FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Silencio de Hacienda tras su amenaza de cierre de empresas municipales
Entre los días finales de julio y los primeros de agosto numerosos Ayuntamientos comenzaron a recibir requerimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) advirtiéndoles del cierre o disolución de aquellas sociedades municipales que estuvieran en situación de desequilibrio financiero. Ante la alarma suscitada, la FEMP, a través de su Presidente, pidió explicaciones al Ministro Montoro
Las cartas enviadas desde la Secretaría General de Coordinación Autonómica demandaban información sobre la disolución y extinción de empresas públicas de titularidad municipal y apercibían de las consecuencias del incumplimiento de la Orden HAP/2015/32012 y la adopción de las medidas automáticas de corrección establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, calificó esas cartas como “temerarias” e “imprudentes” y anunció que pediría explicaciones inmediatas a Cristóbal Montoro sobre lo que pretende el Ministerio, argumentando que la medida afectaría a servicios públicos esenciales para el ciudadano ya que se trata en su mayoría de empresas o sociedades encargadas de la depuración de agua, el tratamiento de residuos o el transporte urbano, entre otros servicios.
Además, Caballero, como Presidente de la FEMP, dirigió una carta al Ministro, pidiéndole explicaciones sobre las medidas que su departamento pretende aplicar en los municipios a los que llegó el requerimiento del MINHAP.
Abel Caballero ponía de manifiesto el malestar de muchos Alcaldes y Alcaldesas porque “ven venir el cierre de servicios públicos fundamentales” y aludía en la carta a la “masiva afluencia de consultas y peticiones de información” llegadas a la Federación por parte de los Ayuntamientos requeridos, así como a la “razonable preocupación”, tanto por la medida adoptada como por “el devenir de aquellos servicios esenciales que pudieran verse afectados por las correcciones que se anuncian”. Al respecto, advertía, además, que si la amenaza implica el cierre de estos servicios, “que nos diga quién los va a prestar”.
El Presidente de la FEMP considera, por otro lado, que la exigencia del Ministerio es injusta por cuanto la Local es la Administración que mejor está cumpliendo con todas las exigencias financieras de Europa, “por no decir la única que supera todos los objetivos”. “No solamente no tenemos déficit, sino un superávit de 5.000 millones”.
Del mismo modo, exige al Ministro Montoro que reflexione y empiece a considerar una moratoria de la aplicación de la LRSAL que, además en estos aspectos, está recurrida en el Tribunal Constitucional y pendiente de resolución.
Otras reacciones
Las cartas de la Secretaría General de Coordinación Autonómica del MINHAP a los Ayuntamientos generaron de forma inmediata una cascada de reacciones en diversos ámbitos institucionales, tanto de ámbito municipal como autonómico. La Generalitat Valenciana, a través del Director General de Administración Local, Antoni Such, exigió al Ministerio que remitiera de forma urgente el listado de municipios valencianos a los que se les pide la disolución “automática” de empresas públicas locales y expresó su apoyo a los Ayuntamientos afectados. En esta Comunidad Autónoma, la Federación regional de municipios FVMP pidió una reunión con la Consejería para tratar el asunto nada más tener conocimiento de la llegada de las cartas a algunos de sus asociados.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) instó al Gobierno central en funciones a que “imponga el sentido común” y “frene de inmediato” el posible cierre de empresas públicas anunciado por el Ministerio. El Presidente de esta Federación, Fernando Rodríguez Villalobos, apuntó que la medida no tiene “autoridad ni apoyo parlamentario” y explicó que en entre estas empresas hay entidades que prestan servicios básicos, como transporte, abastecimiento y depuración de aguas, tratamiento de residuos o servicios sociales y de desarrollo rural.
En Asturias, municipios como Gijón o Mieres también reaccionaron alineándose con la postura de la FEMP. En ambos casos, sus respectivas empresas municipales de transporte urbano estarían amenazada por su cierre o disolución. Al igual que la localidad berciana de Ponferrada (León), en la que una de las empresas aludidas –sobre energías limpias ya está liquidada, y otra –de gestión urbanística- que, más allá de la propuesta de disolución, desde del Ministerio de Hacienda no se concreta la vía para su desaparición sin que ello suponga un serio quebranto para las arcas municipales, según explican desde el Consistorio.
