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El sector público local reduce un 18% sus entes instrumentales
Desde el año 2010 hasta diciembre de 2013 han desaparecido 1.016 organismos autónomos, consorcios, fundaciones y entidades empresariales en el ámbito local, al pasar de 5.713 en aquel año a 4.619 en diciembre de 2013. Una reducción de un 18% que nos sitúa en un nivel parecido al de 2000, según el informe anual de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) remitido al Consejo de Ministros el pasado mes de enero.
De acuerdo con los resultados, el 80% de las medidas previstas en el Informe CORA están ya en marcha y el 20% restante ya se han ejecutado.
En concreto han finalizado 44 de las 219 medidas propuestas (un 20,09%) y están en marcha las 175 restantes (un 79,91%). De ellas, 15 medidas están en la fase inicial de ejecución, 119 en fase media y 41 en periodo de implantación.
Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es al que más medidas afectan, 67. Le siguen Educación, Cultura y Deporte y Empleo y Seguridad Social, ambos con 20 medidas. Defensa, con una sola medida, y Exteriores y Cooperación, con 6, son los departamentos menos afectados. Pese a ello, el informe advierte de que algunas medidas implican a varios Ministerios: la implantación de un sistema de medidas de productividad y eficiencia; la potenciación de la planificación conjunta entre el la Administración General del Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas; la reestructuración del sector público empresarial; la racionalización del modelo administrativo de los observatorios, y la supresión de organismos con competencias duplicadas.
Por lo que se refiere a las Entidades Locales, el informe se remite a los acuerdos adoptados entre el Gobierno y las Entidades Locales (acuerdo marco de 7 de abril de 2010 sobre sostenibilidad de las finanzas públicas y el de reordenación y racionalización del sector público empresarial local, adoptado en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) de 25 de enero de 2012. Desde la adopción de esos acuerdos se ha producido una reducción de todo tipo de entidades institucionales (organismos autónomos, consorcios, fundaciones y entidades empresariales) que se ha acentuado de forma más intensa en 2013, dando como resultado la reducción anteriormente citada.
Los redactores del informe consideran que los efectos de estas medidas se verán incrementados con la entrada en vigor este año de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impide la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución.
219 medidas
La CORA viene trabajando desde octubre de 2012, fecha en que se creó por el Consejo de Ministros, en cuatro ámbitos principales:
El de las duplicidades administrativas, que tenía como fin identificar y eliminar duplicidades -principalmente las que se producen en los ámbitos de la AGE y las CCAA, porque las de las Entidades Locales estaban ya tratadas en el marco de la denominada reforma local-; el de la simplificación administrativa, que perseguía la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación de procedimientos en beneficio de los ciudadanos; el de gestión de servicios y medios comunes, que se ocupó de identificar las actividades de gestión que, por ser similares, pueden desempeñarse de forma centralizada o coordinada, aprovechando mejor los recursos públicos; y el ámbito de la administración institucional, que analizó la tipología de los entes que la componen, proponiendo modificaciones generales y actuaciones singulares sobre entidades concretas.
Para cada uno de estos ámbitos se constituyó una subcomisión desde donde se propusieron las medidas incluidas en la propuesta de la Comisión. El informe de 2013, como recoge el recuadro, muestra que de estas 219 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública; 120 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA. y dentro del Estado; 42 eliminan trabas administrativas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.
44 modificaciones normativas
La aplicación de las medidas incluidas en el CORA requería modificar y adaptar normativas en distintos grados. Desde junio de 2013, tal como señala el informe, se aprobaron 44 normas o acuerdos que afectan a las medidas. Algunas de ellas se refieren a mejoras en la gestión de la AGE, como las de coordinación entre Administraciones Públicas, el apoyo a emprendedores, empresas y ciudadanos, y otras afectan a normativas sectoriales (telecomunicaciones, sanidad, medio ambiente y educación y cultura).
En relación con las mejoras en la gestión para los ciudadanos, el informe recoge las medidas adoptadas relacionadas con la sanidad, el empleo y la seguridad social, las relaciones entre Administraciones Públicas, la economía, la evaluación ambiental, el dominio público hidráulico y el deporte.
Recoge igualmente las modificaciones relacionadas con las medidas de reestructuración del sector público administrativo, empresarial y fundacional, medidas que culminan con el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (ver pág. ).
Cerca de 500 millones de ahorro
El informe destaca el acuerdo para la reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación, que supondrán un ahorro de 478 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de junio pasado. También las medidas sobre imagen institucional, viajes y dietas, gestión de la tesorería, centralización de nóminas, parque móvil y mejora de la gestión inmobiliaria (los ingresos por enajenación de inmuebles en 2013 fueron de 123,6 millones de euros).
