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Vía libre y obligatoria a las facturas electrónicas para la Administración
Desde el 15 de enero todas las Administraciones Públicas han comenzado a recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo con lo que establece la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable. Tan sólo quedan excluidos de esta condición los documentos con importe inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.
Administraciones Públicas han puesto en funcionamiento sistemas de gestión y seguimiento de su facturación a través de los registros contables para adecuarse a la factura electrónica a través de sus puntos de acceso. Un esfuerzo importante por el cambio radical que supone pasar de un sistema de papel a otro íntegramente electrónico.
Para facilitar estas operaciones, la Administración General del Estado ha proporcionado un Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) adaptado para que pudieran utilizarlo todas las Administraciones Territoriales, si bien éstas también han podido crear el suyo propio.
De hecho, hasta la fecha, casi 5.200 Entidades Locales españolas, dos de cada tres, se han adherido FACe de la Administración Central, así como las Comunidades Autónomas de Asturias, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, más las ciudades de Ceuta y Melilla y 17 universidades.
La Administración General del Estado, por su parte, ha tenido su punto de entrada funcionando desde el 15 de enero de 2014, en el que se han podido recibido facturas electrónicas de los proveedores, de forma voluntaria, desde el primer trimestre de ese año.
Ahorros estimados
Los ahorros anuales calculados, sólo para la Administración General del Estado, por el cambio a tramitación electrónica de las facturas, se elevan a 51 millones de euros y 2,3 millones de euros de ahorro en papel.
Los ahorros por factura se calculan en 0,70 euros para los proveedores de bienes y servicios públicos, pasando de un coste en papel de 0,76 euros a un coste electrónico de 0,06 euros.
Para las Administraciones Públicas este ahorro supone 2,78 euros por recepción de factura, puesto que el coste en papel llegaba a 2,87 euros, mientras que el coste por vía electrónica apenas es de 0,09 euros.
Lucha contra la morosidad
El Gobierno estima que la Ley, aprobada dentro de las actuaciones del informe CORA, permite la erradicación de la morosidad en el sector público, donde ya -con anteriores medidas, como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico- se ha conseguido reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales un 70%, así como el período medio de pago a los proveedores que, en la Administración Central y la Seguridad Social, se situó ya en noviembre en sólo 9,59 días.
Estos mecanismos extraordinarios de financiación han conseguido desde 2012 la reducción de la deuda comercial de las Administraciones Territoriales y se han pagado más de ocho millones de facturas pendientes a casi 200.000 empresas, principalmente pymes y autónomos. Además, representaron una inyección de liquidez a las Administraciones Territoriales superior a los 103.000 millones de euros.
Para facilitar estas operaciones, la Administración General del Estado ha proporcionado un Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) adaptado para que pudieran utilizarlo todas las Administraciones Territoriales, si bien éstas también han podido crear el suyo propio.
De hecho, hasta la fecha, casi 5.200 Entidades Locales españolas, dos de cada tres, se han adherido FACe de la Administración Central, así como las Comunidades Autónomas de Asturias, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, más las ciudades de Ceuta y Melilla y 17 universidades.
La Administración General del Estado, por su parte, ha tenido su punto de entrada funcionando desde el 15 de enero de 2014, en el que se han podido recibido facturas electrónicas de los proveedores, de forma voluntaria, desde el primer trimestre de ese año.
Ahorros estimados
Los ahorros anuales calculados, sólo para la Administración General del Estado, por el cambio a tramitación electrónica de las facturas, se elevan a 51 millones de euros y 2,3 millones de euros de ahorro en papel.
Los ahorros por factura se calculan en 0,70 euros para los proveedores de bienes y servicios públicos, pasando de un coste en papel de 0,76 euros a un coste electrónico de 0,06 euros.
Para las Administraciones Públicas este ahorro supone 2,78 euros por recepción de factura, puesto que el coste en papel llegaba a 2,87 euros, mientras que el coste por vía electrónica apenas es de 0,09 euros.
Lucha contra la morosidad
El Gobierno estima que la Ley, aprobada dentro de las actuaciones del informe CORA, permite la erradicación de la morosidad en el sector público, donde ya -con anteriores medidas, como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico- se ha conseguido reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales un 70%, así como el período medio de pago a los proveedores que, en la Administración Central y la Seguridad Social, se situó ya en noviembre en sólo 9,59 días.
Estos mecanismos extraordinarios de financiación han conseguido desde 2012 la reducción de la deuda comercial de las Administraciones Territoriales y se han pagado más de ocho millones de facturas pendientes a casi 200.000 empresas, principalmente pymes y autónomos. Además, representaron una inyección de liquidez a las Administraciones Territoriales superior a los 103.000 millones de euros.
