FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La Jornada, organizada por la FEMP y ATUC, la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, fue inaugurada por el Secretario General de la Federación, Ángel Fernández, y el Secretario General de ATUC, Jesús Herrero.  

El Secretario General de la FEMP destacó que el artículo 25 de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local confiere a los Ayuntamientos la competencia sobre transporte colectivo urbano y que el  concepto de coste efectivo, tras las modificaciones introducidas en el texto de la Ley a instancias de la FEMP, resulta “asimilable” para las Entidades Locales y posibilitará, entre otras cosas, que los ciudadanos sepan lo que cuestan los servicios y en concreto que conozcan qué parte del coste del transporte se paga con el precio del billete.

A su juicio, el transporte colectivo es una de las asignaturas pendientes que tiene el municipalismo y por ello animó a seguir trabajando, desde los Ayuntamientos y desde la FEMP para que surjan  propuestas de mejora de este servicio que, más allá de pedir cada año mayores subvenciones por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, sirvan para avanzar hacia un modelo de transporte público más sostenible.

El representante de ATUC comentó que en España se producen al año unos dos mil quinientos millones de desplazamientos por medio del transporte urbano, lo que supone  que aproximadamente unos cuatro millones de personas al día utilizan el metro, el autobús o el tranvía, entre otros medios.
 
Herrero señaló, en relación con los cambios legislativos, que todo lo que beneficie a los Ayuntamientos beneficia al transporte público y abogó por que este sector siga fortaleciéndose y ganando terreno al coche, con la ayuda de la gestión municipal.

En este sentido, consideró que el transporte colectivo urbano es un servicio tan básico en las ciudades como puede ser la seguridad,  y que por ello hace falta una ley que ordene este sector y que facilite los medios adecuados para que puedan realizarse de forma planificada las inversiones que requiere para su mejora y mantenimiento.

Además de la incidencia de la reforma local en este sector, la Jornada abordó la adaptación a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y, en otra sesión, la repercusión de las nuevas directivas europeas en el transporte público.

Transporte, una competencia propia

Néstor Valcárcel, Director del Área de Personal y Contratación del Concello de Santiago de Compostela, desbrozó en su intervención las novedades que encierra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, entre otras cuestiones, reconoce como competencia propia de los municipios el transporte colectivo urbano y que, en concreto, también es considerado como “servicio mínimo obligatorio” en los municipios de más de 50.000 habitantes.

Valcárcel explicó las diferentes opciones de prestación de servicios y las condiciones que deben producirse para que sean asumidos por los Diputaciones provinciales y se refirió a la obligación de todas las Entidades Locales de calcular antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, que tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos.

La nueva Ley introduce la posibilidad de que las Entidades Locales ejerzan la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, entre ellas el transporte público de viajeros, siempre que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.

Al margen de esta Ley, el representante del Ayuntamiento de Santiago destacó el hecho de que la prestación del servicio público de transporte figure dentro de las inversiones sostenibles que los Ayuntamientos pueden realizar, si tienen superávit y si se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Directivas europeas

La influencia de las Directivas europeas en el sector del transporte urbano y los numerosos cambios que suponen en muchos aspectos de la contratación pública fueron abordados por el Director Adjunto a la Gerencia de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Francisco Félix González repasó todos estos puntos, destacando dos de ellos: por un lado, lo relativo a la adjudicación de los contratos de prestación de servicios de transporte o de concesión de servicios de transporte, cuya adjudicación debe ajustarse en algunos casos a las mismas, y por otro, la sujeción a las Directivas de la parte más importante del resto de la contratación (los suministros, servicios u obras que superen los umbrales) de todas las empresas de transporte de propiedad o control público, y de aquellas otras de propiedad privada que gocen de derechos exclusivos no obtenidos en un proceso de adjudicación competitivo.

Transparencia

En lo que respecta a la adaptación de la práctica del sector del transporte público a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el ponente Jonatan Baena, Secretario del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), explicó lo que la norma entiende como “transparencia activa”, que obliga a información sobre la institución, su organización, planificación y los cargos que ejercen la responsabilidad de su gestión, así como sobre contratación, subvenciones y convenios que suscriben.

Baena hizo hincapié en los aspectos que tienen que ver con los procedimientos  y con la información medioambiental y urbanística, además de relatar los elementos fundamentales que la Ley contempla como transparencia “pasiva” y “colaborativa”.