La FEMP, a instancias de su Comisión de Turismo, llevará a la próxima reunión del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) la propuesta de que se inste a la UE a que modifique la Directiva de Servicios de Comercio Electrónico, que es la legislación europea que afecta a este tipo de viviendas de uso.
La iniciativa está fundamentada en los problemas generados en los últimos años en la mayor parte de las ciudades turísticas por la irrupción en el mercado de una gran oferta de viviendas de alquiler de uso turístico, que funciona de manera descontrolada y que, en muchos casos, no está reglada o es ilegal.
El auge del comercio electrónico está detrás de este fenómeno, que cambia la configuración de las ciudades y que empieza a afectar a la sostenibilidad y la gobernanza de las mismas. Según los expertos y miembros de la Comisión de Turismo de la FEMP, provoca la saturación de visitantes y su repercusión en la gestión de servicios municipales y la transformación de amplias zonas, sobre todo los centros históricos, que ven desaparecer sus establecimientos tradicionales ahora convertidos en tiendas de souvenirs para turistas, bares, etc.
El encarecimiento del precio de las viviendas es otra consecuencia directa de este tipo de oferta, lo que provoca que los ciudadanos residentes tengan cada vez más dificultades para acceder a la vivienda en las ciudades.
Planeamiento urbanístico
La FEMP pretende con su iniciativa que las autoridades europeas se impliquen en este debate, partiendo del principio de que no habrá turismo eficiente y sostenible si las ciudades turísticas no aseguran la calidad de vida de los ciudadanos y si no se distribuyen los beneficios que genera el turismo a todos los habitantes de la ciudad.
El objetivo, por tanto, es evitar la saturación turística en determinadas zonas del territorio urbano, garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible a los residentes y asegurar la mezcla de usos como uno de los principios fundamentales del urbanismo.
El análisis realizado por el grupo de expertos de la Comisión de Turismo confirma que la situación de las diferentes ciudades no es homogénea y las posibles soluciones regulatorias no necesariamente parecen adecuadas para todas las ciudades. Cada ciudad deberá decidir la solución legal que mejor se adecúe a su realidad, en función del mayor o menor impacto turístico que soporta.
Desde la Comisión de Turismo se considera que el principal instrumento municipal para ordenar la convivencia ciudadano–turista y afrontar las externalidades, positivas y negativas del turismo, es el planeamiento urbanístico.
La regulación urbanística debería permitir establecer limitaciones de usos y/o zonas en las que no se puede ejercer la actividad para controlar la saturación de la oferta, garantizar la convivencia entre residentes y turistas, y garantizar el derecho del acceso a la vivienda de los residentes.
El objetivo de los municipios no es prohibir, sino limitar el alquiler de viviendas de uso turístico para que sea compatible con el uso residencial y permitirlo en las zonas de la ciudad menos saturadas (esponjamiento). Y el único recurso con el que cuentan los Ayuntamientos es el Plan Urbanístico y justificar las decisiones en base al interés general.
Coordinación y consenso, desde el liderazgo público
Dado que el problema tiene un alcance europeo, porque afecta a muchas ciudades, como Berlín, París, Ámsterdam, etc., el propósito de la FEMP es que haya una coordinación y un consenso entre las ciudades que permita impulsar las leyes necesarias para establecer una regulación desde el liderazgo público.
El debate ha puesto especial atención en la necesidad de enfatizar tanto en el derecho a la vivienda como la función social del derecho de la propiedad, reconocido en las Constituciones de los Estados miembros de la UE.
En los términos de la Directiva de Servicios se propone centrar el debate en la necesidad perentoria de establecer algunas restricciones y poner el énfasis en la necesidad de la buena convivencia ciudadano – turista y los medios “adecuados” para lograrlo.
España es actualmente el segundo país del mundo en llegada de turistas sólo por detrás de Francia, por ello es lógico que a nivel europeo se lidere un proceso de modificación normativa para que se produzcan los cambios necesarios también en la legislación de la Unión para regular la actividad de las plataformas que comercializan el alquiler de viviendas de uso turístico.