un requisito nuevo: la eficiencia. Los edificios han de ser rehabilitados con criterios de eficacia, pero también de eficiencia, o sea con el menor consumo de energía posible y produciendo la menor contaminación. Si se quiere conseguir una ciudad más competitiva, este requisito es imprescindible. En definitiva, la rehabilitación es ecológica, tanto desde el punto de vista de los edificios, como del espacio público.

La rehabilitación no excluye la necesidad, en algunos casos, de renovar partes de la ciudad. En determinados edificios concretos (incluso piezas urbanas enteras) la solución más adecuada será su derribo y reconstrucción posterior. En estos casos habrá que tirar y reconstruir con criterios de sostenibilidad. Hacer bien una operación de renovación o de rehabilitación urbana exige un cuidado exquisito por parte del planificador y sería un error dejar la dirección de la misma exclusivamente en manos del constructor o de las empresas promotoras.

Otro criterio sostenible es la promoción de la vivienda en alquiler, que de salida al parque inmobiliario que ahora está desocupado. La necesidad de aumentar el porcentaje de vivienda en alquiler es básica, desde una perspectiva sostenible, no sólo por la puesta en carga de todas las áreas urbanas, sino por los problemas de fijación territorial que supone la vivienda en propiedad.

Por último, hay que diseñar con criterios bioclimáticos, una exigencia que ya se está produciendo tanto en el ámbito nacional, como en el autonómico e, incluso, en el local. El Diseño Bioclimático no debería ser exclusivo de los edificios, sino que habría de alcanzar a los espacios urbanos, en el diseño de aceras, plazas o zonas verdes.