FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

¿Qué ha impulsado al Gobierno de Andalucía a adelantarse y diseñar un nuevo régimen local, antes que el Gobierno central?

 

Sin duda nuestro Estatuto de Autonomía, el más municipalista de todos los vigentes y cuyo desarrollo ha logrado situar a Andalucía en la vanguardia del municipalismo. Como bien dice, con la Ley de Autonomía Local (LAULA) y la de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, Andalucía es pionera. No hay precedentes en ninguna otra parte del territorio nacional con dos leyes como éstas, que marcan un antes y un después no sólo para el municipalismo andaluz, también para el nacional, porque no hay ninguna otra legislación como ésta, que clarifica y fija las competencias propias de los ayuntamientos, que les otorga más autonomía y una financiación de más calidad.

 

El camino que abre Andalucía es absolutamente compatible y complementario con lo que ha anunciado ya el Gobierno central, que prevé iniciar el desarrollo de una nueva Ley de Gobierno Local en los próximos meses.

 

Andalucía ya tiene sus proyectos de ley en el Parlamento y ha recorrido ya un camino importante porque así, insisto, nos lo mandataba nuestro Estatuto. Estas leyes responden, ni más ni menos, que a ese desarrollo estatutario.

 

Dos leyes para un nuevo modelo de municipalismo. ¿En qué consiste este nuevo modelo?

 

Es un modelo que parte de la base de que los Gobiernos Locales son sujetos de pleno derecho en el debate de competencias y de financiación, tal y como se recoge, recuerdo, en nuestro Estatuto.

 

Es un modelo que pasa por otorgar más autonomía a los Ayuntamientos, menos tutela de la Junta de Andalucía, una mayor transparencia y más financiación incondicionada. En definitiva, responder a las demandas históricas de los Ayuntamientos, a las peticiones de todos los alcaldes y alcaldesas, de uno y otro color político.

 

Por lo tanto, es un modelo que cumple a ratajabla el binomio competencias propias-financiación incondicionada.

 

¿Cree que es exportable al resto del territorio nacional?

 

Absolutamente. Sin ninguna duda. Aquí y en cualquier otra Comunidad los Gobiernos Locales son las administraciones más cercanas al ciudadano y todos tienen las mismas necesidades. El objetivo y el fin último es el mismo: prestar un mejor servicio a sus vecinos.

 

Para alcanzar ese objetivo, los Ayuntamientos tendrán definidas a partir de ahora sus propias competencias. ¿Cómo se articulan?

 

Así es. Están definidas las competencias. Y el paso que damos en este sentido es importantísimo y único. Por vez primera se reconocen cuáles son las competencias de los Ayuntamientos, se fijan y delimitan esas competencias. En total, en Andalucía, hemos fijado 28 bloques en los que están agrupadas y definidas las diversas competencias propias relacionadas con diferentes materias en las que el municipio tiene capacidad de gestión.

 

No obstante, además, el Proyecto de Ley establece, tal y como establece el Estatuto, el procedimiento de transferencia y delegación de competencias, garantizando también que el gobierno autonómico deberá transferir los recursos necesarios para el ejercicio de las mismas.

 

¿Qué grado de consenso tendrán estas dos leyes cuando salgan del Parlamento andaluz?

 

Espero y deseo que el máximo. Ése es nuestro objetivo. El trabajo es ahora de los grupos políticos, pero desde el Gobierno de la Junta vamos a facilitar ese máximo consenso entre todos los partidos. Por su importancia, estas leyes requieren de un amplio acuerdo y hay que sacarlas de la batalla política, alejarlas de los partidismos. Es tarea de todos y espero que los partidos estén a la altura de las circunstancias. Estamos hablando del Estatuto de los ayuntamientos. Su aprobación no será baladí.

 

El texto pretende reforzar el autogobierno municipal. ¿En qué lo van a notar los Ayuntamientos?

 

Efectivamente, el Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía eleva la autonomía y la capacidad de autoorganización de los municipios a regla general. Quiero decir con esto que ellos deciden el qué y el cómo en la gestión de sus políticas públicas, tal y como han reivindicado los Alcaldes en estos 30 años de Ayuntamientos democráticos. Reduce, además, la tutela de la Junta en muchas cuestiones. Se eliminan informes y actos de control que el gobierno autonómico realizaba sobre asuntos de carácter municipal. Se agiliza la gestión municipal, lo que redundará en beneficio de la ciudadanía.

 

Lo que queda absolutamente demostrada es la apuesta del Gobierno andaluz por la autonomía local y, por lo tanto, por su confianza en la responsabilidad de la gestión municipal.

 

Una de las claves de la iniciativa andaluza es que articula, por vez primera, una participación local en los ingresos tributarios autonómicos. Pero habrá que calcular y fijar cantidades. ¿Cómo se hará?

 

El Proyecto de ley recoge que la financiación incondicionada que recibirán los municipios aumentará gradualmente hasta llegar a los 600 millones de euros en 2014. A partir de ese año, la cifra crecerá conforme evolucionen los ingresos tributarios de la Junta de Andalucía. La propuesta del Gobierno es que esa financiación que reciben en 2010 nunca sea inferior a la recibida en 2009.

 

Las Comunidades Autónomas, en general, han sido y son cicateras con los gobiernos locales. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

 

No creo que se pueda decir que son cicateras; además, no podrían serlo. Las Comunidades juegan su papel, tienen sus competencias, a las que tienen que hacer frente, y tienen que responder, y de hecho lo hacen, ante las necesidades de la ciudadanía.

 

Las Comunidades Autónomas son un eslabón más en la cadena de niveles de gobierno. No pueden, y no deben de estar nunca, al margen de las cuestiones municipales. De hecho, éstas son la base sobre las que plantean su agenda de trabajo y sobre las que priorizan sus políticas públicas.

 

En Andalucía, por ejemplo, puedo decirle que la Junta gestionará este año 2010 más de 5.500 millones de euros destinados íntegramente a los ayuntamientos a través, entre otros, del  Fondo de Nivelación Municipal, el Plan de Cooperación Municipal, el Fondo Autonómico para la Inmigración o los planes anti crisis Plan E, Proteja y Memta.

 

Es importante tener en cuenta que atender las demandas ciudadanas siempre ha contado con la apuesta firme de las Comunidades Autónomas, en una bien entendida corresponsabilidad de gestión y lealtad institucional.

 

¿Cuándo está previsto que se aprueben las leyes?

 

Se prevé que las leyes se aprueben antes de que concluya este periodo de sesiones, que termina en junio.