A otros niveles también se han producido reacciones, como por ejemplo la de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras o del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que ha presentado una Proposición no de Ley para paralizar los procedimientos de disolución de empresas municipales, tal y como se plantea desde el MINHAP.
El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, calificó esas cartas como “temerarias” e “imprudentes” y anunció que pediría explicaciones inmediatas a Cristóbal Montoro sobre lo que pretende el Ministerio, argumentando que la medida afectaría a servicios públicos esenciales para el ciudadano ya que se trata en su mayoría de empresas o sociedades encargadas de la depuración de agua, el tratamiento de residuos o el transporte urbano, entre otros servicios.
Además, Caballero, como Presidente de la FEMP, dirigió una carta al Ministro, pidiéndole explicaciones sobre las medidas que su departamento pretende aplicar en los municipios a los que llegó el requerimiento del MINHAP.
Abel Caballero ponía de manifiesto el malestar de muchos Alcaldes y Alcaldesas porque “ven venir el cierre de servicios públicos fundamentales” y aludía en la carta a la “masiva afluencia de consultas y peticiones de información” llegadas a la Federación por parte de los Ayuntamientos requeridos, así como a la “razonable preocupación”, tanto por la medida adoptada como por “el devenir de aquellos servicios esenciales que pudieran verse afectados por las correcciones que se anuncian”. Al respecto, advertía, además, que si la amenaza implica el cierre de estos servicios, “que nos diga quién los va a prestar”.
El Presidente de la FEMP considera, por otro lado, que la exigencia del Ministerio es injusta por cuanto la Local es la Administración que mejor está cumpliendo con todas las exigencias financieras de Europa, “por no decir la única que supera todos los objetivos”. “No solamente no tenemos déficit, sino un superávit de 5.000 millones”.
Del mismo modo, exige al Ministro Montoro que reflexione y empiece a considerar una moratoria de la aplicación de la LRSAL que, además en estos aspectos, está recurrida en el Tribunal Constitucional y pendiente de resolución.
Otras reacciones
Las cartas de la Secretaría General de Coordinación Autonómica del MINHAP a los Ayuntamientos generaron de forma inmediata una cascada de reacciones en diversos ámbitos institucionales, tanto de ámbito municipal como autonómico. La Generalitat Valenciana, a través del Director General de Administración Local, Antoni Such, exigió al Ministerio que remitiera de forma urgente el listado de municipios valencianos a los que se les pide la disolución “automática” de empresas públicas locales y expresó su apoyo a los Ayuntamientos afectados. En esta Comunidad Autónoma, la Federación regional de municipios FVMP pidió una reunión con la Consejería para tratar el asunto nada más tener conocimiento de la llegada de las cartas a algunos de sus asociados.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) instó al Gobierno central en funciones a que “imponga el sentido común” y “frene de inmediato” el posible cierre de empresas públicas anunciado por el Ministerio. El Presidente de esta Federación, Fernando Rodríguez Villalobos, apuntó que la medida no tiene “autoridad ni apoyo parlamentario” y explicó que en entre estas empresas hay entidades que prestan servicios básicos, como transporte, abastecimiento y depuración de aguas, tratamiento de residuos o servicios sociales y de desarrollo rural.
En Asturias, municipios como Gijón o Mieres también reaccionaron alineándose con la postura de la FEMP. En ambos casos, sus respectivas empresas municipales de transporte urbano estarían amenazada por su cierre o disolución. Al igual que la localidad berciana de Ponferrada (León), en la que una de las empresas aludidas –sobre energías limpias ya está liquidada, y otra –de gestión urbanística- que, más allá de la propuesta de disolución, desde del Ministerio de Hacienda no se concreta la vía para su desaparición sin que ello suponga un serio quebranto para las arcas municipales, según explican desde el Consistorio.
A otros niveles también se han producido reacciones, como por ejemplo la de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras o del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que ha presentado una Proposición no de Ley para paralizar los procedimientos de disolución de empresas municipales, tal y como se plantea desde el MINHAP.
Extracto carta