Finalmente, explica las medidas de desarrollo de la administración electrónica, entre las que se encuentran las destinadas a desarrollar los servicios personalizados por medios telemáticos, las actuaciones administrativas automatizadas o facilitar la firma electrónica, entre otras. Asimismo, anuncia un nuevo marco organizativo y de gobernanza para una gestión más eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación en la AGE.
En concreto han finalizado 44 de las 219 medidas propuestas (un 20,09%) y están en marcha las 175 restantes (un 79,91%). De ellas, 15 medidas están en la fase inicial de ejecución, 119 en fase media y 41 en periodo de implantación.
Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es al que más medidas afectan, 67. Le siguen Educación, Cultura y Deporte y Empleo y Seguridad Social, ambos con 20 medidas. Defensa, con una sola medida, y Exteriores y Cooperación, con 6, son los departamentos menos afectados. Pese a ello, el informe advierte de que algunas medidas implican a varios Ministerios: la implantación de un sistema de medidas de productividad y eficiencia; la potenciación de la planificación conjunta entre el la Administración General del Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas; la reestructuración del sector público empresarial; la racionalización del modelo administrativo de los observatorios, y la supresión de organismos con competencias duplicadas.
Por lo que se refiere a las Entidades Locales, el informe se remite a los acuerdos adoptados entre el Gobierno y las Entidades Locales (acuerdo marco de 7 de abril de 2010 sobre sostenibilidad de las finanzas públicas y el de reordenación y racionalización del sector público empresarial local, adoptado en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) de 25 de enero de 2012. Desde la adopción de esos acuerdos se ha producido una reducción de todo tipo de entidades institucionales (organismos autónomos, consorcios, fundaciones y entidades empresariales) que se ha acentuado de forma más intensa en 2013, dando como resultado la reducción anteriormente citada.
Los redactores del informe consideran que los efectos de estas medidas se verán incrementados con la entrada en vigor este año de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impide la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución.
219 medidas
La CORA viene trabajando desde octubre de 2012, fecha en que se creó por el Consejo de Ministros, en cuatro ámbitos principales:
El de las duplicidades administrativas, que tenía como fin identificar y eliminar duplicidades -principalmente las que se producen en los ámbitos de la AGE y las CCAA, porque las de las Entidades Locales estaban ya tratadas en el marco de la denominada reforma local-; el de la simplificación administrativa, que perseguía la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación de procedimientos en beneficio de los ciudadanos; el de gestión de servicios y medios comunes, que se ocupó de identificar las actividades de gestión que, por ser similares, pueden desempeñarse de forma centralizada o coordinada, aprovechando mejor los recursos públicos; y el ámbito de la administración institucional, que analizó la tipología de los entes que la componen, proponiendo modificaciones generales y actuaciones singulares sobre entidades concretas.
Para cada uno de estos ámbitos se constituyó una subcomisión desde donde se propusieron las medidas incluidas en la propuesta de la Comisión. El informe de 2013, como recoge el recuadro, muestra que de estas 219 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública; 120 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA. y dentro del Estado; 42 eliminan trabas administrativas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.
44 modificaciones normativas
La aplicación de las medidas incluidas en el CORA requería modificar y adaptar normativas en distintos grados. Desde junio de 2013, tal como señala el informe, se aprobaron 44 normas o acuerdos que afectan a las medidas. Algunas de ellas se refieren a mejoras en la gestión de la AGE, como las de coordinación entre Administraciones Públicas, el apoyo a emprendedores, empresas y ciudadanos, y otras afectan a normativas sectoriales (telecomunicaciones, sanidad, medio ambiente y educación y cultura).
En relación con las mejoras en la gestión para los ciudadanos, el informe recoge las medidas adoptadas relacionadas con la sanidad, el empleo y la seguridad social, las relaciones entre Administraciones Públicas, la economía, la evaluación ambiental, el dominio público hidráulico y el deporte.
Recoge igualmente las modificaciones relacionadas con las medidas de reestructuración del sector público administrativo, empresarial y fundacional, medidas que culminan con el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (ver pág. ).
Cerca de 500 millones de ahorro
El informe destaca el acuerdo para la reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación, que supondrán un ahorro de 478 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de junio pasado. También las medidas sobre imagen institucional, viajes y dietas, gestión de la tesorería, centralización de nóminas, parque móvil y mejora de la gestión inmobiliaria (los ingresos por enajenación de inmuebles en 2013 fueron de 123,6 millones de euros).
Finalmente, explica las medidas de desarrollo de la administración electrónica, entre las que se encuentran las destinadas a desarrollar los servicios personalizados por medios telemáticos, las actuaciones administrativas automatizadas o facilitar la firma electrónica, entre otras. Asimismo, anuncia un nuevo marco organizativo y de gobernanza para una gestión más eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación en la AGE.
