FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

 

Las propuestas de enmiendas al Reglamento fueron entregadas en la reunión de la Comisión Sectorial que tuvo lugar el pasado 22 de febrero. En esta reunión, los representantes de los municipios trasladaron a los responsables del Ministerio de Trabajo e Inmigración la postura de los Gobiernos Locales sobre aquellos puntos del articulado que afectan directamente a la gestión de la inmigración en el ámbito local.

 

El contenido del anteproyecto fue presentado con anterioridad a la FEMP en una reunión de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, con el Presidente de la Federación, Pedro Castro, celebrada el mes pasado.

 

La postura de la FEMP parte de un hecho constatado: que la asunción progresiva de competencias sobre inmigración por parte de las Comunidades Autónomas han sido llevadas a cabo en gran parte por los Ayuntamientos, especialmente en asistencia social, puesto que la Ley de Bases de Régimen Local concede a los municipios las competencias para la prestación de los servicios sociales; del mismo modo que les faculta para el desarrollo de programas orientados a garantizar la plena integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Desde los municipios se han desarrollado programas dirigidos a favorecer el acceso a la vivienda, a la educación, a la asistencia sanitaria así como en el desarrollo de programas que promuevan su integración socio-laboral y socio-cultural, entre otros.

 

El documento que recoge las propuestas de la FEMP valora que la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración haya incorporado en el borrador del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 algunas de las aportaciones propuestas por el grupo de trabajo de Inmigración de la FEMP, concretamente en lo concerniente a algunos aspectos relacionados con la reagrupación familiar, arraigo social, menores no acompañados o gestión colectiva de contratación en origen.

 

Sobre estos aspectos, el anteproyecto recoge la posibilidad de presentar dos contratos de seis meses concatenados en el sector agrícola, admite la posibilidad de presentar varios contratos que sumen un año y establece que el incumplimiento del compromiso de retorno por parte del trabajador podrá ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de autorizaciones para trabajar, durante los tres años siguientes al término de la autorización concedida.

 

 

Pese a estos avances, la FEMP considera que las últimas reformas legales han restado a las Corporaciones Locales capacidad de gestión del fenómeno migratorio, al reducir su participación en la toma de decisiones en los procedimientos de regularización de extranjeros y en los programas de integración social en su municipio. Asimismo, señala que tras analizar el borrador de Reglamento se puede afirmar que la escasa autonomía municipal se ha incrementado debido a la “interferencia” de las políticas supramunicipales que condicionan, quizá en exceso, el escenario de trabajo de la Administración Local.

 

Sobre este punto, advierte que el anterior reglamento (RD 2393/2004), otorgaba a los municipios la competencia a la hora de emitir los informes de disponibilidad de vivienda para los solicitantes de reagrupación familiar, así como los informes de arraigo para los solicitantes del permiso de residencia por circunstancias excepcionales. Alrededor de estas competencias, las Entidades Locales han desarrollado importantes programas de integración social de extranjeros, que se han demostrado muy efectivos, especialmente en los tiempos de crisis económica.

 

Estas consideraciones llevan a la FEMP a reclamar que los Gobiernos Locales vuelvan a adquirir su papel primordial, a través de la colaboración interinstitucional, en la gestión de la diversidad cultural, y que mantengan las competencias en la realización de informes de habitabilidad de viviendas a los efectos de reagrupación familiar, para la acreditación del grado de inserción y en materia de servicios sociales.

 

Por último, destaca la necesidad deunificar y simplificar la práctica administrativa, toda vez que la falta de desarrollo reglamentario de determinados preceptos de la Ley ha motivado que éstos hayan tenido una desigual aplicación en las distintas Comunidades Autónomas, según se constata por las diferentes entidades que conforman el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, entre las que se encuentra la propia FEMP.