FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció el 7 de febrero la intención del Gobierno de promover la supresión de las licencias de apertura y obra del pequeño comercio, que hasta ahora se obtenían con carácter previo al inicio de la actividad comercial. Apenas una semana después, el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunciaba que el Gobierno se había marcado el plazo de final de junio para poner en marcha las modificaciones normativas que darían lugar a lo que denominó 'licencia exprés' para la apertura de instalaciones comerciales de comercios de hasta 300 metros cuadrados.

Entre las principales modificaciones de la nueva normativa,  figura la eliminación de las autorizaciones municipales previas a la apertura de un local y la instauración de  un sistema de declaración de responsabilidad del comerciante.

El anuncio de la medida viene a coincidir con las intenciones de algunos Ayuntamientos que ya habían expresado esa necesidad, casos de valencia, Sevilla  y Madrid, cuya Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo anunció en su discurso de toma de posesión.

La Secretaría de Estado de Comercio tiene ya un borrador del proyecto de Ley y lo someterá a la consideración en una mesa sectorial con las Comunidades Autónomas en la primera semana de marzo y que abordará también con la FEMP, con el propósito de que el texto pueda ser remitido a las Cortes antes de que finalice el actual periodo de sesiones.

En realidad de lo que se trata es de sustituir el sistema de licencias previas por otro de control a posteriori. De esta forma se evitan los plazos de tramitación de estos permisos, los de establecimiento y actividad,  que, según las estimaciones del Secretario de Estado podrían oscilar de entre 6 y 18 meses.

Con la nueva ley, que se denominará Ley de Eliminación de Licencias, la persona o empresa que quiera abrir un establecimiento comercial tan sólo deberá presentar una informe técnico expedido por un profesional colegiado, una declaración responsable de que cumple la normativa municipal y pagar las correspondientes tasas.

Los Ayuntamientos podrían destinar los funcionarios que ahora se dedican a tramitar las licencias a inspeccionar que los locales cumplen las reglas.

La nueva normativa no invade competencias municipales ni autonómicas, según aseguró el propio Ministro de Economía en el Congreso,  y tendrá un efecto positivo en las arcas de los Ayuntamientos porque estos verán aumentar sus ingresos del Estado al impulsar la actividad económica, según las previsiones.

Asimismo, servirá para recuperar el tejido comercial y reactivar un sector que acumula una caída de ventas del 17,5% en los últimos cuatro años. Desde el año 2000, el comercio al por menor ha pasado de 617.000 a 606.000 establecimientos.